Semana clave para la economía: empieza a definirse en términos prácticos el conflicto institucional por los fondos para la Ciudad de Buenos Aires

El conflicto político-institucional desatado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que la Nación restituya a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fondos que le quitó desde septiembre de 2020, y que el presidente Alberto Fernández dijo que no acatará, empezará a dirimirse en los hechos este lunes, en que el Banco Nación debería empezar a transferir al gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta el 2,95% de la recaudación coparticipable que recibe de la AFIP, pero sin afectar los fondos a las 23 provincias del país.

El fallo de la Corte, que no se expidió sobre la cuestión de fondo, ordenó que “durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548″ y especificó que esos envíos deben hacerse “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Luego de conocer el fallo, el presidente convocó a 14 gobernadores, que apoyaron su postura y que se consideraron afectados por el fallo de la Corte (aunque este dice específicamente que las transferencias a esos distritos deben seguir invariados), que el Ejecutivo consideró además consideró “de imposible cumplimiento”, además de pedir la recusación “in extremis” de los magistrados del máximo Tribunal, una medida con nulas posibilidades de avanzar.

El Ejecutivo, sin embargo, ya evalúa medidas para evitar que el conflicto escale, para lo cual –como ayer informó Infobae- trabaja en un proyecto para que los recursos extra a transferir al distrito porteño, estimados en unos $110.000 millones a lo largo de 2023, surjan de un impuesto al juego o del mantenimiento del gravamen sobre las Leliq que dispuso la administración de Rodríguez Larreta cuando el gobierno nacional redujo los fondos que le enviaba, primero a través del decreto 735, del 9 de septiembre de 2020, que redujo la alícuota de fondos coparticipables para CABA del 3,5 a 2,32%, luego reducida a 1,4% con la sanción de la ley 27.606 sancionada por la mayoría oficialista en el Congreso. Los fondos detraídos al distrito porteño fueron transferidos casi íntegramente a la gobernación bonaerense de Axel Kicillof, que pudo así sofocar una rebelión policial, y permitieron la creación de un Fondo Fiduciario a favor de la administración kicillofista.

El proyecto tributario en el que trabaja Economía consistiría en mantener la alícuota del 8% (antes era del 2,85%) del tributo sobre los intereses de las Leliq que dispuso Rodríguez Larreta cuando sufrió el recorte. Además, el alcalde porteño empezó entonces a cobrar un 1,2% de sellos sobre las tarjetas de crédito emitidas en el distrito y cuando se conoció el fallo de la Corte dijo que revertiría ambas decisiones. La otra opción, también anticipada por Infobae, es un impuesto adicional al juego, sobre el que no hay todavía precisiones. Fuera de consideración está retirarle fondos a la provincia, principal bastión electoral del oficialismo.

En cualquier caso, la dificultad es política: tratándose de cuestiones tributarias el proyecto, cualquiera sea, debería entrar por la Cámara de Diputados, donde la confrontación escaló a niveles inéditos a raíz de las disputas por la designación de los legisladores que deben integrar el Consejo de la Magistratura. De hecho, como también anticipó Infobae, el Congreso quedaría paralizado hasta marzo del año próximo.

Mientras tanto, el Gobierno buscará cubrirse de las denuncias judiciales que ya se iniciaron a raíz de las declaraciones presidenciales de que no acatará lo dispuesto por el Máximo Tribunal. Para cubrirse de la acusación de desacato e incumplimiento de deberes de funcionario público, presentaría una apelación de carácter suspensivo y al mismo tiempo abriría una cuenta comitente en el Banco Nación, señalando así que estaría dispuesto a cumplir una sentencia definitiva de la Corte Suprema.

Economía, en tanto, busca mantenerse fuera de la línea de fuego, incluso respecto de las decisiones que a partir de hoy tomará el Banco Nación, encabezado por Silvina Batakis, breve antecesora de Sergio Massa en el ministerio de Economía, exsecretaria de Relaciones con las Provincias del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en la gestión bonaerense de Daniel Scioli. Batakis, además, concurrió a varias audiencias de conciliación y negociación entre Nación y CABA en las que la Corte Suprema intentó, sin éxito, zanjar la disputa.

¿Cuál es la orden de Economía, a través de Hacienda?, preguntó Infobae, a lo que desde la cartera económica responden con una verónica: “eso funciona de una cuenta recaudadora de la AFIP a una cuenta distribuidora del Banco Nación; solo cambia cuando media un decreto, una ley o un embargo”.

El conflicto político e institucional ciertamente no ayuda a la gestión de Massa, que se apresta a cerrar el año cumpliendo con todas las metas del acuerdo con el FMI, incluyendo la más difícil, la de acumulación de reservas en el Banco Central, gracias a la aplicación de la segunda versión del “dólar soja”. Esa buena noticia, sin embargo, no impidió que en las últimas jornadas de la semana el dólar “blue” aumentara de $325 a 340, metiéndole ruido al mercado cambiario y a las expectativas.

Economía no dirá de ningún modo que está en desacuerdo con la decisión del presidente, pero desde el punto de vista presupuestario-financiero el fallo de la Corte dista de ser de “cumplimiento imposible”, como argumentó el presidente respaldado por los gobernadores peronistas, excepto el cordobés Juan Schiaretti y el santafecino Omar Perotti, que gobiernan el segundo y tercer distrito más grandes del país.

Los $110.000 millones extra que, en un cálculo anual, empezaría a recibir nuevamente el distrito porteño son una pitanza comparados con las cifras de recaudación coparticipable y con los márgenes que la Nación tiene en el manejo del Presupuesto.

Como también adelantó Infobae, en base a un informe de la consultora Aerarium (en latín, Erario), en los primeros once meses de 2022 el mismo gobierno transfirió a la provincia de Buenos Aires más de $500.000 millones en exceso de lo presupuestado, la mitad mediante transferencias automáticas derivadas de una mayor recaudación (efecto combinado de inflación y el nivel de actividad económica) y la otra mitad en concepto de fondos discrecionales, asignados con arbitrio político.

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