En conjunto, los 3,5 millones de empleados públicos ganan más que los 10 millones de informales y cuentapropistas que hay en la Argentina

El secreto del “ajuste” argentino, dice un flamante informe, es que la cuenta la paguen los privados, a propósito, entre otras cosas, del siguiente dato: la masa salarial (remuneración efectiva más las contribuciones patronales para el sistema de jubilaciones, obra social, vacaciones, entre otros) de los 3,5 millones de empleados públicos que tiene la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal es superior a la masa de ingresos de los 10 millones de cuentapropistas y trabajadores del sector informal de la economía.

Mientras los empleados públicos reciben el 23,2% de la masa de ingresos total del país, los trabajadores informales (5,5 millones) y cuentapropistas (4,5 millones), un conjunto que abarca desde sectores de muy bajos ingresos, como el de las changas, hasta una amplia gama de profesionales y personas calificadas, reciben el 22 por ciento.

Teniendo en cuenta la cantidad de gente y la parte de la torta que reciben, resulta que el salario promedio en el empleo público más que triplica (es 201% superior) el ingreso promedio del sector de informales y cuentapropistas. Además, escribió Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral y autor del trabajo, los informales no cuentan con los beneficios de los empleados estatales y los cuentapropistas, a igual nivel de ingresos, pagan tasas de Ganancias muy superiores.

Tal es uno de los desequilibrios que señala el trabajo al contrastar el plan del gobierno de reducir la inflación mediante un acuerdo de “Precios Justos” por el que las empresas congelan el precio de 1.700 productos durante 120 días y limitan al 4% mensual los aumentos de los demás bienes y un contexto en el que el tipo de cambio, los salarios y las tarifas se indexan más del 6% mensual.

“La inconsistencia del plan es llamativa, pero no es un hecho aislado”, dice Vasconcelos, y remite a las diferencias entre empleados públicos e informales y cuentapropistas. “No puede disociarse el fenómeno de la marginalidad laboral con la presión tributaria existente, derivada de un nivel de gasto público desproporcionado para el tamaño de las actividades productivas del país”, dice el trabajo, que además de la disparidad al interior del mundo laboral destaca otras dos consecuencias de una estructura económica tan desequilibrada: las dificultades para conseguir insumos importados y la caída del crédito al sector privado.

“El embudo para importar es cada vez más angosto y está destinado a alterar el ciclo productivo de no pocos sectores y empresas”, apunta Vasconcelos, y en el tema crediticio resalta una “tendencia secular” a la contracción del crédito a empresas y familias, desplazadas por un Estado ávido de financiamiento.

Citando un paper previo, de Marcelo Capello, Laura Caullo y Joaquín Aguirre, también del Ieral, el autor recuerda que el salario promedio de los trabajadores informales equivale al 50% de la remuneración promedio de los empleados públicos. Las asimetrías empeoran con el desglose de la masa salarial: por el que en promedio los empleados públicos cobran más del triple que el promedio de informales y cuentapropistas.

En semejante panorama, enfatiza, “lo único dinámico en términos de creación de empleos es el sector público, con una nómina que en la década de la estanflación aumenta al ritmo del 3% anual acumulativo, contra una variación nula para el segmento privado”.

El contraste se acentuó con la pandemia, que aumentó la porción estatal en la masa de ingresos: los empleados públicos no vieron afectados (salvo reducción de horas-extra) los suyos y llegaron a cobrar sin trabajar, en detrimento de jubilados y trabajadores privados, como muestra el gráfico de estructura de ingresos.

En un contexto de desaceleración económica, ya reflejado en algunos datos de setiembre, informales y cuentapropistas serán el pato de la boda del ajuste: de ahí que Vasconcelos subraye la relación entre marginalidad laboral y presión tributaria, debido a “un nivel de gasto público desproporcionado para el tamaño de las actividades productivas del país”.

Ese desequilibrio entre un ingreso que crece más de lo que lo hacen los sectores transables y competitivos de la economía está a su vez detrás del embudo importador.

“Todo indica que las autorizaciones a importar para lo que resta del año llevarán a terreno negativo la variación interanual de las compras al exterior, cuando hasta octubre subían por encima del 20%”, dice el paper, y apunta el fuerte achicamiento del superávit comercial, “mientras se incrementa el uso de los créditos de comercio exterior en unos USD 8.000 millones”, muy difícil de estirar, ya que al tercer trimestre del año las deudas por operaciones de comercio exterior ya habrían superado los USD 30.000 millones.

La sequía y el daño sobre la campaña agrícola empeoran las cosas y ahondan el llanto “pero de ningún modo puede atribuirse a La Niña (por el fenómeno climático detrás de la sequía) la responsabilidad de las tribulaciones del sector externo”, dice Vasconcelos, y los sustenta precisando que la proporción de las cosechas argentinas en términos de las de Brasil se achicó de 59% en 2018/19 a 42,5% en el presente, según los volúmenes esperados para 2022/23.

“Es un fenómeno tendencial, no atribuible a la meteorología”, subraya el autor. En 2007/2008 Argentina y Brasil tenían un peso similar en las exportaciones mundiales del complejo sojero, cerca del 25%, pero Brasil trepó desde entonces al 40% y la Argentina descendió al 15%. En divisas, son USD 28.000 millones más que el país podría exportar si seguía a la par de Brasil “sólo considerando el complejo sojero”.

Para peor, sucesivos gobiernos justificaron medidas anti-exportación agroindustriales, como las retenciones, en nombre de metas de “industrialización”. Pero he aquí –muestra el trabajo” que la participación de bienes “made in Argentina” en las importaciones de los países vecinos se redujo a menos de la mitad entre 1998 y 2021: de 13,9% a 4,8% en las de Brasil, de 11,1% a 5,3% en las de Chile y de 22% a 13,1% en las de Uruguay.

Solo de haber mantenido su parte en Brasil (que este año importaría USD 275.000 millones) en vez de USD 13.000 millones la Argentina le vendería USD 38.000 millones, una diferencia de USD 25.000 millones que cambiaría notablemente el estrés de reservas que registra el Banco Central bajo la presidencia de Miguel Pesce.

El paper llega así al desplazamiento del crédito al sector privado debido a la voracidad del Estado en sus necesidades de financiamiento. Las emisiones de deuda interna del Tesoro, precisa, pasaron de 7,3% del PBI en 2020, a 8,2% en 2021, cerrarían en 9,9% en 2022 y se proyectan a 10,5% en 2023. No es gratis: el desvío del financiamiento bancario hacia el sector público hizo que en los últimos 4 años el crédito en pesos constantes al sector privado caiga más del 40 por ciento.

Detrás de estos fenómenos están el Estado y la macroeconomía. “El exceso de gasto del sector público ha empujado el consumo en detrimento del ahorro, impulsa la demanda de importaciones y afecta la competitividad de las exportaciones, por el atraso cambiario (inflación superior al aumento del dólar oficial) que conlleva, dice Jorge Vasconcelos.

El cepo cambiario y las restricciones para importar le dan otra vuelta de tuerca al asunto, deprimen la disposición y posibilidad a asumir compromisos de exportación y acentúan el sesgo antiexportador que confieren impuestos distorsivos como retenciones e Ingresos Brutos y llevan a que el país aproveche solo parcialmente las oportunidades que surgen en el mercado mundial. Hay sequía. Pero cuando llueve sopa el país suele andar con tenedor.

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