Los desafíos para el Gobierno en lo que será el segundo año del acuerdo con el FMI: la sequía y el gasto electoral

Las últimas horas del 2022 fueron marcadas, como sucedió de manera permanente en los últimos nueve meses, por el seguimiento de la marcha del acuerdo que el Gobierno nacional firmó con el Fondo Monetario Internacional en marzo y el cumplimiento de las metas monetarias y fiscales. El 2023 comenzará con la expectativa de continuar en esa senda, y pasar la primera instancia de discusión técnica en marzo sobre el próximo set de métricas a alcanzar.

Los objetivos del cuarto trimestre del año reflejaron las idas y vueltas que experimentó el programa financiero rubricado con el organismo a lo largo de los nueve meses siguientes, en el que las dos partes tuvieron que acordar un cambio fundamental en el esquema de metas para ayudar a su cumplimiento y que nació en un contexto de fuerte incertidumbre internacional por la invasión de Rusia a Ucrania, lo que puso en cuestionamiento los fundamentos de la hoja de ruta acordada desde bien temprano.

El Gobierno deberá reducir en 2023 el déficit fiscal primario desde 2,5% del PBI con el que habría terminado 2022 hasta 1,9% del PBI, con un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI y una meta de acumulación de reservas en el Banco Central de USD 4.800 millones.

El FMI planteó ya algunas preocupaciones sobre el año que comienza. La sequía, en ese sentido, aparece como uno de los riesgos centrales que identifica el organismo. “La intensificación de la sequía en curso podría reducir las exportaciones agrícolas y las entradas de divisas, avivando la inflación y poniendo en peligro los objetivos del programa. Los riesgos de implementación del programa siguen siendo elevados dada la muy compleja situación económica, social y política interna”, mencionó en su último staff report.

La consecuencia central que tendría la sequía sería la de reducir el flujo de ingreso de divisas netas a las reservas, lo que dispararía, según la hipótesis del Fondo, distintas consecuencias en la macro. “La planificación de contingencias y el ajuste ágil de políticas, incluido un mayor endurecimiento de las políticas si se materializan los riesgos, serán fundamentales para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Los esfuerzos serán esenciales para mantener un amplio apoyo político para el programa y su estrategia de financiamiento”, apuntó el equipo técnico del Fondo.

Respecto a la dinámica política de 2023, año de elecciones presidenciales, el Fondo Monetario resaltó que “los riesgos de implementación del programa siguen siendo elevados dada la muy compleja situación económica, social y política interna. El descontento social podría escalar aún más, debilitando el apoyo político al programa y provocando desviaciones de las políticas y medidas intervencionistas, especialmente antes de las elecciones. La planificación de contingencias y la formulación ágil de políticas seguirán siendo esenciales para ayudar a cumplir los objetivos del programa, y es posible que sea necesario endurecer aún más las políticas en caso de que se materialicen los riesgos”.

Y agregó el informe del staff: “Sigue siendo esencial un amplio apoyo político para el programa, especialmente a medida que se acercan las elecciones”.

La hoja de ruta que propuso el Gobierno y aprobó el directorio del Fondo en octubre implica que en el primer trimestre del 2023 el BCRA debería sumar USD 500 millones, mientras que el mínimo de acopio de divisas para el tramo abril-junio, por cuestiones estacionales es el momento de mayor liquidación de exportaciones agrarias, ascendería a nada menos que USD 3.100 millones netos. Ya para el tercer y cuarto trimestre el objetivo de acumulación sería de USD 100 y USD 900 millones, respectivamente.

La relación con el FMI, más allá de los tironeos técnicos que siempre tienen lugar puertas adentro y que versan sobre de qué manera el staff del organismo puede asegurarse de que el Gobierno cumpla con el universo de objetivos mensurables plasmados en la letra chica del acuerdo, estuvo signada por un apoyo político al Poder Ejecutivo incluso más allá del traumático recambio de autoridades en el Ministerio de Economía a mitad de año, que vio a tres ministros en un lapso de un mes, y que obligó a un cambio forzado de interlocutores en esa discusión técnica.

El propio Fondo Monetario también atravesó su propio recambio de autoridades, en un proceso que había ya comenzado tras el fallido programa Stand By firmado por Mauricio Macri en 2018 y que le costó el puesto a la entonces directora gerente Christine Lagarde, entre otros altos funcionarios del organismo.

Así, por ejemplo, la supervisión del caso argentino, que empezó el año a cargo del brasileño Ilan Goldfajn terminó al frente interinamente Nigel Chalk.

Julie Kozack, otra de los altos mandos durante la negociación con Martín Guzmán, también dejó de ser parte de la mesa chica que analiza el Extended Fund Facility (EFF) firmado en marzo.

El conflicto armado en Ucrania obligó bien desde iniciado el programa con el FMI a recalcular sus números, ya que la invasión rusa hizo saltar algunos de los precios internacionales de las materias primas clave para la economía argentina, como energía y alimentos. De esa manera, la situación global trastocó todas las proyecciones de uso de reservas para importaciones, de subsidios energéticos y de inflación.

La meta de acumulación de reservas, que apareció a lo largo del año como la más crítica, tuvo que ser cambiada en sus pautas trimestrales para favorecer la posibilidad de cumplimiento. Incluso también el objetivo anual fue modificado, y pasó de unas USD 5.800 millones de reservas netas nuevas hasta USD 5.000 millones. Como “compensación”, la exigencia para 2023 fue elevada de manera tal de mantener como proyección para los dos primeros años del acuerdo que el BCRA pueda haber acopiado unos USD 9.800 millones en sus arcas.

Hacia fin de 2022, esa situación crítica internacional instaló un debate en la mesa técnica con el Fondo Monetario, propiciada por el ministro Sergio Massa, sobre cuál fue para la Argentina el costo fiscal y de reservas que tuvo la guerra y cómo esa variable podría “formar parte” de la discusión sobre el desarrollo del programa con el FMI.

En algunos despachos oficiales se esperanzan con que esas cifras (USD 5.000 millones de reservas y $560.000 millones en términos de gasto público) puedan implicar o bien una modificación de las metas a futuro o financiamiento neto nuevo, aunque en el organismo son menos taxativos para responderlo.

El ministro de Economía Sergio Massa planteó que el número neto quedaría a fin de diciembre en los USD 7.000 millones por la aceleración de liquidación del agro por el dólar soja 2 y un swap con China que otorgará una porción para libre disponibilidad.

Por su parte, el techo nominal de déficit que acordaron la Casa Rosada y el Fondo Monetario es de $2,02 billones (equivalente a 2,5% del PBI), por lo que el margen para ensanchar el rojo fiscal para el último mes del año rondó los $562.000 millones tras el resultado fiscal de noviembre.

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