Competencia estratégica por el litio: el Gobierno busca actuar como si tuviera un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU

Tras exponer en “Argentina, oro, plata y cobre 2022″, evento anual organizado por Panorama Minero, el secretario de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, confirmó a Infobae que en noviembre presentó en persona a la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, el pedido del gobierno argentino para que el país sea considerado proveedor de litio y otros minerales de EEUU en el marco de la “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA, por su sigla en inglés) que en agosto pasado aprobó el Congreso norteamericano.

Sin embargo, según un cable de la agencia Bloomberg, el pedido argentino ha sido –al menos por ahora- rechazado por Washington.

“Consideramos a EEUU un socio estratégico para el desarrollo de la industria de la electro movilidad y para la transición hacia energías limpias. Lo establecido en la IRA genera obviamente una preocupación que ya hemos elevado y planteado en diferentes niveles. Es una medida que aún no fue reglamentada y creemos que podremos trabajar en forma conjunta en una solución en línea con el creciente interés y demanda por el litio Argentino que han manifestado las empresas y automotrices de EEUU; seguimos conversando y trabajando junto a ambas embajadas y la Cancillería argentina en ese sentido”, deslizaron desde la Secretaría de Minería que encabeza Fernanda Ávila, exministra de Minería de Catamarca, quien participó, junto a De Mendiguren, en el evento sobre oro, plata y cobre.

Más allá del gran potencial de producción, valor agregado, empleo y exportaciones que la minería presenta para la Argentina, el tema revela la competencia geoestratégica –básicamente, entre EEUU y China- en el contexto de la transición hacia un mundo con energía de fuentes renovables y creciente electrificación, principalmente vía vehículos eléctricos que, en base a baterías de ion de litio, que requieren litio, cobre, níquel, cobalto, grafito y otros “minerales críticos”, prescinden del uso de combustibles fósiles como el petróleo y el gas.

La “IRA” que logró pasar la administración de Joseph Biden en agosto último es lo que en EEUU llaman una “ley ómnibus”: un mamotreto de 274 páginas que apunta en muchas direcciones. Por caso, el “Subtítulo B” de la Parte 3 (sobre reformas tributarias y cumplimiento fiscal) dedica casi 100 páginas a la reducción del precio de los remedios por prescripción médica.

Pero lo más relevante para la Argentina es la Parte 4, sobre “créditos” (esto es, subsidios) de hasta USD 7.500 por unidad a la compra de “vehículos limpios” (ergo, eléctricos), cuya batería debe tener componentes crecientes en el tiempo (partiendo de un mínimo del 40% y llegando al 80%) de minerales críticos “extraídos o procesados” en EEUU o en países que tengan Acuerdos de Libre Comercio (ALC) con EEUU antes de 2027. La ley especifica además que el “grado batería” de esos minerales debe ser de al menos 99 por ciento.

Esa provisión deja fuera de juego, por caso, al litio y al cobre extraídos y/o procesados en la Argentina y al níquel extraído y/o procesado en Indonesia y favorece al litio y al cobre (y cualquier “mineral crítico”, de los que lista decenas y decenas, desde aluminio hasta zirconio) extraídos y/o procesados en Chile o en Australia, dos países con los que EEUU tiene ALC.

El acuerdo de Chile con EEUU, vigente desde enero de 2004, eliminó tarifas y redujo barreras de acceso en bienes y servicios, introdujo reglas de transparencia y no discriminación y estándares de propiedad intelectual, laborales y ambientales a cambio del acceso libre de aranceles de cualquier bien o servicio chileno a EEUU. Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia y antes de China. En cuarto lugar figura la Argentina, que junto a Chile y Bolivia (que casi no produce aún), integra el “triángulo del litio”, principal reserva mundial del mineral.

EEUU empezaría a reglamentar e implementar la ley IRA a lo largo de 2023 y el tema es de interés para compañías con inversiones en la Argentina, como la australiana Allkem, que se encuentra en proceso de ampliación de su inversión en el Salar de Olaroz, en Jujuy, para agregar unas 25.000 toneladas de litio anuales a partir del segundo trimestre del año próximo.

Allkem posee dos tercios de las acciones del emprendimiento, asociada a la japonesa Toyota y Jemse, una empresa del Estado jujeño.

También tiene el proyecto Sal de Vida en Catamarca, donde puede llegar a producir, en dos etapas, hasta 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio para batería en el “Salar del Hombre Muerto”. La primera etapa (unas 15.000 toneladas anuales) empezaría a producir en la segunda mitad del año próximo.

En principio, la ley IRA dejaría en offside esta producción en el mercado de EEUU. La cuestión también es del interés de Río Tinto, la segunda minera del mundo, que antes de la sanción de la ley norteamericana había firmado un preacuerdo con la automotriz Ford para proveerle de litio de su proyecto Rincón, en la Argentina.

En medio de esas cuestiones, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Minería, Ávila, recibieron en la semana a Jack Rosen, presidente del influyente Congreso Judío Americano (American Jewish Congress), CEO de Rosen Partners LLC y de relación directa con la cúpula del gobernante partido demócrata norteamericano, incluidos el actual presidente Biden y sus antecesores del mismo color político, Barack Obama y Bill Clinton.

En un tuit, Ávila escribió que analizó con Rosen “oportunidades de inversión en el sector minero argentino”.

“Básicamente lo que se hizo es explorar oportunidades de inversión en el país, especialmente en torno al litio y sumando al cobre. Hay un amplio interés de EEUU en entender cómo funciona la legislación minera argentina y cómo están las provincias”, dejaron trascender desde el área minera del gobierno.

En el evento minero, Ernesto Cussianovich, director de Poliarquía, presentó encuestas que evidenciaban escaso conocimiento y ciertos prejuicios generales de la población sobre la minería, pero presentó también tendencias positivas.

Antes, contó, lo primero que venía a la cabeza de los encuestados cuando se les pedía reaccionar con una palabra a la actividad, era “Contaminación”. En la última encuesta, esa respuesta siguió midiendo alto (27%), pero quedó detrás de “Trabajo”, primera reacción del 32% de los consultados. Esto es, la gente empieza a ver a la minería más como generadora de empleo.

Un estudio del CEP XXI, de la Secretaría de Desarrollo Industrial, muestra además que se trata del sector con más alto porcentaje de empleo formal (95%), el primer puesto en el ranking salarial y un incipiente alza en la tasa de feminización: las mujeres ya son más del 8% del personal del sector.

La otra tendencia que Cussianovich detectó es que a la pregunta sobre quién debería administrar la actividad minera en el país, 44% de los encuestados respondió “las empresas privadas”, contra 41% que eligió “el Estado”. Hace 10 años, recordó, el 66% elegía que fuera el Estado y solo el 11% el sector privado.

De Mendiguren buscó entusiasmar al auditorio diciendo que el mundo puso de nuevo a la Argentina en el radar de las inversiones internacionales y que el Banco Mundial considera al país “un activo público mundial”, por la riqueza de sus recursos.

El funcionario recordó incluso que el famoso economista Jeffrey Sachs destacó que la relación Deuda/PBI de la Argentina es la mitad de la de EEUU, subrayó los logros “fenomenales” de Massa (poco después se difundió el 4,9% de inflación oficial de noviembre) y resumió la situación económica del país “como una empresa con activos extraordinarios, pero problemas de caja chica”.

Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó que la minería, que durante muchos años exportó unos USD 3.200 millones anuales, cerrará 2022 con exportaciones cercanas a los USD 3.800 millones y citó varios proyectos de cobre, pero también recordó los problemas de acceso a insumos y capital, por las limitaciones a la importación, que afectan la producción de oro y plata, origen de 80% de las exportaciones del sector.

Un proveedor minero precisó a Infobae que hace meses no logra importar hilos de cobre (la Argentina no lo produce desde 2018, cuando cesó operaciones Minera Alumbrera), pero sí ingresan del resto del mundo productos finales con hilos de cobre.

Ávila, la secretaria de Minería, destacó el trabajo de coordinación con las provincias y empresas mineras y la creación del primer “Registro Federal de Proveedores Mineros” y que en los últimos dos años se anunciaron más de USD 10.000 millones de inversión en el sector.

El economista Esteban Domecq describió un panorama macro complejo y Sergio Rotondo, de la australiana Challenger Exploration, proyectó que en 2023 empezará a quedar atrás la recesión inducida por el alza en las tasas de interés y en 2024 la reactivación se sentirá a pleno en la minería mundial, incluida la Argentina.

En otra presentación, Natacha Izquierdo, de la consultora Abeceb, explicó por qué ”la Minería es el futuro de la Argentina” suministrando, entre otros, el dato de que según la Agencia Internacional de Energía hacia 2050 la demanda de “minerales críticos” como el cobre y el litio aumentará un 500 por ciento.

Además, Izquierdo proyectó que hacia 2035 las exportaciones mineras de la Argentina serán de USD 16.400 millones anuales. No es que ahora sean anémicas: entre 2010 y 2022, recapituló, el sector aportó divisas por nada menos que USD 47.357 millones.

El analista internacional Fabián Calle destacó la competencia geoestratégica entre EEUU y China y en diálogo con Infobae calificó de “humo” la profundidad del intercambio de información fiscal que el gobierno firmó con EEUU y la gestión oficial para saltar los requisitos de la ley IRA y posicionar a la Argentina como proveedor de “minerales críticos” del país del norte, en contradicción con el reciente reproche del presidente Alberto Fernández, a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, por buscar un ALC con China, saltando las reglas del Mercosur. Curiosamente, observó, ahora es la Argentina la que busca ser proveedor mineral de EEUU “como si” tuviera con Washington un ALC que no tiene.

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