Precios Justos, ajuste fiscal, crédito multilateral y dólar soja, puntales del relativo optimismo de Economía sobre una baja de la inflación

“Nos llevará un poco de tiempo, pero hoy trabajamos para lograr orden macroeconómico con superávit fiscal primario y mercado unificado de cambios”, escribió en las últimas horas, en un hilo en la red social Twitter, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el miembro del equipo económico encargado de darle consistencia macro a la gestión del ministro Sergio Massa.

“Precios Justos es una herramienta útil para procurar llegar a una inflación del 4% en meses venideros y hacia 3% para fines del año próximo”, dijo también Rubinstein, algo menos ambicioso que su jefe, cuya ambición es que ya a partir de marzo el dato mensual de inflación comience con el número tres (3).

El funcionario aseguró que el ritmo de aumento delos precios “está bajando” y aportó números para apuntalar su optimismo: “en octubre la inflación núcleo fue de 5,5% y la mayorista 4,8%, cuando el índice general fue de 6,3%, y para este mes (ya diciembre) la tendencia hacia la baja continúa”.

Debe tenerse en cuenta, además, que el jueves 15 se conocerá el dato de inflación de noviembre; en Economía están seguros de que por primera vez en 5 meses dará por debajo del 6%, aunque las consultoras no están tan seguras de que sea así.

Rubinstein ratificó, además, el objetivo “muy importante” de acumular reservas. “Por eso el dólar soja en diciembre, préstamos de BID y otros; así como un mejor control de importaciones a través del sistema SIRA”, dijo, por el esquema de administración del comercio exterior que genera tantas quejas del sector privado.

El optimismo del viceministro contrasta con lo que él mismo escribió en mayo pasado, cuando consideraba el acuerdo con el FMI “un ancla light” e insuficiente para inducir “un cambio general de expectativas” y notaba que “la dinámica inercial de precios, los aumentos esperados de tarifas y dólar oficial, más todos los ruidos políticos y sociales, no ayudan”. Por lo que avizoraba dos posibilidades: que las metas con el FMI no se cumplieran y que hubiera un brusco descenso de la demanda real de dinero, en cuyo caso se podían configurar “las condiciones de ‘tormenta perfecta’ para un brote hiperinflacionario”.

En verdad, el actual optimismo de Rubinstein tiene a qué atenerse. En primer lugar, una notable consolidación fiscal. Como ya señaló Infobae, desde la llegada de Massa a Economía el ritmo de erogaciones del Estado se redujo 23% en comparación con el año anterior, con lo que el gobierno marcha hacia el cumplimiento de la meta de cerrar el año con un déficit fiscal primario de no más del 2,5% del PBI.

Por otro lado, la serie de créditos obtenidos (del BID, de la CAF, del Banco Mundial) más la restructuración de la deuda con el Club de París y la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, que antes de fin de año desembolsará 4.500 millones de DEGs (unos USD 6.000 millones), engordarán las reservas del Banco Central. Y aunque el “dólar soja 2″ está generando menos liquidaciones que su versión de septiembre, el gobierno está seguro de que a fin de año cumplirá la meta del acuerdo con el FMI que hasta hace poco lucía más difícil: el aumento en USD 5.000 millones (renegociada desde los más ambiciosos USD 5.800 millones de la letra original) de las “reservas netas” de la entidad que preside Miguel Pesce.

En cuanto a Precios Justos, el gobierno se apuesta al compromiso de empresas productoras, cadenas de supermercados y más recientemente de cadenas mayoristas para no retocar hasta fin de febrero los precios de poco más de 1.800 bienes de consumo masivo. No logró por ahora incorporar a los comercios “de cercanía”, pero confía en que a medida que pasen las semanas la creciente brecha de precios entre productos que están y que no están induzcan una mayor salida de los bienes con el cartelito oficial y actúe como fuerza centrípeta a favor del programa.

La mayor debilidad sigue siendo la inercia monetaria. Fue demasiado tiempo el que el exministro, Martín Guzmán, se la pasó celebrando como “financiamiento neto positivo” lo que en rigor era un vertiginoso aumento de la deuda pública, forzando al Banco Central a actuar como una suerte de bombero al revés; en vez de apagar el fuego con agua, se dedicó a retirar liquidez para que el exceso de ésta no llevara a una situación hiperinflacionaria. Riesgo que como hasta el propio Rubinstein admitió -en un sincericidio inconveniente para un funcionario público- no fue aún superado del todo.

A favor del optimismo oficial juega también que la magnitud del “ajuste macro” que necesita la Argentina no es tan grande. Un reciente paper del Ieral de la Fundación Mediterránea, del economista Gustavo Reyes, lo estima en apenas el 0,3% del PBI, notablemente inferior al 5% que había llegado a ser hace cinco años. El problema, subrayó Reyes, es que esa pequeña fracción proviene de un déficit muy grande del sector público y un superávit casi tan grande del sector privado, que financia el desequilibro del Estado a través del “impuesto inflacionario” y reduciendo sus niveles de consumo e inversión.

¿Es posible un ajuste del gasto público que no lleve a una recesión?, se pregunta el documento. Y responde que sí, que fue lo que sucedió en dos ajustes “exitosos” desde el retorno de la democracia: la primera etapa del Plan Austral y la fase inicial de la Convertibilidad, en las que la reducción del gasto público fue más que compensada por un mayor gasto en consumo e inversión del sector privado, evitando así una recesión.

Pero para eso, claro está, hay que generar credibilidad y confianza, algo peliagudo en un escenario político tan agrietado y en el que la reciente decisión judicial de condenar a la vicepresidente Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción y la previsible reacción del kirchnerismo y sus satélites hacen prácticamente imposible generar aquellos intangibles.

En su manifestación monetaria, el desafío sigue siendo despejar la enorme incertidumbre y evitar que una enorme masa de pesos se transforme en un tsunami que barra los esfuerzos de consolidación fiscal y reavive presiones devaluatorias e inflacionarias temporalmente contenidas.

En la semana, Economía podrá testear el terreno, con el vencimiento de $400.000 millones de deuda del Tesoro. Apenas una estación de un desafío que tendrá decenas más a lo largo de los próximos meses. No en vano el exviceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis (antecesor de Rubinstein en la gestión económica del hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof), propuso un “Pacto de la Moncloa” sobre la deuda en pesos para comprometer a la oposición en una suerte de “seguro anti-default” y facilitar al gobierno la refinanciación de vencimientos y superar la resistencia de los acreedores privados de esa deuda (básicamente, el sistema financiero) a aceptar una promesa oficial de pago que vaya más allá de agosto de 2023, cuando tendrán lugar las PASO, primer indicio certero sobre el color político y las caras más probables del próximo gobierno.

En un reciente informe, la consultora Eco Go dimensionó la cuestión precisando que la suma de la deuda en pesos del Tesoro con el Mercado (de $6 billones) y los pasivos remunerados del Banco Central ($8,6 billones), que llama “deuda relevante en pesos”, es de $14,6 billones, equivalente a USD 45.000 millones si se mide al dólar “blue” y a USD 85.000 millones según el tipo de cambio oficial. Esto es, entre una y casi dos veces la deuda argentina con el FMI, en menos de un año.

“El ratio entre la deuda de pesos total (BCRA + Tesoro neta de deuda intra-sector público) al mercado y los pesos gratis de la economía asciende a 1,6 veces, esto contrasta con un ratio de 0,5 veces que había a fines de 2015 y uno de 5 veces que había en abril de 1989 antes de que el país se vaya a la híper”, señaló la consultora. Y concluyó: “El deterioro va muy rápido, pero no exageremos”.

Por ahora al menos prevalece el “no exageremos”.

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