El Gobierno apunta a cumplir una de las metas a las que el Fondo Monetario presta especial atención y que está relacionada a la ejecución de las partidas presupuestarias y al atraso en los pagos que hace el sector público hacia proveedores y dentro de su propia estructura. En noviembre el Ministerio de Economía redujo el stock de deuda flotante y busca allanar el camino para cumplir el objetivo de fin de año que plantea el acuerdo con el FMI.
Se trata de una de las metas “paralelas” que forman parte del Extended Fund Facility (EFF) con el organismo aunque no son la columna vertebral del programa, como lo pueden ser el techo al déficit primario, la acumulación de reservas en el Banco Central o el tope a la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Son otro grupo de objetivos que no necesitan waiver (dispensa) en caso de no haber sido alcanzados.
La mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias
Según los últimos números de la Tesorería a los que Infobae tuvo acceso, en noviembre el stock de deuda flotante ascendió hasta poco más de $602.000 millones, lo que implica un monto menor a los $680.000 millones que había registrado en octubre, lo que refleja una aceleración en el ritmo de pagos para reducir el nivel de atraso.
El stock de deuda flotante tuvo, de todas formas, picos y frenos a lo largo del año. El FMI calculó que a fines de junio la deuda flotante había ascendido hasta unos $800.000 millones y que desde ese momento hasta mediados de septiembre ese número cayó hasta unos $530.000 millones, más en línea con el techo para este ítem previsto en el acuerdo, que a fines de septiembre fue de $654.000 millones y que se mantuvo con esa misma cifra para el corte de metas de fines de diciembre.
En septiembre los atrasos habían sumado $841.000 millones, pero no implicó un incumplimiento de la meta: la lectura no es lineal, ya que esa cifra incluye algunos gastos que no son tomados en cuenta en la revisión del FMI. Sin ir más lejos, la última revisión de staff del Fondo Monetario estimó que a fines del tercer trimestre la meta fue alcanzada ya que la deuda flotante fue de $589.000 millones.
Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.
“Es un esfuerzo muy importante, teniendo en cuenta que el déficit promedio de diciembre de los últimos cinco años fue de 0,92% del PIB” (Argañaráz)
Según la definición de la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.
Ese organismo también planteó que “las metas cuantitativas sobre los atrasos en los pagos de gastos incluidas en el programa de Facilidades Extendidas acordado con el FMI están definidas sobre la diferencia entre el gasto primario devengado y el pagado base caja, que incluye gasto en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias y transferencias figurativas, pero no considera los servicios de la deuda, los incrementos de activos financieros ni otros gastos”.
El Gobierno prepara el terreno para alcanzar además la meta fiscal. El Ejecutivo acumuló en los primeros once meses del año un rojo de 1,4 billones de pesos, lo que deja como margen de aumento en el desequilibrio de las cuentas públicas para diciembre de poco más de $560.000 millones.
“Históricamente diciembre suele ser el mes con mayor déficit del año. Tomando los últimos 6 años, el promedio fue de un déficit primario de 0,92% del PBI” (Agis)
Una estimación del economista Nadín Argañaraz asegura que con los primeros once meses del año el déficit primario acumulado es de 1,78% del PBI, con lo cual el margen para ensanchar el rojo fiscal es de 0,72% para no desviarse de la meta de techo fiscal acordada con el Fondo. “Es un esfuerzo muy importante, teniendo en cuenta que el déficit promedio de diciembre de los últimos cinco años fue de 0,92% del PIB”, estimó.
En tanto, un informe de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, había hecho un cálculo similar. “Históricamente diciembre suele ser el mes con mayor déficit del año. Tomando los últimos 6 años, el promedio fue de un déficit primario de 0,92% del PBI. El dólar soja 2 podría ayudar a achicar el déficit de diciembre gracias al incremento de la recaudación por derechos de exportación”.
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