Acuerdos de precios: cómo funcionaron en 2022 y por qué tienen un impacto acotado para contener la inflación

Durante el año, con una inflación que se estima roce el 100% entre extremos, pasaron cuatro funcionarios por la Secretaría de Comercio e implementaron diferentes versiones de acuerdos de precios.

El primer convenio se lanzó en enero, por cuatro meses, y con una canasta de unos 1.300 productos. El último fue Precios Justos, vigente desde noviembre con más de 1.700, pero con una novedad: tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados.

¿Tuvieron algún impacto estos acuerdos? La alta inflación mensual registrada en el año, que se disparó con picos de 6,7% en marzo y 7,4% en julio, demuestran un efecto muy acotado. “Los sistemas de control de precios están estrictamente en el grupo de medidas de corto plazo. Pueden ser eficaces para contener pocos precios por poco tiempo, pero jamás muchos por un tiempo indefinido”, dijo a Infobae el economista Pablo Besmedrisnik, director de la consultora Invenómica.

En los últimos años hubo una larga lista de controles de precios y sus respectivas renovaciones. A principios de 2022, con Roberto Feletti como secretario de Comercio, el Gobierno lanzó un programa de Precios Cuidados que incluía una canasta de nos 1.300 productos, casi el triple del plan previo que se había implementado de octubre de 2021. El resultado: 7,5% de inflación de alimentos en febrero de 2022 y 7,2% al mes siguiente, en un contexto de aumento de precios internacionales por el impacto de la guerra en Ucrania.

“Eventualmente la renovación de los programas puede generar expectativas nuevas, instrumentos de control más sofisticados, avances sobre la cadena de proveedores y, finalmente, generar impactos sobre la canasta de consumo. Consecuentemente puede ayudar, para lapsos cortos, a evitar que aumenten los índices de indigencia. Pero los mecanismos se terminan bastardeando y desgastando, y los efectos terminan siendo efímeros”, dijo Besmedrisnik.

“La política de control de precios puede ser un instrumento interesante que complemente, que acompañe en una etapa inicial a una política anti inflacionaria integral, pero jamás se puede constituir en un pilar central. En la medida que las políticas centrales para atacar la inflación, como lo son la fiscal y la monetaria, no se sostengan, los controles de precios generan desequilibrios insostenibles que tarde o temprano se terminan ajustando”, agregó el economista.

Este año pasaron por la Secretaría de Comercio Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera, actualmente a cargo de Matías Tombolini. En total, se firmaron con las empresas tres acuerdos que fueron prorrogados, y también con comercios de cercanía para cortes de carne, frutas y verduras, fideicomiso del trigo y del aceite, para la indumentaria y calzado, combustibles, insumos productivos, entre otros.

“Las crisis de desconfianza y financiera provocaron una aceleración de la inflación a lo largo del año, que pasó de un ritmo de 4% mensual (60% anual) a uno de 6% mensual (100% anual). En este contexto, con las expectativas desancladas, los efectos de los programas de precios han sido dispares. En particular, la advertencia del presidente en marzo, de ir a la ‘guerra contra la inflación’ fue la que provocó el primer cimbronazo, donde los empresarios tomaron medidas precautorias ante la expectativa de un congelamiento de precios”, destacó a Infobae Sebastián Menescaldi, socio de la consultora EcoGo.

“Luego, tuvimos que enfrentar otro pico en los precios, tras el cierre del acceso al mercado cambiario para los importadores y la salida de el ex ministro de Economía Martín Guzmán, que ha persistido hasta noviembre pasado. Ahora se ha instaurado un nuevo programa, que tiene la particularidad que no solo congela una canasta de bienes sino que también limita las subas del resto de los productos. De manera inicial la medida ha permitido reducir la incidencia de la inflación, pero habrá que ver que pasa de manera posterior dado que el cumplimiento empresarial está atado con el acceso al mercado único y libre de cambio (MULC), cosa que luce difícil de cumplir por la caída esperada de la oferta de divisas”, agregó el economista.

Una de las críticas a los programas de precios que se implementaron este año es que solo funcionan en las grandes cadenas y generan una brecha de precios con los comercios de cercanía, más pequeños, que no tienen un acceso directo a los proveedores sino que se abastecen en los supermercados mayoristas. Además, la alta inflación hizo que los precios quedaran rápidamente desfasados frente al resto y se produzcan faltantes en las góndolas.

La consultora Scentia, especializada en consumo masivo, hizo una comparación entre una canasta de productos y sus precios en supermercados y autoservicios: esa brecha se ubicó en 25% pero según advirtieron el programa de Precios Justos puede hacer que ese porcentaje sea aun más alto.

En noviembre último, por ejemplo, las ventas de consumo masivo (alimentos, bebidas, higiene y limpieza) tuvieron un desempeño positivo de 0,7%. Sin embargo, mientras en las grandes cadenas de supermercados hubo un crecimiento de 5,1%, en los autoservicios retrocedió un 3,1 por ciento.

“Si la ecuación de los agentes económicos no cierra por tener presión de costos y al mismo tiempo un límite a los precios, finalmente se produce el ajuste vía cantidad, con faltantes, o vía elusión con alternativas de artículos nuevos. Los empresarios naturalmente no venderán a pérdida”, resaltó Besmedrisnik.

“El solapamiento de control de precios gubernamentales con promociones bancarias y de los mismos supermercados termina generando un efecto confusión sobre los consumidores. El mercado de bienes de consumo termina siendo poco transparente, dificultándole al consumidor la posibilidad de tomar decisiones de compra correctas”, agregó el economista de Invenómica.

Con todo, los especialistas son cautos con respecto al nuevo acuerdo de Precios Justos, que incluyó tope de aumentos para todos los productos que se venden en los supermercados y que impactaron en la baja de la inflación mensual de octubre (6,3%) a noviembre (4,9 por ciento).

“No se puede aseverar que los resultados últimos de la inflación que muestran una baja en relación a meses previos constituyan una tendencia definida. Hay atenuantes importantes, como la continuidad en el retraso de los precios regulados y el hecho de que en la evolución del nivel de precios de noviembre impacta la estacionalidad de ciertos productos que típicamente muestran caídas en esta etapa del año”, remarcó Pablo Besmedrisnik.

“Para tener una idea de esta última cuestión, en noviembre los precios de los productos estacionales crecieron 0,8 puntos porcentuales menos que la inflación total, cuando en los cinco meses previos los precios de los estacionales habían crecido 3 puntos porcentuales en promedio más que el nivel general. En síntesis, no hay que apresurarse con las conclusiones sobre las bondades de este nuevo mecanismo de control de precios”, anticipó el consultor de empresas.

Y agregó que una caída sostenida del nivel de precios requiere que se afiancen los signos de austeridad que se están observando en la política monetaria y en la fiscal. “Los agregados monetarios y el gasto primario están creciendo por debajo de la inflación, lo que implica una contracción real de la oferta de dinero y del gasto del Estado. Habrá que seguir con detenimiento la evolución de estas variables, teniendo en cuenta que diciembre es tradicionalmente un mes con mayor emisión monetaria y más presión desde el lado del gasto fiscal, la fragilidad macro imperante y el hecho de que nos adentramos en un año electoral”.

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