Desde Washington DC - El equipo técnico del Ministerio de Economía que llegó ayer a esta ciudad inició los contactos con el staff del Fondo Monetario Internacional, para discutir el cumplimiento por parte de Argentina de las metas firmadas con el organismo.
Las conversaciones se iniciaron con gestos públicos del lado argentino de compromiso con el cumplimiento de las metas, clave para liberar el desembolso de unos USD 5.900 millones que son imprescindibles no sólo para el repago del préstamo de 45 mil millones de dólares, sino para despejar incertidumbres de cara a fin de año y el inicio del 2023.
El trabajo con los funcionarios del Fondo se inició en Washington con la misión integrada por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de gabinete Leonardo Madcur, y los secretarios Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), y el director del Indec, Marco Lavagna, que participa como asesor en relaciones financieras internacionales.
Mientras acá, en Washington, se iniciaban las conversaciones entre los técnicos de ambas partes, desde Buenos Aires el propio Massa planteó que “estamos cumpliendo en el cierre del 2022 los objetivos de acumulación de reservas, metas de crecimiento económico y de orden fiscal como instrumento de ordenamiento de las variables económicas”.
Esas declaraciones que el ministro pronunció en una reunión con funcionarios de las carteras agropecuarias de las provincias -y que publicó Infobae- ocurren mientras los enviados argentinos llegaron con el objetivo de encontrar alguna flexibilidad, no tanto sobre la revisión de los números del tercer trimestre del 2022, sobre lo que no hay demasiada divergencia, sino también sobre los del trimestre final 2022 y de cara al 2023, año de elecciones y donde las previsiones de déficit, inflación, dólar y acumulación de reservas pueden verse comprometidas por el contexto electoral.
Ni en el Ministerio de Economía ni en el Fondo Monetario existen miradas divergentes sobre el programa. El organismo convalidó los objetivos incluidos en el Presupuesto que aprobó el Congreso Nacional y que contempla las principales variables incluidas en el programa vigente con el FMI, que no dio señales de analizar modificar.
Ambos -presupuesto y programa con el FMI- son interpretadas como únicas “anclas” de previsibilidad para una economía que mantiene una alta fragilidad macro. Esa fragilidad se materializa en el dólar -tanto en las pizarras de la cotización libre y en los financieros, como en las reservas escasas del Banco Central- al igual que el fenómeno inflacionario, que en el equipo económico y en el FMI lo perciben a la baja.
A la inflación se le suman como consecuencias inevitables asociadas la distorsión de los precios relativos, la inercia del aumento generalizado del nivel de precios y los sistemas de indexación constantes. Son situaciones que este año pegaron con una dureza nunca vista en décadas, alentadas tanto por la acumulación de desequilibrios propios de la economía, como por eventos políticos como las tensiones dentro de la alianza de gobierno que terminaron con la salida traumática de Martín Guzmán.
La gestión del ex ministro había generado una economía recalentada, con desequilibrios macro que le ponían en simultáneo presión al gasto público, las reservas y la inflación. Massa puso en marcha un plan con apoyo político -principalmente de Cristina Kirchner- que ajustó las variables clave para evitar un colapso de consecuencias indefinidas.
Más allá de “Precios Justos”, que incluyó desde alimentos a naftas, el programa económico sujeto a revisión implicó un “apretón” del gasto, de la emisión y de las transferencias del Tesoro para contener el déficit y ordenar las cuentas. Son acciones que hablan más que las palabras y es lo que presentaron como antecedente los integrantes del equipo técnico de Massa para transmitirle al staff del Fondo la proyección de una tasa de inflación declinante, con perspectivas por debajo del 6% mensual y un pronóstico inferior al 4% mensual para fines de 2023.
En concreto, en el inicio de las conversaciones, los técnicos del equipo económico plantearon que hay una desaceleración de la inflación que se va a empezar a ver en los próximos meses. El índice de octubre arrojó dos datos positivos: la inflación “núcleo” fue de 5,5%, bastante menor que la general (6,3%).
Y la mayorista fue de 4,8%, que para los enviados de Massa a Washington que significa menos presión de costos para las empresas. En el diálogo con los técnicos transmitieron el objetivo de dotar a la economía de mayor previsibilidad y orden en los costos para empresas y familias, en simultáneo con con una sostenida baja del gasto publico
Para extender esas medidas hacia el 2023, ambas partes saben que es un desafío que tienen pocos antecedentes. Es que son proyecciones que exigen una disciplina fiscal y monetaria desconocida para un año electoral.
Reservas
Más allá del que ni el staff del Fondo Monetario ni los técnicos del Ministerio de Economía emitieron declaraciones oficiales sobre el inicio de las negociaciones, Massa manifestó en ese encuentro con funcionarios provinciales que “vamos a consolidar el principio de orden fiscal apuntando a cumplir con la meta de 1,9% (del PBI) en materia de déficit, vamos a consolidar el proceso de acumulación de reservas, y en ese sentido empieza a estar operativo a partir de diciembre el swap con China para las importaciones”.
El Fondo Monetario tiene una mirada que ya manifestó sobre los yuanes chinos que, si bien no son computados como parte de las reservas netas, son instrumentos que pueden servir para desagotar parte de la presión sobre las divisas del BCRA, al usar esa moneda para hacer frente a una parte de las importaciones. Son unos 5.000 millones de dólares que sería peor no tenerlos.
En esa lógica de engrosar las reservas netas es que se activó el denominado “dólar soja II” y que tiene previsto en las cuentas del gobierno que aumente las reservas en al menos unos USD 3.000 millones. Es una medida que el FMI no cuestionó e interpretó como medidas transitorias o un puente para asegurar el cumplimiento de las metas de reservas.
El Fondo Monetario revisará que se cumpla, en principio, el objetivo de acumular USD 5.000 millones en 2022 y USD 4500 en 2023. Si bien este año la perspectiva desde Economía es que se sobrecumpla, la discusión puede estar, visto en perspectiva, en torno a cómo contabilizar los 9500 millones de dólares totales.
Cuestión de números
La misión argentina, además de presentar los números del tercer trimestre para que se liberen los 5.900 millones de dólares, también se llevará de Washington una impresión de qué tipo de flexibilidad podrá tener el organismo en las futuras revisiones.
En principio los técnicos argentinos llegaron con dos planteos a Washington que tendrán en los hechos un impacto relativo en la revisión de los números sobre este desembolso de 5900 millones de dólares. Uno tiene que ver con la discusión de las sobretasas que paga la Argentina por haber tomado un crédito más alto del que le permitía los estatutos del Fondo, que ronda los 1.700 millones de dólares anuales. Y el otro es el pedido para que se contemple el denominado “costo de la guerra” en países emergentes como Argentina, que Massa manifiesta fue de unos 5.000 millones de dólares que tuvo que afrontar el país sin asistencia financiera.
Vinculado al sobrecosto, el Fondo Monetario ya tiene previsto para antes de fin de año la convocatoria a una mesa de discusión de ese planteo, que no sólo es argentino, y que requerirá una definición del board, es decir de los representantes de los países que integran la conducción del organismo, donde tiene un rol clave Estados Unidos, Europa y Japón. No será, entonces, una definición, en caso de adoptarse, que se tome por el “caso argentino”, aunque si llegara a reducirse será el principal beneficiario por ser el deudor individual más importante que tiene el organismo.
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