El proyecto de blanqueo de capitales elaborado por el ministerio de Economía establece condiciones sumamente favorables para los que quieran adherirse.
Aquellos que decidan exteriorizar activos hasta el 31 de marzo pagarán una alícuota de apenas 2,5% sobre ese monto exteriorizado. En el caso de cuentas en el exterior, si deciden repatriar los fondos se mantendrá ese nivel y se los mantienen fuera del país se aplicará el doble de alícuota, es decir 5 por ciento.
Así lo establece el régimen especial denominado “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado”, que Sergio Massa presentará en la jornada de hoy para su tratamiento en el Congreso.
El nuevo blanqueo será mucho más barato que el ofrecido por Mauricio Macri hace cinco años
El ministro de Economía cumple así con lo establecido en el acuerdo de intercambio de información tributaria que el Gobierno firmó con Estados Unidos. Allí se establecía una nueva posibilidad para que los inversores pudieran exteriorizar activos no declarados, justo antes de que el esquema entre plenamente en vigencia.
Además, habrá un régimen simplificado para que pequeños y medianos inversores puedan exteriorizar activos no declarados, cuando el monto máximo no supere los 50.000 dólares. En este caso la alícuota será de solo 1,5 por ciento. Para ingresar en este régimen simplemente habrá que presentar una declaración jurada informativa. Podría tratarse de un esquema ideal para gente que necesita comprar un bien pero no tiene fondos suficientes, por ejemplo para un auto o un departamento. Con este esquema de exteriorización podrían conseguir los recursos que precisan desde el punto e vista tributario.
Se establece, por otra parte, un esquema que brinda más beneficios a quienes se adhieran en forma temprana. La mejor parte es para los que declaren hasta el 31 de marzo. En cambio, la alícuota para los que exterioricen activos no declarados a partir de 1 de abril hasta el 30 de junio será de 5%, que aumentará al 10% cuando los fondos permanezcan en el exterior. Y sube otro escalón hasta el 7,5% si la exteriorización de activos tiene lugar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre próximo (sin repatriación aumenta al 15%).
La “zanahoria” del blanqueo es que resulta muy barato, teniendo en cuenta que el llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri establecía una alícuota del 10% para quienes decidieran exteriorizar.
Si la exteriorización es con activos del país o son repatriados, entonces la alícuota es de 2,5%. Aumenta al doble si los bienes quedan en el exterior. Pero al tipo de cambio oficial las multas efectivas se reducen a la mitad
Ahora se descuenta que los inversores estarán mucho más reacios a aceptar la “invitación”, sobre todo luego del aumento de la alícuota de Bienes Personales hasta 2,25% anual, cuando inicialmente el gobierno macrista había planteado una posible reducción hasta 0,25 por ciento. Además, el propio kirchnerismo aplicó el denominado impuesto a las grandes fortunas para conseguir recursos que permitieran aliviar los efectos de la pandemia.
Pero además de tratarse de una alícuota muy reducida, hay otro aspecto que jugará a favor de quienes estén pensando en blanquear. Al tomarse el tipo de cambio oficial, la multa en dólares baja sustancialmente, casi a la mitad. Esto sucede porque se supone que el pago de la alícuota correspondiente hay que efectuarla en pesos, lo que permita ganar la brecha de $170 hasta $340, último valor del dólar libre.
La alícuota para los que exterioricen activos no declarados a partir de 1 de abril hasta el 30 de junio será de 5%, que aumentará al 10% cuando los fondos permanezcan en el exterior
Al tomar la brecha cambiaria, implica que el costo real del blanqueo sería inferior a 1,3% para los que ingresen en la “fase temprana” y de 2,6% para los que decidan dejar sus activos en el exterior.
Según el texto al que tuvo acceso Infobae, se aceptará para la exteriorización de activos tanto las cuentas no declaradas, como también inmuebles.
También se aclaró que los sujetos que ingresen al blanqueo “serán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por lo bienes declarados”.
Por otra parte se dispone que los funcionarios públicos que hubieran desempeñado cargos desde el 2010, por lo que no podrían ingresar aquellos que trabajaron en las administraciones de los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández.
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