Tarifas de luz y gas: qué significa para los usuarios que el Gobierno haya vuelto a postergar la revisión tarifaria integral

El Gobierno prorrogó por un año el plazo para realizar una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se aplicará a las empresas que brindan los servicios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. A través del decreto de necesidad y urgencia 815/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la revisión -que tendría que haberse realizado en los últimos dos años- quedará entonces para la próxima administración.

Esto no implica una suspensión de aumentos de tarifas el año próximo, si no que esas subas se seguirán haciendo con medidas transitorias definidas por el Gobierno y no seguirán un sistema de actualización automática de acuerdo a alguna variable como inflación o la suba de los salarios. La decisión de suspender la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que estuvo vigente durante el Gobierno de Mauricio Macri se tomó en diciembre de 2019 en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la “emergencia tarifaria”, entre otras.

En ese momento, se puso un plazo de dos años para hacer una nueva RTI. En el decreto se remarcó el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales, con un primer salto de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatrimestre de 2021 y luego la guerra en Ucrania que generó una nueva suba de los precios, especialmente del Gas Natural Licuado (GNL) y del gas oil, que la Argentina importa en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna.

“Los servicios públicos de electricidad y gas desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo cual su accesibilidad resulta indispensable para los hogares. Las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica”, se indicó en el decreto como argumento.

Los aumentos de tarifas en gas y electricidad que se aplicaron este año e impactaron en las facturas que reciben los usuarios responden en mayor medida a la quita de subsidios -que se segmentó de acuerdo a los ingresos de cada grupo familiar- y que se vinculan con el precio del gas y de la generación eléctrica pero no con los servicios de transporte y distribución, lo que redujo el margen de ganancias de estas empresas.

El decreto también prorroga la intervención de los entes oficiales, el ENRE para la energía eléctrica y el Enargas para el gas. “La intervención ha sido injustificada, inconclusa e inconducente hasta el momento. No cumplió con nada de lo que se plasmó en la Ley de Solidaridad Social entre lo cual estaba reordenar los entes y hacer RTI o bien una revisión extraordinaria de tarifas”, indicó Julián Rojo, director técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.

“En cuanto a tarifas: la segmentación ya está lanzada pero aún falta ver como renegocian los ingresos de las distribuidoras. Ahí creo que puede haber más arbitrariedad. Tener entes intervenidos, con los antecedentes recientes, hace que todo ese proceso no sea previsible”, agregó.

En el sector la noticia no fue una sorpresa, pocos esperaban que hubiera definiciones sobre el tema en el poco tiempo que quedaba para que se venciera la suspensión. “Patean el tema para el próximo gobierno. En un año electoral tiene sentido que no quieran revisar tarifas de transporte y distribución para no aumentar tarifas ni subsidios. Las empresas vienen sufriendo con eso hace muchos años, la inflación es mucho más alta de lo que les ajustaron hasta ahora e impacta en el mantenimiento de la red”, indicaron.

“Era lo esperable que ocurriera, estaba claro que no íbamos a tener RTI de aquí al 18 de diciembre que vencía así que esto regulariza institucionalmente el proceso”, reflexionó otra fuente. Y advirtió que un artículo del decreto autoriza al Gobierno a realizar una adecuación tarifaria “de transición”, lo que las distribuidoras demandan de forma “urgente”.

Esta semana, durante las audiencias por el aumento del precio del gas -que no implica aumentos para las distribuidoras-, desde Adigas, la asociación que reúne a las empresas, plantearon que el margen en el precio del servicio de distribución se incremento un 80% desde diciembre de 2019 hasta hoy, mientras que la inflación en el mismo período superó el 260%.

Previo al anuncio de la salida de la empresa Enel -dueña de Edesur- de la Argentina, su CEO local Claudio Cunha había expresado en declaraciones periodísticas que las empresas requerían un marco regulatorio claro y estable, ya que no existe una regla o fórmula definida que se aplique para determinar los aumentos de las tarifas.

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