Raramente un mensaje repite tantas veces lo mismo: lo cierto es que el Staff Report y los documentos que emitió el viernes el Fondo Monetario Internacional FMI) tras aprobar un desembolso de USD 3.800 millones de dólares para la Argentina, que girará al Banco Central el próximo lunes, menciona 5 veces la necesidad de que el actual programa económico, en el marco del acuerdo firmado en marzo pasado, tenga “apoyo político”.
Más aún, en 2 de esas 5 menciones el concepto está reforzado con la palabra “strong”; esto es, “fuerte apoyo político”.
Es que el Fondo está advertido de las tensiones al interior de la coalición de gobierno y de la poca disposición del socio mayor, el kirchnerismo, a asumir costos en nombre de una política que –sospecha- lo llevaría a la derrota en las elecciones presidenciales del año próximo.
Mientras la propia vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, secundada por voces como las del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Andrés Larroque, ya señaló su impaciencia con la política económica y pidió acciones más decididas con el precio de los alimentos, el equipo económico y el FMI apuestan a un esquema de ordenamiento macroeconómico que reduciría la tasa de inflación muy pero muy gradualmente. Tanto, que en la noche del viernes funcionarios del Fondo dijeron que la apuesta es que la tasa de inflación descienda desde el actual 6 a 7% mensual a 3,5% hacia fines de 2023, cuando se inicie el próximo gobierno.
Enormes diferencias
Son diferencias enormes. Mientras el kirchnerismo piensa en la imposición y control de precios como método expeditivo para bajar la inflación, el equipo económico (lo expresó el propio viceministro, Gabriel Rubinstein, al defender en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2023) y el FMI creen en un camino lento y esforzado: reducción del gasto público, del déficit fiscal y de la emisión del Banco Central, mayor “eficiencia” en el uso de los subsidios a la luz, el gas y el agua (léase, aumento más rápido y amplio de tarifas), mejor control de importaciones, para asegurar un macizo superávit comercial, y acumulación de reservas lo más rápida posible, para achicar las expectativas de inflación y, por esa vía, reducir también el ritmo de los precios. Un método largo e impopular.
“Una implementación más decisiva del programa sigue siendo esencial para reducir incertidumbres, reconstruir la credibilidad política y mantener el programa como ancla. Políticas macroeconómicas ajustadas son necesarias no solo para asegurar objetivos en programas clave, sino también para moderar la demanda doméstica, controlar una inflación alta y persistente y evitar un ajuste desordenado”, advierte un pasaje de los documentos del Fondo, en el que las dos últimas palabras se leen “devaluación y descontrol inflacionario”.
Nadie, piensa el kirchnerismo, puede ganar una elección “moderando la demanda doméstica” y llegando a la cita con las urnas con tasas mensuales de 4% mensual o más. Al fin y al cabo, en 2019 el gobierno de Mauricio Macri perdió la elección presidencias en primera vuelta cuando la tasa de inflación mayorista de agosto de ese año rumbeaba al 1,5% y la minorista llevaba varios meses en descenso y ya estaba por debajo del 2% mensual.
El “Staff Report” del FMI trasunta conocimiento de estas tensiones y celebra las “valientes acciones” del actual equipo económico. “En las semanas que pasaron -dice otro pasaje- el ministro Massa reforzó sus compromisos para implementar el programa apoyado por el Fondo y cumplir las metas mediante acciones decisivas orientadas a; i) restablecer el orden fiscal, con énfasis en una mejor distribución de subsidios , mejor priorización del gasto y estricto manejo del presupuesto, ii) asegurar tasas de interés reales positivas (esto es, superiores a la inflación) para movilizar el financiamiento doméstico y limitar el financiamiento monetario (léase, emisión del BCRA) del déficit; y iii) aumentar las reservas internacionales, con medidas dirigidas a mejorar el balance comercial y renovados esfuerzos para movilizar el apoyo externo”, dice un extenso pasaje.
Por cierto, el equipo de Massa anunció hoy medidas de control más estricto de las importaciones. Más allá de maniobras irregulares o fraudulentas que se detectaron bajo el actual esquema, que pasará a retiro el 17 de octubre, lo cierto es que menor nivel de importaciones se asocia a menor nivel de actividad económica interna, en una economía que ya dio signos de haberse amesetado y tender a la recesión, tal vez el único modo con el que logre ponerle un tope al ritmo mensual de la inflación. En cualquier caso, dice el Fondo, “la situación sigue siendo frágil y los riesgos de (fracaso) del programa siguen siendo muy elevados”.
Para peor, el mundo no ayuda. El FMI señala la probabilidad de una guerra prolongada en Ucrania, un ajuste más severo de lo previsto de las condiciones financieras globales y una probable reversión de los términos de intercambio (léase, caída del precio de los commodities)”. Esos escenarios, dice el Staff Report, tendrían efectos negativos sobre la Argentina y podrían hacer re-emerger las presiones de mercado. Esto es, un “escenario Batakis”.
“A pesar de las recientes y decisivas acciones del nuevo equipo económico, los riesgos de implementación siguen siendo altos y es probable que aumenten a medida que se acerquen las elecciones de octubre de 2023″ (Staff Report del FMI)
Por si el sesgo político de esos señalamientos no fuera del todo claro, el Fondo agrega que “a pesar de las recientes y decisivas acciones del nuevo equipo económico, los riesgos de implementación siguen siendo altos y es probable que aumenten a medida que se acerquen las elecciones de octubre de 2023″.
Así las cosas, el Fondo cree que la inflación 2022 será del 95% y se atiene a la proyección presupuestaria de 60% para 2023. Además, le aflojó al gobierno la meta de acumulación de reservas de este año (de USD 5.800 a 5.000 millones) pero recargó en igual medida la de 2023, de USD 4.000 a 4.800 millones.
El Staff Report también pospone varias metas de tipo “estructural” a las que se había comprometido Martín Guzmán, como las el ajuste tarifario, monitoreo de programas sociales (para impedir duplicación de beneficios) definición de cambios para mejorar la “equidad y sostenibilidad” del sistema jubilatorio.
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