El fallo de la Corte Suprema que devuelve al gobierno de la Ciudad los fondos recortados de la Coparticipación tendrá consecuencias de impacto directo en la gestión económica a nivel nacional. Y no sólo el gobierno de la Ciudad resultó favorecido sino que también los bancos se convertirán en los grandes ganadores de la decisión del máximo tribunal.
Es que, en virtud de la decisión de la Corte, el gobierno porteño anunció, además de la eliminación del impuesto a los Sellos sobre los saldos de las tarjetas de crédito, la reducción del gravamen que pesa sobre los intereses que perciben las entidades financieras por colocar su liquidez en instrumentos de deuda del Banco Central, las célebres Leliq.
Por ambos conceptos, la Ciudad recauda hoy unos $120.000 millones anuales, de los cuales menos de $25.000 millones corresponden al impuesto a las tarjetas. Es decir que el sistema financiero deja de pagar unos $60.000 millones, cifra que varía en función de la suba o baja de la tasa de interés que define el Banco Central. Esto significa que ingresos tributarios de la Nación aumentaron en la medida que el directorio de la autoridad monetaria dispuso progresivamente una suba de tasas, que pasó de 49% anual en junio al 75% que reciben hoy los bancos por su tenencia en Leliqs.
Sobre esos intereses devengados es que pesa una alícuota de 8% en concepto de Ingresos Brutos. El jefe de Gobierno porteño, quien al momento del recorte de fondos para su distrito decidió eliminar la exención vigente para esos instrumentos, anunció que la alícuota se reducirá al 2,85%, lo que aumenta la rentabilidad de esos títulos y los vuelve más atractivos.
Esto, a su vez, representa un desafío para el ministro de Economía, Sergio Massa, quien debe sortear cada vez más dificultades para obtener financiamiento por parte de las entidades financieras, típicamente más predispuestas a orientar sus fondos a deuda del Banco Central que a títulos del Tesoro, pero ahora con un incentivo adicional.
Para vencer la resistencia a refinanciar vencimientos, Economía convalidó tasas cada vez más altas en sus últimas licitaciones, varios puntos por encima de las que ofrece el BCRA. Por caso, en la operación de la semana pasada, en la que obtuvo recursos por un total de $785.000 millones, el Tesoro convalidó tasas hasta 89% anual. En este sentido, existe una coordinación en la política de tasas entre Economía y el BCRA, con el fin de orientar la liquidez bancaria hacia la deuda del Tesoro. Pero la reducción impositiva presenta ahora un nuevo elemento a considerar, ya que incrementa el rendimiento de las Leliqs.
Ante ese panorama, la sintonía fina que apliquen Massa y el presidente del Central, Miguel Pesce, puede determinar una suba aún mayor de la tasa de colocación de bonos destinados a financiar el gasto público, una decisión que nuevamente deja a los bancos como grandes beneficiarios del fallo aun cuando exista un mayor riesgo. La otra alternativa es una baja de la tasa de política monetaria.
En el Gobierno coquetean con la idea de reducir la tasa de las Leliqs desde que surgieron los primeros indicios de una menor inflación el mes pasado pero lo cierto es que desde el BCRA siguen negando enfáticamente que esa reducción se vaya a concretar en el corto plazo.
De esta manera, la disputa entre Nación y Ciudad volverá a inmiscuirse en cuestiones de política monetaria, tal como ocurrió a fin de 2020 cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió eliminar la eximición vigente bajo la protesta ante la Justicia del Banco Central y la Asociación de Bancos de Argentina (ADEBA). Ambas instituciones iniciaron dos causas judiciales por separado, alegando la inconstitucionalidad de la medida.
El Banco Central argumentó que las normas tributarias dispuestas por Larreta afectan de forma directa y grave las finalidades y funciones que le han sido atribuidas al BCRA y alteran significativamente la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional, lo que vuelve a ocurrir ahora con la decisión en sentido inverso del mandatario porteño.
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