Con la dosis intermedia entre la ortodoxia que demanda el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la heterodoxia que exige el kirchnerismo, el equipo económico buscará reducir los actuales niveles de inflación a un 3 o 4 por ciento mensual a principios del 2023 con ajuste fiscal y más controles de precios para acercarse a la meta del 60% planteada en el presupuesto.
Fuentes del equipo económico se mostraron muy preocupadas por el nivel de la inflación más allá de la baja registrada en septiembre respecto de agosto (aunque destacaron la baja de la inflación núcleo), en un contexto de alta sensibilidad sociopolítica y con las elecciones presidenciales cada vez más cerca. El propio ministro Massa dijo que están lejos del nivel que pretenden luego que se conociera el dato del Indec del 6,2% de septiembre y 83% el último año.
En este sentido, afirmaron a Infobae que la intención es salir del actual promedio en torno del 6% mensual para volver al 3-4 por ciento a principios del año próximo.
Por lo pronto, afirman que los indicadores de alta frecuencia que manejan en los despachos oficiales reflejarían una inflación más cercana al 5,5% para octubre.
Economía cree que la inflación de octubre podría estar más cerca del 5% y aspiran a que ronde el 3 o 4 por ciento mensual a principios del 2023
Al respecto, las fuentes destacaron que la convocatoria a las empresas de alimentación para tratar de frenar la suba de precios en el sector no implica un potencial congelamiento -como lo señaló Massa desde Washington- y reiteraron que el ancla es fiscal y que se mantendrá el camino de cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cerca de Massa no se animan a hablar de “plan de estabilización” –que, por otro lado, requiere de un apoyo interno y de un plazo de aplicación que a priori no existen- sino más bien de medidas de “contención” para que se salga de la actual cornisa inflacionaria en la que cualquier situación externa o doméstica puede derivar en una espiralización, en sintonía con lo que señaló esta semana la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
“No es un régimen nuevo, sino salir del actual sendero complejo”, admiten. Un plan de estabilización al estilo del Austral o de la Convertibilidad, afirman, requiere de plazos mayores y de un consenso dentro de la coalición gobernante que, claramente no existen, porque el kirchnerismo más duro “quiere reducir la inflación al 2% mensual pero sin pagar los costos para lograrlo”.
Antifebril
En este contexto, el diálogo con las empresas sería un “antifebril” para facilitar que las partes puedan moderar sus pedidos –mientras los sindicatos piden reabrir paritarias por la inflación del 100% prevista para este año- aunque no será fácil coordinar porque “siempre algún sector se puede quedar rezagado”.
En el plano monetario, en base al dato del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, el Banco Central podría tomarse una pausa en la estrategia de suba de las tasas de interés que adoptó en los últimos meses para intentar colocarlas en un terreno neutro o positivo, tal como acordó con el FMI.
“La idea era dar un sacudón inicial agresivo pero no transformar esto en un camino permanente”, aclararon las fuentes, sabiendo que el costo colateral de la suba de las tasas es un mayor endeudamiento del BCRA y más dificultades para acceder al crédito, lo que deriva en un enfriamiento mayor de la economía.
En el plano cambiario, con una venta promedio esperada de USD 50 millones diarios en octubre de reservas del Banco Central, la intención es cumplir con la meta acordada con el Fondo para fin de año en base al ingreso de créditos de los bancos multilaterales –este viernes se confirmó el crédito del BID de libre disponibilidad por USD 700 millones- que sumarían USD 2.000 millones hasta fin de año.
Si se termina de renegociar con éxito con el Club de París el oneroso acuerdo que firmó Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner habrá un alivio adicional, sumado al giro de unos USD 5.800 millones del FMI una vez que en diciembre se revisen formalmente las metas del tercer trimestre, que estarían, según Massa, cumplidas.
A la vez, con los nuevos controles a las importaciones, la Aduana estima que se podría reducir en unos USD 500 millones mensuales el flujo de pagos al exterior por mercadería que estaba protegida por medidas cautelares.
Mientras tanto, en este panorama de sábana corta, los funcionarios admiten que la brecha cambiaria se mantendrá alta –en un contexto global más negativo por la suba global del dólar- y la apuesta modesta consiste en que no suba más. En una situación normal, admiten, el objetivo suena demasiado modesto, pero en este un escenario tan frágil, resulta ambicioso.
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