El Gobierno apura la reducción de subsidios: hasta cuánto pueden aumentar las facturas de luz y gas

Después de que el Estado gastó en los últimos 15 años unos USD 200.000 millones en subsidios a la energía y el transporte, el Gobierno decidió apurar el paso para achicar esa parte de la partida presupuestaria, casi equivalente al déficit de las cuentas públicas.

La medida viene de la mano de la “segmentación energética” diseñada pero no implementada por el exministro Martín Guzmán, a la que el equipo del ministro Sergio Massa agregó un umbral de consumo, y del artículo 89 del proyecto de Presupuesto 2023, que el miércoles último recibió media sanción de la Cámara de Diputados y fue enviado al Senado.

La quita de subsidios (esto es, la segmentación) se inicia este mes, en que cerca de 30% de los hogares perderá 20% de la reducción tarifaria que recibía hasta ahora, otro 40% lo perderá entre diciembre y enero y el restante 40% entre febrero y marzo de 2023.

La novedad que introduce el artículo 89 del Presupuesto 2023 es la orden al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que en 90 días realice las “revisiones tarifarias integrales” a aplicar a Edenor y Edesur, las distribuidoras eléctricas que atienden el Área Metropolitana, que entre Capital Federal y Gran Buenos Aires suma la mayor población y consumo eléctrico del país.

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Pero las provincias no quedarán al margen; otro tramo del artículo dispone que “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones”.

Esto significa que al aumento de las facturas derivado de la quita de subsidios se sumará el de la “revisión tarifaria” por la que aumentará el “Valor Agregado de Distribución” (VAD), el margen que se le reconoce a las distribuidoras por su parte en la cadena de generación, transporte y distribución de electricidad a los consumidores finales.

¿A cuánto pueden ascender estos aumentos? La respuesta es compleja, por la cantidad de variables involucradas y porque la segmentación estableció 3 niveles de usuarios residenciales (N1, perderán por completo los subsidios, N2, los retendrán y los aumentos estarán limitados al 80% del aumento promedio de los salarios, y N3, los perderán parcialmente), que a su vez se aplican a diferentes escalas tarifarias, por nivel de consumo, y porque si bien el umbral en el caso de la electricidad es fijo (400 KW por mes), en el del gas depende de la época del año y de qué zona del país se trate, amén de la categoría del usuario.

Alejandro Einstoss, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE Mosconi), dijo a Infobae que el aumento del VAD a Edenor y Edesur generará un “efecto cascada” en las tarifas eléctricas, en especial en los usuarios N1 (los que perderán por completo los subsidios). “Entre el aumento del costo de la energía (por quita de subsidios) más el aumento del VAD (por lo que Economía dispuso en el artículo 89 del Presupuesto) a un mismo nivel de consumo la factura se multiplicará por 4 respecto de los niveles de pre-pandemia”, agregó el experto.

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Antes de la sanción del Presupuesto, Einstoss había calculado a cuánto se irán las facturas eléctricas para un consumo de 300 KW por mes si además de la “segmentación” las tarifas se ajustan por inflación, para reducir la cuenta de subsidios, como el gobierno prometió en el acuerdo con el FMI que firmó a fines de marzo.

En tal caso, y para el área metropolitana, un usuario N1, que en agosto pasado pagaba $3.343, pasará a abonar $11.099 en febrero de 2023 (sube 232%), cuando pierda por completo el subsidio y, si el Gobierno ajusta las tarifas por inflación, suponiendo que en 2023 se repite el ritmo de 2022, a fin de año se elevará a $21.928 (+556%). Los usuarios N3 pagarían para esa misma fecha $6.109 (+86%) y los N2 (menores ingresos, retienen subsidios) $2.360, poco menos de 31% de lo que pagaban en agosto pasado. En todos los casos, el incremento del costo de distribución (artículo 89 del Presupuesto), haría esos aumentos mucho más empinados.

El caso del gas es más variable, porque depende de diferentes umbrales según la época y lugar del país o -incluso en caso de localidades cercanas o de clima similar- si fueron o no incluidas en la “ley de zonas frías”.

Einstoss hizo el cálculo para un usuario R22 (consumo anual de 651 a 800 metros cúbicos) de Metrogas (Área Metropolitana) y le dio que, tomando el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), cargos variables e impuestos, la cuenta habrá pasado de $1.718 en enero y $2.284 en agosto pasados a $3.348 en diciembre de este año y a $7.476 a fines de 2023.

Cruzando las diferentes variables, las distribuidoras de gas tendrán que aplicar hasta 30 tarifas diferentes, le dijo en un reciente seminario del IAE Mosconi Einstoss a María Tettamanti, directora general de Camuzzi, una de las distribuidoras de gas del país, quien resaltó la importancia de que los precios reflejen los costos de la energía.

El subsidio es una parte de la tarifa, explicó, pero en definitiva se trata de una política similar a la de precios máximos; cuando se congela el precio cae la inversión, la cobertura se paraliza y muchos potenciales usuarios siguen excluidos del sistema, consumiendo, por caso, gas de garrafas, mucho más caro.

Tanto el control de precios como los subsidios indiscriminados, dijo Tettamanti, llevan al derroche, a que mucha gente se quede sin el recurso y a que la inversión caiga, y no solo en el sector afectado, generando baja productividad, bajos salarios y dificultad para pagar las cuentas. Un círculo vicioso.

Ese círculo vicioso se refleja en la cuenta de subsidios que se acumuló entre 2008 y 2022: USD 200.000 millones, según los cálculos que aportó y graficó Einstoss, quien además proyectó que hacia 2023 la cuenta sobrepasará los USD 214.000 millones, resultado de USD 117.600 millones oblados durante las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, USD 47.000 millones durante la de Mauricio Macri y USD 49.400 millones en que terminaría la de Alberto Fernández.

Lo peor de todo, resumió Jorge Lapeña, presidente del IAE Mosconi, es que esa gigantesca suma no sirvió para la Argentina tenga una infraestructura, cobertura y servicios energéticos de calidad.

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Los subsidios alimentaron un sistema plagado de desequilibrios, como las “obligaciones” que menciona el artículo 89 del Presupuesto 2023 que ordenó realizar en 90 días la “revisión tarifaria integral” para mejorar los ingresos de las distribuidoras de electricidad, de modo que paguen los más de $500.000 millones que le deben a a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa, en la que confluyen Estado y sector privado), una devoradora fondos del Tesoro.

Los aportes a Cammesa, que subsidia a las generadoras de energía, subrayó Einstoss, explican el 80% del déficit fiscal vinculado a la energía. Que las distribuidoras no le paguen empeora las cosas.

El artículo 89, en suma, es un “Ahora 96″ eléctrico, para que las distribuidoras paguen en cómodas cuotas mensuales a lo largo de 8 años lo que deben. Un 40% de esa deuda está en cabeza de Edenor y Edesur, aunque en términos de retraso, decenas de empresas provinciales y cooperativas eléctricas deben muchos más meses.

Una planilla de Cammesa mostraba en agosto (la información no es pública) que la deuda de Edenor equivalía a 4,5 meses y la de Edesur a 5,8 meses de sus compras mensuales de electricidad (que luego distribuyen y facturan a millones de hogares) mientras, por caso, SPSE, la distribuidora estatal de Santa Cruz, debía unos 19 meses de electricidad. Entre 2018 y 2020 Cammesa inició 6 juicios contra distribuidoras del Interior (en algunos casos cooperativas) que llevan años sin pagar las cuentas.

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Tampoco es correcta la impresión de que las facturas de luz y gas son el Área Metropolitana más baratas que en el interior porque hay mayor nivel de subsidios. El precio mayorista de la electricidad, por ejemplo, es muy similar para todas las distribuidoras, la diferencia está dada por el costo de distribución que reconocen las diferentes jurisdicciones y por los impuestos que cargan a las tarifas. En el interior, incluso, los municipios suelen cargar en las cuentas eléctricas o de gas tasas como la de alumbrado, porque la tasa de cobrabilidad de esos servicios es mucho mayor que los de cargos provinciales y municipales, una práctica que distorsiona la percepción de los consumidores.

Para los hogares, los subsidios han sido un alivio sustancial del costo de los servicios, pero la cuenta ya abruma las cuentas públicas. En el caso de la electricidad, llegaron a cubrir el 88% del costo del servicio eléctrico en 2015 y se redujeron a un mínimo de 22% en febrero de 2019, para luego volver a ascender, cerrar ese año en 35% y promediar 63% este año. Segmentación mediante, se reducirían a 51% en 2023. En el caso del gas, el pico también fue en 2015, con 86%, el mínimo en abril de 2019, con 4%, y desde entonces volvieron a ascender, promediando ese año al 26% y este año 75%, que Economía pretende reducir a 60% en 2023. La “meta” del gobierno, incluida en la más reciente revisión del acuerdo con el FMI, es reducirlos el monto de subsidios en medio punto del PBI.

La “revisión tarifaria integral” que ahora se le impone al ENRE en un plazo de 90 días para actualizar el “Valor Agregado de Distribución” de las distribuidoras es el mismo mandato, que debía cumplirse en 180 días, de los artículos 5, 6 y 7 (“Título 3: Sistema Energético”) de la ley 27.541, ″De Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, sancionada el 23 de diciembre de 2019), dos semanas después de la asunción presidencial de Alberto Fernández.

El Gobierno se propone hacer ahora, en 3 meses, lo que no hizo en 3 años en los que pasaron 3 secretarios de Energía y 3 ministros de Economía. La duda es si en un año electoral estará de verdad dispuesto a pagar el costo político de sus asignaturas pendientes. Del otro lado observa el FMI.

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