Panamericana y el Acceso Oeste: una corte internacional le exigió al Gobierno que no avance en su plan de anular las concesiones

La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) dispuso que en forma cautelar Argentina se abstenga de tomar decisión alguna respecto a la concesión de Grupo Concesionario Oeste (GCO), según detalló la agencia de noticias española EFE

La medida del tribunal arbitral fue informada hoy a los mercados en Argentina por GCO, empresa que el pasado jueves anunció su decisión de recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje luego de la decisión del Gobierno argentino de solicitar a la Justicia la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas. La española Abertis es accionista de GCO y también de Autopistas del Sol, empresas que gestionan el Acceso Oeste y la Panamericana.

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Según la nota remitida por GCO que cita la agencia, la Corte “ha dictado una medida interina que hace saber al Poder Ejecutivo que debe abstenerse de solicitar o impulsar” cualquier “acción o demanda de nulidad o lesividad, o medida cautelar accesoria de dicha acción judicial ante los tribunales argentinos” en relación al contrato de concesión de GCO, compuesta además del accionista mayoritario Abertis, con casi 43%, el grupo malayo IJM (20,10%), el fideicomiso Supervene I (5,73%) y el resto cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

De acuerdo al comunicado enviado a la Comisión de Valores de Argentina, la medida adoptada por el tribunal arbitral “ya ha sido notificada a las partes del procedimiento y se dispuso que rija hasta el día 5 de noviembre” próximo.

Según su sitio web, la Corte Internacional de Arbitraje de ICC, que nació en 1923, “es la institución arbitral de mayor proyección internacional” y tiene más de 100 miembros procedentes de numerosos países y con equipos profesionales, jurídicos y culturales diversos.

El pasado martes 11 de octubre, el Gobierno presentó una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para anular el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación con Autopistas del Sol (Ausol), que opera en el acceso Norte. El accionar judicial había sido anunciado el mes pasado en una conferencia de prensa por el Fernández. El Presidente dijo en ese momento que los convenios eran “distorsivos” y que había generado “daño económico al Estado y a los usuarios”.

“Esta acción tiene como objetivo que se declare nulo el Acuerdo Integral de Renegociación que establecía, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte perjudicando a los argentinos y argentinas”, detallaron en un comunicado.

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En el marco de las renegociaciones de los contratos, el Gobierno de Fernández asegura que la administración anterior, a cargo de Mauricio Macri, reconoció en 2018 “sin ninguna justificación” una deuda bruta a favor de las empresas por 813,1 millones de dólares (540,2 millones de dólares en el caso de Ausol y 272,6 millones en el de GCO), que con los intereses ascendía a 1.161,3 millones de dólares.

También cuestiona que se “dolarizó” los contratos que antes estaban en pesos y se fijó un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, otorgando una “rentabilidad extraordinaria” a las compañías. Además, objeta que se hayan prorrogado de “manera arbitraria” hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020.

El jueves pasado, en tanto, los concesionarios de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste anunciaron que se iban a presentar en una instancia de arbitraje internacional ante la decisión del Gobierno de rescindir los contratos.

Con información de EFE

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