El avance del Estado: cómo bajó la participación del sector privado en los ingresos de los argentinos en los últimos diez años

Tanto si se toman como referencia los últimos 10 o los últimos 3 años, los ingresos del sector privado han perdido peso en la estructura de ingresos fijos o regulares de los hogares argentinos, a expensas de aquellos que paga el Estado en forma de salarios públicos, jubilaciones y pensiones y planes sociales.

De 2012 a 2022 la participación de los ingresos privados (de 9,9 millones de asalariados privados formales y de 10,1 millones de personas que trabajan en la informalidad) cayó de 66 a 59% de los ingresos totales, a expensas de los ingresos pagados por el Estado, que pasaron de 34 a 41% del total.

Además, dice un estudio de Marcelo Capello y Laura Caullo, investigadores del Ieral de la Fundación Mediterránea, el retroceso también se verificó en los últimos 3 años. El 2020, por la pandemia, fue el año en que el sector privado estuvo más agobiado y retrocedió a su nivel más bajo, 57% de los ingresos fijos de la población, el menor en 18 años. A su vez, considerando el total de ingresos fijos, en 2022 la masa de ingresos agregados tendría una variación negativa del 0,3% respecto a 2021, siendo los jubilados los más afectados, con una caída interanual del 6,5% en el poder adquisitivo de su ingreso promedio. Al respecto, los autores precisan que el haber previsional mínimo (que perciben 63% de los jubilados) presenta este año una caída del 6% considerando los bonos y del 13% si no se los considera.

“Ante la aceleración de la inflación de los últimos meses, nuevamente se da que salarios, jubilaciones y programas sociales corren de atrás a los precios. Mientras que asalariados formales pueden afrontar mejor la aceleración inflacionaria, el conjunto de informales y cuentapropistas avecinan una pérdida de poder adquisitivo estimada en 6,5% en términos reales”, dice un pasaje del trabajo.

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Además, señala, respecto a 2019 este año cobraron fuerza los ingresos pagados por el Estado a empleados públicos y beneficiarios de planes sociales, en tanto perdieron peso el sector privado en general y la remuneración de los jubilados.

Al observar la dinámica de precios e ingresos de los últimos años, el trabajo señala que en la segunda mitad de 2021 y primeros meses de 2022 los salarios habían dejado de perder frente a la inflación, pero ante la aceleración de los últimos meses volvieron a correr de atrás a los precios. Lo mismo pasó con las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), debido a que el ajuste por movilidad pierde en una dinámica de inflación creciente, por lo que en 2022 quedó sucesivamente debajo de la marca trimestral de inflación.

En ese contexto, dice el trabajo, “las mejoras en el consumo que se visualizaron en últimos meses de 2021 y comienzos de 2022 tienden a desvanecerse y pasar a una caída en las compras de bienes y servicios de consumo, fuertemente ligadas al nivel de la masa de ingresos fijos de la población”. Esto se debe a que el consumo masivo depende básicamente de los ingresos fijos, en tanto el de no durables depende también de otras variables, como la existencia o no de crédito, el nivel de las tasas de interés y el ánimo o expectativas de la población.

Con una inflación que este año podría acumular 100% los ingresos no logran sostener poder de compra. “las tasas de pobreza e indigencia del 36,5% y 8,8% continúan en un nivel históricamente alto, siendo superadas (solo) por tasas en años de importantes crisis económicas: fines de los ´80, 2001-2002 e irrupción de la pandemia y confinamiento de 2020″, señala otro pasaje del estudio.

En ese contexto, los autores sopesan el reciente anuncio de un bono de $ 45.000 que anunció el gobierno, a pagar en noviembre y diciembre a personas en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, bajo la línea de la indigencia. “En esta situación se encontrarían 4,1 millones de argentinos, entre niños y adultos, que no cubren las necesidades alimentarias, aunque en principio el bono podría otorgarse a 2 millones de personas, dado que resulta incompatible con la AUH, la Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo y otras prestaciones sociales”, precisan, y estiman el costo fiscal del bono en $90.000 millones, que equivaldría al 31% del dinero en planes sociales.

En cuanto a la división del origen de ingresos en privados y públicos, el estudio explica que dentro de los ingresos provenientes del sector público se incluyen la masa salarial de trabajadores del Estado, de planes sociales y de haberes previsionales. Dentro del ingreso privado, la masa salarial tanto de trabajadores formales e informales que se desempeñan en el ámbito privado. Estos últimos se expandieron hasta 2012, cuando alcanzaron su pico de participación en el total (66%), en el marco de la recuperación económica del período 2003-2011 (con la excepción de la recesión de 2009) y del aumento del empleo privado.

“A partir de 2012, en cambio, se comienza a afianzar un proceso de estanflación que continúa y en el que el sector privado emprendió una pérdida paulatina de peso relativo en la masa de ingresos total, y en que prácticamente no se creó empleo privado formal. Desde ese pico del 66%, la participación del sector privado cayó hasta 59% en 2022 (baja de 7,1 puntos). El 2020, por la pandemia, fue el peor año para el sector privado (57%); hay que remitirse a 2003 y 2004 (años de salida de la crisis del 2001) para encontrar números más bajos (52% y 56%, respectivamente).

A su vez, en relación al PBI, el porcentaje de masa salarial de 2021, del 48%, marca el piso del período 2003-2022. Hay que remontarse a 2005 para hallar un número similar. En esa métrica, el 2020 muestra un valor atípico, pues el 53% de ese año sugiere una mejora, pero se explica casi exclusivamente por la caída de 9,9% en el PBI en el marco de la pandemia y los confinamientos, que eleva el peso de la masa salarial.

Superada esa circunstancia, dice el trabajo, se evidencia “el bajo nivel en el que se encuentran actualmente los ingresos de las familias: 49% con relación al PBI, en promedio para los años 2021 y 2022″. El trabajo resalta también que el aumento del peso de los programas sociales a partir de 2020, seguido por una leve baja en 2021 y un nuevo aumento en 2022, en que los planes sociales aumentan al 2,3% de los ingresos totales, más que duplicando el promedio 2003-2019.

También allí se verifica la pérdida del peso de los ingresos generados en el sector privado, que de explicar el 36% del PBI en 2012 (22% asalariados privados formales y 14% informales) cae a un estimado de 29% en 2022.

Los grandes perdedores fueron los jubilados. En 2020 sus ingresos representaban 8,6% del PBI, en 2021 y 2022 su participación cayó fuertemente, a 6,9% y 6,7%,, respectivamente. La última vez que el peso de la masa salarial jubilatoria fue tan bajo fue 2014, un año recesivo, dice el estudio, que destaca también que la participación en el PBI de los asalariados privados formales también se vio muy afectada estos últimos años: el 18% correspondiente a 2021 y 2022 es comparable a lo observado en el año 2008.

En este panorama, concluye el trabajo, durante 2022 los salarios terminarían en promedio por debajo de la pauta inflacionaria: los 9,9 millones de asalariados formales, tanto del sector público como del sector privado son quienes, aun con rezago, mejor afronten la situación debido a que sus retribuciones se ajustan por paritarias. Para el conjunto de informales y cuentapropistas (la otra mitad de los ocupados, 10,1 millones de personas) es un año magro en retribuciones, con una pérdida de poder adquisitivo estimada en 6,5 por ciento.

Además, en base a datos de salarios formales del Ministerio de Trabajo de la Nación el trabajo precisa también que los asalariados privados formales del sector privado cobran, este año, un 83% de lo que cobran los asalariados registrados del sector público, el gran recaudador y dispensador de ingresos de la economía argentina.

De hecho, en materia de asistencia social, el estudio identifica programas principales: 1) Potenciar Trabajo, destinado a personas en edad laboral, 2) AUH, 3) Tarjeta Alimentar, destinadas a menores de edad y que puede incluir becas educativas, 4) Plan Progresar, y el programa laboral “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.

La suma de estos cinco programas que resumen el asistencialismo dan cuenta de un desembolso equivalente a $ 1,3 billones (1,7% del PIB). En comparación con el nivel de gasto en 2010 (donde ya existían AUH y el plan Argentina Trabaja, antecesor del Potenciar Trabajo), el crecimiento es de un 126%, donde a precios constantes del presente año, significa que se gastan $ 737.000 millones más que en 2010, precisa el estudio.

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