La fragilidad de las finanzas públicas se agravó en los últimos meses, no sólo por la pérdida de vitalidad de la actividad productiva y comercial que comenzaron a registrar los datos del Indec y su efecto sobre la recaudación tributaria, sino también por la suba de las tasas de interés en las grandes economías desarrolladas, por su impacto sobre el cargo total de servicio de la deuda del acuerdo Stand-by (SBA) vigente con el FMI.
Los economistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso abocados al capítulo de la deuda del sector público, liderados por Mariano Ortiz Villafañe, analizaron las características del SBA, con un programa especial de Facilidades Extendidas (EFF), sellado en marzo 2022 y destacaron en ese momento que “el perfil de vencimientos prevé pagos trimestrales de intereses, que vencen el primer día de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. La tasa marginal de interés que devenga la deuda de Argentina con el FMI, que incluye un componente variable, actualmente se encuentra en torno a 4,25% anual. A las tasas actuales, hasta 2027 se estiman pagos de intereses al FMI por un promedio anual de USD1.600 millones”.
Y alertaba, “en un contexto de mayores presiones inflacionarias a nivel global, existe el riesgo de que una suba de tasas de interés internacionales impacte sobre el componente variable de la tasa base del FMI, lo que encarecería el costo de financiamiento para nuestro país”.
En un contexto de mayores presiones inflacionarias a nivel global, existe el riesgo de que una suba de tasas de interés internacionales impacte sobre el componente variable (OPC)
En octubre la deuda con el organismo ascendió en USD 1.421 millones, a USD 40.721 millones, según informó la Secretaría de Finanzas. Al parecer, gravitó la suba de la valoración de los DEG -la unidad de cuenta del organismo de crédito multilateral-.
Eso es lo que ocurrió desde diciembre de 2021, a partir de la constante suba de las tasas de interés de la Reserva Federal de los EEUU como pilar de la política para desacelerar la inflación que se disparó al rango de 7% anual, la cual fue seguida por muchos de los países miembros del FMI, porque tuvo sus efectos sobre la tasa de interés de los DEG, la unidad de cuenta del organismo de crédito internacional.
Así, el punto de partida de 0,25% anual se multiplicó por poco más de 10 en apenas 8 meses, y todo indica que ese proceso aún no se detendrá, aunque octubre arrojó la buena noticia de la cuarta desaceleración del ritmo de inflación en los EEUU desde un máximo en 40 años de 9,1% anual en junio a 7,7 por ciento.
Esa tasa de interés del DEG que se actualiza semanalmente según los niveles vigentes en los mayores socios del FMI: EEUU, Unión Europea Japón, Reino Unido; y China -expresada en dólares sobre las divisas de esos Estados miembros- es la base del cargo final, la cual incluye: un nivel base y de eventuales sobrecargos fijos, que aplican cuando el saldo deudor excede ciertos límites. Adicionalmente, existen comisiones que aplican sobre los desembolsos: la comisión de compromiso y el cargo por servicio.
Sobrecargos por endeudamiento y plazo
Los sobrecargos aplican cuando el saldo deudor supera el límite equivalente a 187,5% de la cuota del país en el FMI, que es el aporte de cada miembro al organismo. Inicialmente es de 200 p.b. y aplica sobre el saldo deudor que excede dicho límite. Y si el saldo se mantiene por encima del límite durante un cierto período de tiempo (36 meses para los SBA y 51 meses para los EFF), el sobrecargo se incrementa otros 100 p.b., hasta 300 p.b.
Los sobrecargos aplican cuando el saldo deudor supera el límite equivalente a 187,5% de la cuota en el FMI y cuando se mantiene por cierto límite de tiempo (OPC)
Destaca el informe especial de la OPC: “Los sobrecargos se pusieron en práctica por primera vez en 1997, en un contexto de crisis financiera global en el que muchos países acudieron al FMI para solicitar financiamiento. Buscó proteger la capacidad crediticia del organismo, generando incentivos al repago anticipado de los préstamos de mayor monto y plazos más largos.”
Y recuerda el estudio especial que “en el caso de Argentina, desde el primer desembolso del SBA 2018 aplicaron sobrecargos por 200 p.b., dado que el saldo deudor superó el 187,5% de la cuota. A partir de noviembre de 2021 la tasa de sobrecargos se incrementó a 300 p.b., tras cumplirse 36 meses en esa situación”. La decisión sobre cualquier eventual modificación recae sobre el Directorio Ejecutivo, integrado por 24 directores que representan a los 190 países miembros del FMI.
De ahí surge que desde un punto de partida en marzo de 2022 de un pago de intereses neto de 4,25% anual, donde la tasa DEG representaba apenas 6% del total, se pasó en la actualidad a 6,67% anual, y una incidencia del componente variable del 40 por ciento.
Y dado que en ese lapso de 8 meses la tasa de suba del tipo de cambio mayorista que fija el Banco Central para las operaciones de comercio exterior y estimación de la deuda pública en moneda extranjera fue de 46%, el servicio de intereses en pesos que incide sobre el resultado financiero de las finanzas públicas se elevó en 128%; más del doble de la tasa de inflación del período (53 por ciento).
Desde un punto de partida en marzo de 2022 de un pago de intereses neto de 4,25% anual, se pasó en la actualidad a 6,67% anual en dólares
De todas formas, frente a la sostenibilidad de un índice de riesgo país por sobre los 2.300 puntos básicos, el cargo total del crédito Stand-by del FMI resulta, por lejos, el financiamiento más ventajoso para la Argentina.
Sin embargo, el Gobierno aspira a que el directorio del FMI acceda al recorte de los cargos extras. Así lo planteó el presidente Alberto Fernández en el encuentro que mantuvo en Bali el último miércoles con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Durante la reunión, que se desarrolló en el salón Tampaksiring de la planta baja del hotel Meliá, el Presidente planteó una revisión de las metas acordadas con el organismo de crédito para el tercer y cuarto trimestre del año. Además, insistió con la reducción de las sobretasas que cobra el organismo y solicitó que se compensen los costos de la invasión de Rusia a Ucrania, principalmente en materia energética y fletes.
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