A partir de noviembre, comenzará la quita gradual de subsidios a la tarifa de agua para los usuarios de la empresa Aysa, cuya área de concesión abarca la cuidad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La segmentación de tarifas incluye la eliminación total de los subsidios a los hogares de mayores ingresos y una quita escalonada par los hogares de ingresos medios, de acuerdo a su ubicación geográfica.
Sin embargo, aquellos usuarios que a pesar de estar ubicados en las zonas calificadas como de ingresos altos o medios quieran mantener el subsidios por su situación económica, podrán inscribirse en un registro online, que ya está disponible en la web www.argentina.gob.ar/eras. Las personas mayores o que no tengan acceso a internet podrán hacerlo en las sucursales de Aysa en forma presencial.
Cómo será la quita de subsidios para la tarifa de agua
A diferencia de la energía eléctrica y el Gas Natural, la segmentación de subsidios para los usuarios de Aysa se determinará de acuerdo a la ubicación de cada domicilio que recibe el servicio, en función de los coeficientes zonales (altos, medios o bajos).
A partir de noviembre, los usuarios ubicados en las zonas de ingresos altos dejarán de recibir subsidios y comenzarán a pagar la tarifa plena (se estima que es un 15% de los usuarios).
Los usuarios ubicados en las zonas de ingresos medios tendrán una quita gradual: el subsidio se reduce a 40% en noviembre, 20% en enero y tarifa plena a partir de marzo de 2023.
Los usuarios ubicados en las zonas de ingresos bajos, tendrán subsidios del 45% a partir de noviembre, 30% a partir de enero y 15% en marzo. Ese 15% de subsidios lo mantendrán por un año. Los hogares que cuentan con la tarifa social mantendrán el subsidio y no es necesario que se inscriban en el registro online.
“La segmentación tarifaria para reducir los subsidios se hace en función de la categoría y del coeficiente zonal. Esta medida tiene como finalidad una distribución equitativa y con tarifas racionales para el valor del agua en toda la zona de concesión de la empresa Aysa, que son 26 municipios de conurbano y la ciudad de Buenos Aires”, explicó Walter Méndez, presidente del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
“La quita será a partir de noviembre, de acuerdo los cortes de facturación que no son iguales para todos los clientes, son semanales. Quizá en la ultima semana de noviembre se puede comenzar a ver el impacto en la factura y en la primera semana de diciembre de este año. Los usuarios que están dentro del coeficiente zonal alto pierden los subsidios en noviembre”, aclaró.
Quiénes podrán pedir mantener el subsidio
Se podrán anotar los hogares que cuenten con:
- Ingresos netos menores a un valor equivalente a dos Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar Tipo 2 según el INDEC. Ese valor equivale en octubre a $239.514.
- Un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).
- Un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM.
- Al menos un integrante del hogar con Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Al menos un integrante con certificado de discapacidad y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).
Con todo, quedarán excluidos quienes sean propietarios de dos o más inmuebles, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, o sean propietarios de un vehículo de hasta tres años de antigüedad (excepto los hogares donde exista al menos un integrantes con Certificado Único de Discapacidad).
El beneficio de mantener el subsidio tendrá una vigencia de un año desde la fecha de aceptación y se podrá renovar bajo las condiciones que fije el ente regulador. “Puede haber usuarios que por problemas estructurales o circunstanciales no puedan afrontar el pago total de la factura. Los hogares ubicados en las zonas clasificadas como altas y medias pueden inscribirse en este registro para mantener lo subsidios a través de una delcariaon jurada”, indicó Méndez. Esos datos luego serán chequeados con la información disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).
“Otra herramienta es el programa de tarifa social, que está dirigido a hogares con problemas económicas permanentes o transitorios que funciona muy buen y tiene mínimos errores de inclusión y exclusión. Es focalizado y es para hogares con ingresos menores a los $216.765, que acceden a una tarifa de $256 mensuales. Se analiza si los costos que tienen de celular, internet y televisión por cable menores a $4.300″, detalló el presidente del ERAS.
Para inscribirse se debe tener a mano el número de cuenta de servicio y de factura, el número de identificación de suministro (en el caso de los consorcios), el último ejemplar de DNI, CUIL, dirección de e-mail y el dato de los ingresos de todos los que habitan en el hogar.
Qué pasa con los inquilinos o quienes no tienen el servicio a su nombre
Los inquilinos o las personas que no tengan el servicio a su nombre se van a poder registrar para mantener los subsidios pero deberán indicar que no son los titulares. Van a poder registrarse como “usuario de servicio”.
Cómo se pueden inscribir los hogares que tienen una sola factura a nombre del consorcio
Las condiciones para mantener los subsidios permiten que se pueda solicitar el beneficio aun cuando la boleta llegue a nombre del consorcio. En ese caso, se debe utilizar el número de cuenta de servicio junto con el número de suministro (es la porción dentro de la distribución del consorcio). Luego de obtenido el beneficio, el administrador de consorcio deben dar el descuento correspondiente a cada unidad.
En el área de concesión de Aysa apenas el 20% de los consumos cuentan con medidores. “La idea del ente regulador es tender a la micromedición junto con las políticas de uso racional del agua potable”, dijo Méndez.
De acuerdo a los números del ERAS, hay 1,4 millones de usuarios que comenzarán a perder los subsidios a partir de noviembre. Mientras que Aysa cuenta con 14 millones de usuarios, entre ellos 11 millones para el servicio de agua potable y 9 millones para servicios de desagües.
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