En las últimas dos décadas, las canastas que miden la pobreza y la indigencia subieron más que la inflación y los salarios

Se aproxima el cierre de 2022, y tras un año que no se termina de completar la recuperación plena de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 en 2020, comienzan a ensayarse las primeras estimaciones sobre el efecto negativo de la aceleración de la inflación sobre los indicadores sociales más difundidos y sensibles, como son los de pobreza e indigencia de la población, y su derivación sobre el clima educativo y precariedad laboral.

Desde la crisis de 2001, cuando el sostenimiento casi caprichoso del régimen de convertibilidad fija 1 a 1 entre el peso y el dólar, para evitar vanamente una estampida inflacionaria, los índices de pobreza e indigencia mostraron un movimiento de campana invertida: comenzaron en niveles máximos históricos de más de 50% y 25% de la población en cada caso, cayeron a mínimos por debajo de 6% y 2% una década después, y tras el “apagón estadístico” que tuvo el Indec entre 2013 y 2015 cuando esos indicadores fueron considerados “estigmatizantes”, retoman un sendero ascendente al rango de 40% y 10% de los habitantes, respectivamente, hasta el presente.

En ese período de 21 años -diciembre 2001 a septiembre 2022-, se acumuló una tasa de inflación de 18.815% (el promedio de precios de la economía se multiplicó por 189), y los salarios acusaron una notable brecha entre los privados registrados que subieron 19.183% (aumentaron 2% en valores reales), los que perciben los trabajadores en negro (13.892%) y los ocupados en relación de dependencia en el conjunto de la administración pública (8.972 por ciento).

Según las ponderaciones que utiliza el Indec de cada una de esa franja de empleados para estimar la variación promedio de los ingresos de los trabajadores, los cuales se constituyen en un componente relevante para determinar los índices de pobreza e indigencia, el salario real cayó en ese período 20,5%, a partir del derrumbe del 26% en el caso del promedio que perciben los ocupados en negro y del 52% en el agregado de las remuneraciones del sector público nacional, provincial y municipal.

La mayor parte de esa brecha en la variación de los ingresos de los asalariados, la cual naturalmente se manifiesta en los niveles de bolsillo, responde a la enorme diferencia de productividad laboral entre esos segmentos de la economía, más alto en el privado formalizado y más bajo en el resto, en particular los no registrados.

Al respecto, un informe de la consultora Ecolatina resalta: “La aceleración inflacionaria de comienzos de año fue seguida rápidamente por las paritarias -con heterogeneidad a su interior- que, dada la estructura del empleo, terminó favoreciendo en mayor medida a los sectores más pudientes. El costo fue alimentar uno de los mecanismos de propagación de la inflación más relevante, sosteniendo elevada la inercia del proceso y colaborando a erosionar las condiciones de aquellos que están fuera de la formalidad”.

El análisis de marras detectó que “en contextos en los que el salario pierde poder adquisitivo, suele tener lugar un efecto conocido como “trabajador adicional”: más miembros del hogar que anteriormente no se encontraban dentro del mercado laboral se vuelcan a la búsqueda de trabajo con intenciones de suplir el deterioro de los ingresos. En consecuencia, los ingresos totales por hogar tienden a aumentar”.

Sin embargo, ahí no radica la única causa de constante deterioro de los índices socioeconómicos que trimestral y semestralmente publica el Indec.

También se agrega el mayor deterioro del poder de compra del promedio general de los salarios de las canastas básicas de indigencia (alimentaria -CBA-) y de pobreza que agrega a la CBA el resto de los consumos esenciales de una familia. En 21 años acumularon sendos incrementos de 30.267% y 27.688%, respectivamente.

Ese fenómeno de mayor aumento de las cestas básicas de consumo que el promedio de precios y salarios se explica por su característica que la literatura económica define como “bienes inferiores” a los que aumenta la demanda cuando cae el ingreso, como es el caso, principalmente de los alimentos y otros bienes imprescindibles (no hace referencia a la calidad o marca de los productos). Y cuando sube la demanda, aumentan los precios.

Se trata de un fenómeno que ocurre aún en tiempos, como en el presente, en que las autoridades pretenden infructuosamente contener la inflación con políticas heterodoxas de control precios y del comercio exterior, al tiempo que se alimenta la informalidad laboral, más aún cuando aumenta la presión impositiva.

De ahí que en procesos como el presente en que la tasa de inflación se aceleró en menos de un año del ritmo del 50% a más de 80% desde septiembre, no sólo los ingresos de los trabajadores, como también de los jubilados y pensionados que cuentan con la actualización automática cada tres meses, quedan rezagados, sino que además se potencia la demanda de bienes inferiores y se posterga la de productos y servicios no esenciales, como promedio general de la economía.

Ese proceso es detectado mes a mes por los índices de precios, salarios y de valuación de las canastas que determinan los umbrales de indigencia y pobreza que elabora el Indec.

El organismo oficial de estadística precisa en el informe metodológico de los indicadores socioeconómicos que “La incidencia de la indigencia y pobreza resultan de la capacidad de los integrantes de los hogares de acceder a la compra de la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios”.

El procedimiento que utiliza el Indec, en base a criterios estadísticos internacionales, parte de utilizar una cesta en función de los hábitos de consumo de la población de referencia, a partir de los resultados de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGHo) de 1996/97 validada con la ENGHo de 2004/05.

Los ingresos de los hogares, si tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, determinan los umbrales de indigencia y pobreza, respectivamente.

Para calcular la línea de pobreza es necesario contar con el valor de la CBA y ampliarlo con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.), con el fin de obtener el valor de la CBT.

Explica el informe metodológico del Indec que “para ampliar o expandir el valor de la CBA se utiliza el coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia (en este caso, la que surge de la ENGHo 2004-05).

De la serie de las últimas dos décadas surge que mientras esos indicadores socioeconómicos se deterioran muy rápidamente en respuesta a una crisis sistémica de actividad e inflación, el regreso a valores del rango de un dígito porcentual en la proporción de pobres sobre el total de la población lleva más de una década, desde que se restablecen los precios relativos entre tipo de cambio, salarios, tarifas y la actividad productiva y comercial vuelve a un sendero de reactivación sostenido.

El economista Jefe de FIEL, Juan Luis Bour dijo en la Conferencia Anual de la Fundación: “Siempre es difícil formalizar lo laboral si se alienta la informalidad empresaria. La prioridad deber ser un objetivo de la gestión presidencial, no tema anecdótico de un Ministerio”, de lo contrario el nivel de pobreza e indigencia se mantendrán en un rango elevado.

Destacó Bour que “para formalizar se requieren mecanismos claros -para empresas y trabajadores- que incentiven la entrada (a la formalidad) y castiguen estar fuera. Si todos obtienen resultados o prestaciones similares como formales o informales, pocos pagarán los costos de estar registrados. Mejorar la calidad del empleo requieren más -no menos- competencia y transparencia. O sea, exige reformas macro y microeconómicas (en mercados de factores y productos). Son parte de un programa de crecimiento y estabilización”.

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