El Gobierno amplió el Presupuesto 2022 en $1,53 billones para poder pagar los aumentos de fin de año

Mientras la mayor parte de los argentinos estaban pendientes del partido semifinal de la Selección Argentina de Fútbol para acceder a la última instancia que permita traer al país la tercera copa del mundo, el Gobierno giró al Boletín Oficial para su publicación en la edición de esta mañana el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 829, con un Anexo de 628 folios en el cual Infobae pudo detectar que incluía la ampliación de la autorización de gastos para los últimos 20 días de diciembre en $1,53 billones, pese a contar con recursos adicionales a los originalmente esperados por apenas $0,42 billones.

Se trata de sendos aumentos de las previsiones de recursos tributarios y de gastos totales del 3,4% y 9,2%, respectivamente sobre los valores vigentes hasta antes de esta decimocuarta modificación presupuestaria.

De ahí surgió un salto del déficit fiscal para el conjunto de la Administración Central del 26,5%, en comparación con la anterior modificación presupuestaria: sube de $4,18 billones a $5,29 billones, equivalente a poco más de 5% del PBI en caso de ejecutarse íntegramente el nuevo monto asignado de gasto total.

La norma fue firmada por el presidente de la Nación Alberto Fernández y el pleno del gabinete de ministros: Juan Luis Manzur, Eduardo Enrique de Pedro, Santiago Andrés Cafiero, Jorge Enrique Taiana, Sergio Tomás Massa, Diego Alberto Giuliano, Gabriel Nicolás Katopodis, Martín Ignacio Soria, Aníbal Domingo Fernández, Carla Vizzotti, Victoria Tolosa Paz, Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú, Jaime Perczyk, Tristán Bauer, Daniel Fernando Filmus, Raquel Cecilia Kismer, Juan Cabandie, Matías Lammens y Santiago Alejandro Maggiotti.

La explicación de semejante aumento de la partida presupuestaria a pocos días de terminar el año, cuando se advierte diversos organismos de la Administración Central con altos índices de subejecución del monto asignado, tiene su origen en la aceleración de la inflación a lo largo del segundo semestre.

Ese fenómeno llevó al Gobierno a reforzar la política de ingresos, no sólo para aliviar la ya deteriorada fragilidad del tejido social, con más de 43% de la población en estado de pobreza, sino también de apuntalar la capacidad de gasto de la elevada dotación de personal en el conjunto de la Administración Nacional, con reapertura de paritarias; y otorgar un bono especial para 3 de cada 4 jubilados y pensionados, porque sus haberes mínimos arrastran una sostenida pérdida de poder adquisitivo.

Es que pese a contar ese segmento de la población con la Ley de Movilidad que dispone el ajuste de los haberes cada tres meses, al tomar como referencia la variación de los salarios y de los recursos con un desfase de un trimestre se queda corto cuando el ritmo de variación de los precios se acelera.

De ahí que en los considerandos del DNU se destaca: “Resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año para el personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Y que, por tanto “Se requiere modificar los créditos vigentes de la Auditoría General de la Nación, de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, organismos actuantes en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el fin de afrontar necesidades específicas”.

Así como de las Fuerzas de Seguridad, Ministerio de Educación, para afrontar el refuerzo del Fondo de Incentivo Docente; el pago de sentencias judiciales: “Establécese la suma de $69.802.050.728 destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal”.

Y otros $72.577 millones “para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”.

Además, menciona el DNU la prórroga del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, por un importe $48.000 millones, con el objeto de continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del estado nacional”.

Según los datos que surgen del Anexo 1 del DNU 829 que publica el Boletín Oficial de hoy las mayores ampliaciones presupuestarias para lo que resta del año recayeron en:

1. Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados (Ministerio de Trabajo) $488.418 millones;

2. Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones) $426.435 millones;

3. Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (Ministerio de Desarrollo Social) $124.975 millones;

4. Asistencia Social (Tesorería) $71.230 millones;

5. Prevención y Control de Discapacidades (Presidencia) $52.561 millones;

6. Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal (Ministerio de Seguridad) $46.620 millones;

7. Fondo Nacional de Incentivo Docente (Ministerio de Educación) $44.001 millones;

8. Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Gendarmería Nacional (Ministerio de Seguridad) $29.856 millones;

9. Estado Mayor General del Ejército Argentino, Sostenimiento Operacional (Ministerio de Defensa) $27.198 millones; principalmente.

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