Crisis cripto: qué piensa el Gobierno del derrumbe de los precios y cuáles son las medidas en estudio

El Gobierno puso un ojo en la crisis de las criptomonedas que se desató en las últimas semanas con el desplome de la plataforma FTX, una de las más importantes del mundo, que declaró su bancarrota y arrastró el precio de ese tipo de activos a niveles mínimos en los últimos años.

La política del Poder Ejecutivo respecto a la operación de las criptomonedas, su valor intrínseco como activo financiero y las recomendaciones a los usuarios que las utilizan se pueden resumir en: “no tienen valor por no ser respaldadas por una autoridad central, por lo cual se les recomienda no invertir en ellas, y además que presten especial cuidado con las publicidades engañosas”, destacan las fuentes consultadas por Infobae.

Es en este último punto en el que la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió insistir con medidas y un proyecto de ley del oficialismo que lo regule. Los informantes oficiales aseguraron a este medio que el Gobierno no modificó la agenda que lleva adelante sobre criptomonedas, más allá de la última crisis y desplome de ese mercado.

Un documento de la CNV al que tuvo acceso Infobae revela algunas de las recomendaciones que la entidad que regula el funcionamiento del mercado de capitales da a los inversores que elijan comprar criptomonedas. “Mas allá de las oportunidades que presenta el desarrollo del mercado de activos virtuales, es pertinente identificar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los usuarios o consumidores”, asegura.

En ese sentido, enumeró el organismo oficial: “Protección del consumidor/inversor: los criptoactivos plantean una serie de riesgos sustanciales para los consumidores/inversores. Esto incluye el riesgo de que los inversores adquieran productos y servicios inadecuados a su perfil de riesgo por no disponer de acceso a información completa, veraz o que pueda inducir a engaño, el riesgo de que los consumidores se vean expuestos a actividades fraudulentas y los riesgos derivados de la inmadurez o las deficiencias de las infraestructuras y los servicios del mercado”, alertó la CNV a los inversores.

En otro aspecto, la comisión consideró que es necesario prestar atención a la integridad de ese mercado. “Se encuentra todavía en una fase relativamente temprana de desarrollo. En consecuencia, muchos de sus participantes son poco sofisticados, los controles operativos son inmaduros y existen grandes asimetrías de información. Esto da pie a que se produzcan abusos y manipulaciones en el mercado en un entorno no regulado”, advirtió el organismo que preside Sebastián Negri.

También existe la posibilidad de que sean vehículos de delitos financieros. “Los criptoactivos pueden utilizarse para facilitar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas”, mencionó la CNV.

Y en ese sentido, pusieron sobre la mesa la necesidad de aprobar un proyecto, actualmente presentado en el Senado por parte de un grupo de legisladores del oficialismo, para regular la posibilidad de publicidad engañosa.

“Desde CNV identificamos a la publicidad engañosa y la falta de información adecuada como un problema clave de protección del consumidor/inversor en los mercados de activos virtuales, que se desarrollan, principalmente, sin un marco normativo o regulaciones específicas”, menciona el documento.

“En este aspecto, existe un proyecto de reforma de la Ley 26.831 y modificatorias, para que la CNV posea competencia en la regulación de la publicidad y los estándares de información mínima que deben proveer los Proveedores de Servicios con Activos Virtuales”, concluyó el informe.

El proyecto, presentado por los senadores Pablo Yedlin, José Neder y Guillermo Andrada, sostiene que es necesario un poder de supervisión mayor de la CNV para la forma en que las plataformas que operan criptomonedas venden sus servicios y prometen retornos a los potenciales inversores.

“Las revalorizaciones de los diversos instrumentos precitados han aumentado su atractivo como inversión, intensificado por las numerosas campañas publicitarias que, incentivando a inversores minoritarios a invertir en estos nuevos activos, sin disponer de información suficiente sobre su naturaleza y, en muchos casos, brindando información errónea, falsa, o poco precisa, que presta a confusión, conllevan a innumerables riesgos para los consumidores”, asegura el proyecto en sus considerandos.

Y por último, sostiene que “a través de publicidades engañosas, se pueden cometer actos ilícitos tales como estafas, fraudes y demás delitos, que la mera regulación, control y supervisión, evitaría o aplacaría”.

Hay una cuestión de fondo sobre el poder de regulación de un organismo como la CNV sobre el mercado cripto, y en el que está involucrado, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional, que sigue con mucho recelo la cuestión. Las conversaciones, que no tienen un horizonte de resolución inmediato y que sería un trabajo que podría continuar incluso luego de un cambio de Gobierno.

El núcleo de la cuestión es la creación de un registro de exchanges que operen criptomonedas, para lo cual el regulador debería estipular un marco normativo particular adaptado para ese mercado. Incluso los funcionarios analizan las regulaciones de otros países de la región para tomar ideas que puedan ser puestas en marcha con las leyes locales.

El papel del Fondo Monetario en el asunto está más relacionado a su preocupación por el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, uno de los puntos que incluso está explícito en el acuerdo firmado con la Argentina: la adaptación y modernización de marcos legales. El registro en cuestión, de todas maneras, se plantea como un objetivo que podría ver la luz avanzado el 2023 o el 2024, según fuentes oficiales.

Anteriormente, el presidente del Banco Central Miguel Pesce había considerado que el organismo no considera a las criptomonedas como activos y que desalentaba su operación. “No es ningún activo financiero porque en él no subyace un activo ni puede generar ninguna rentabilidad” y que “por eso prevenimos a a los inversores de baja sofisticación cuando compran u operen con este tipo de activos”.

“Al Banco Central -destacó- no le afecta que este tipo de instrumentos puedan usarse para transacciones pero sí nos preocupa que se utilicen para obtener ganancias indebidas sobre personas incautas o poco sofisticadas”. “Tampoco queremos que este tipo de instrumentos se vincule con nuestro mercado de cambios porque eso sí podría ser muy perjudicial para el instrumento y también para las regulaciones del Banco Central”, había afirmado el presidente de la autoridad monetaria.

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