Aportes jubilatorios, blanqueo y coparticipación: la agenda económica que llega al Congreso en enero

El Poder Ejecutivo terminó de definir en las últimas horas cuál será el paquete de leyes económicas que enviará al Congreso para las sesiones extraordinarias de enero y que incluyen iniciativas como un plan de pagos para jubilaciones sin aportes, el blanqueo de capitales, el paquete de suba de impuestos para compensar al Tesoro por los fondos que debería empezar a enviar a la Ciudad como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación y el texto que crea un monotributo para exportadores de servicios y gamers.

En el Gobierno estiman que la actividad parlamentaria fuerte se retomará en la segunda quincena de enero y que habrá en esa etapa una serie de iniciativas de cuna en en el equipo económico, que incluye media docena de iniciativas que van desde un plan de continuidad para que personas mayores en edad jubilatoria puedan ingresar en la vida pasiva aún sin contar con la totalidad de los aportes, algo que consideran un plan de pagos y no una moratoria, que por definición suele ser más amplia y más generosa para el contribuyente. Se trata, en rigor, de un proyecto que surgió del Senado y que tiene media sanción de esa cámara y que todavía no fue discutido en Diputados.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, tendrá la misión de juntar las voluntades necesarias para que los proyectos de ley puedan atravesar la Cámara baja y buscará abrir algún canal de diálogo con el resto de los bloques para que la discusión con la oposición haga llegar a buen puerto el paquete oficial.

Existe una moratoria jubilatoria vigente que finaliza con el último día del 2022, por lo que en caso de que el Congreso no pudiera sancionar ese proyecto, en el Poder Ejecutivo estiman que unas 800 mil personas perderán la posibilidad de sumarse a un plan de pago por no contar con los aportes totales para jubilarse. Y se trata de un universo amplio: de acuerdo a datos de Anses, solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones completan la totalidad de contribuciones necesarias ante el fisco. De hecho, en promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes.

Tal como contó Infobae, el proyecto de ley prevé que puedan cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calculará por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP): cada mes adeudado equivale al 29% de la remuneración mínima imponible, unos $4.900 a diciembre de este año.

La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.

El proyecto llevará como nombre “Exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”. Creará un régimen especial de “Declaración Voluntaria” de ahorros no declarados que alcanzará a personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incluidas las modificaciones dispuestas en diciembre de 2019.

El blanqueo abarcará las tenencias en moneda nacional o extrajera, tanto en el país como en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles y otros bienes situados en el país y en el exterior, incluyendo créditos vigentes.

La recaudación total tiene como asignación prevista un 20% a un “Fondo específico” para pago de la deuda con el FMI, otro 20% será para subsidios a las Mipyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y un 40% a programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.

En el Poder Ejecutivo no arriesgan una cifra potencial de recaudación por la vía del blanqueo. Una posibilidad que suena con fuerza es la de crear alguna suerte de “premio” para contribuyentes cumplidores, aunque no está aún establecido cómo funcionaría ese mecanismo.

Una iniciativa parlamentaria que terminará de diseñar en las próximas horas el Ejecutivo es el que buscará compensar a las cuentas públicas por la nueva obligación de transferir a la Ciudad de Buenos Aires una tajada mayor de la coparticipación tras el fallo de la Corte Suprema, que decidió devolver parte del porcentaje de reparto federal de recursos.

De acuerdo a estimaciones que circulan en los despachos oficiales, el Tesoro necesitará unos $200.000 millones para compensar el nuevo flujo de fondos que ahora deberán direccionarse hacia las arcas porteñas. La iniciativa en la que piensa el Gobierno incluye una suba recaudatoria a través de dos impuestos: un incremento en el tributo que paga el juego online y la posibilidad, también, de extender a todo el país un gravamen vía Ingresos Brutos que la Ciudad -y otras jurisdicciones- cobran a los bancos por los intereses que cobran por su tenencia de Leliq del Banco Central.

Para el caso del impuesto al juego online, la idea del Ejecutivo es incrementar las alícuotas actuales, que van desde un rango de 2,5% para operadores residentes en el país y se extiende hasta el 15% para los residentes en países de baja o nula tributación.

La administración porteña había implementado una alícuota del 8% de Ingresos Brutos en las intereses que cobraran las entidades financieras por contar con las letras del Banco Central, como parte de un paquete de medidas para compesar el recorte de coparticipación que decidió la Casa Rosada a mediados de 2020 para incrementar la tajada hacia la Provincia de Buenos Aires.

Otro proyecto en gateras para ser enviado al Congreso es el de una nueva figura tributaria, la del monotributo tech, una iniciativa que cerca de Sergio Massa encuadran dentro del paquete de alivio fiscal y que apunta a que exportadores de servicios y gamers puedan facturar al exterior y contar con sus divisas sin necesidad de liquidarlas en el mercado oficial.

Ese nuevo régimen estaría dirigido a profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento (SBC) al exterior y también a gamers, es decir, a personas que participen en competencias de e-sports a nivel profesional y que cobren una remuneración por esa actividad.

El rango de profesionales que podría quedar incluido en un esquema de monotributo como el que espera poder aprobar el oficialismo en el Congreso es amplio, ya que iría desde los programadores hasta otros que no están relacionados de forma tan directa con la tecnología, como artistas o guionistas que tienen clientes en el exterior. Con el monotributo tech podrían así enviar sus facturas a su empleados o clientes en el exterior.

El nuevo esquema de régimen simplificado de impuestos para exportadores de servicios tendrá tres categorías. La primera incluirá aquellos contribuyentes que exporten por hasta USD 10.000 anuales (unos USD 833 por mes, que equivale a $275.000 a precio del dólar MEP con cotización de este lunes).

La categoría 2 contemplará a quienes facturen hasta USD 20.000 por año (1.666 dólares por mes, lo que en pesos a valor MEP significaría poco más de $550.000). Por último, la categoría más alta será la que tenga habilitada hasta una facturación anual de USD 30.000, es decir 2.500 dólares por mes o $827.000 a precio MEP.

El Poder Ejecutivo buscará un marco regulatorio para el desarrollo, en un futuro, de GNL y de hidrógeno como fuentes de energía y que incluiría un programa de estabilidad fiscal con un horizonte de treinta años y reglas para las inversiones en ese sector.

El gas natural licuado es gas natural procesado y transformado a estado líquido. En ese estado el GNL puede ser transportado en barcos o en camiones cisterna, lo que lo convierte en un fluido exportable. La licuefacción se realiza en plantas industriales de alta complejidad, ubicadas en los países productores de gas natural y se obtiene enfriando el gas natural a -162ºC a presión atmosférica.

El GNL se carga en barcos con destino a los países en los que está previsto su consumo, donde se realiza el proceso inverso, es decir la regasificación, que devuelve el GNL a su estado gaseoso para su posterior distribución a través de gasoductos.

El Gobierno había anunciado en septiembre un acuerdo de inversión de la empresa malaya Petronas para desarrollar GNL en la Argentina, un proyecto que incluiría en sociedad con YPF una inversión conjunta a largo plazo calculada en unos USD 40.000 millones para acelerar la exportación de gas producido en Vaca Muerta y la fabricación de una planta para exportar GNL.

En paralelo, también enviará el Ejecutivo una ley para establecer un marco de estabilidad fiscal para las inversiones en hidrógeno, algo que fue anunciado en noviembre por Massa en un acto en Río Negro, la provincia en la que tendrá lugar la inversión de la minera australiana Fortescue para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que requerirá una inversión de 8.400 millones de dólares hasta 2028.

Se trata de un proyecto marinado durante meses, antes de la llegada de Massa al Ministerio de Economía y que pasó por distintas instancias de discusión, principalmente el Consejo Agroindustrial que conformó el Poder Ejecutivo con entidades sectoriales.

La iniciativa llevaría como nombre “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable” y tiene como objetivo el desarrollo de la cadena sectorial con la promoción de inversiones, la creación de 700.000 puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnología.

En el Gobierno leen que el campo seguirá siendo en los próximos años uno de los motores de llegada de divisas al país y que para eso necesitará un marco fiscal que incentive una actividad mayor y más exportaciones.

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