Un proyecto de Ley busca que el Estado administre y alquile las propiedades que pasen más de 90 días vacías en la CABA

La agrupación Inquilinos Agrupados ingresó recientemente en la Legislatura porteña el proyecto de Ley N° 2563-P-2022 que propone la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del Régimen de Alquiler Protegido (de esta manera los propietarios estarían obligados a alquilarlas).

Entre los fundamentos que se tomaron para presentar la normativa sostienen que en Buenos Aires, según el Censo de 1991, había 40.000 viviendas vacías. Ya en el 2010 eran 341.000. Esta cifra ubica a la ciudad primera en el ranking de cantidad de viviendas libres por habitante. Pero actualmente ese número se agravó porque según sostienen los autores del proyecto existen unas 500.000 unidades en alquiler (aunque miles de dueños desde que rige la Ley de Alquileres N° 27.551 sacaron sus inmuebles del mercado de alquileres para ponerlos en venta u otros destinos).

El Instituto de Vivienda de Buenos Aires (IVC) registró 185.235 viviendas ociosas, entre las que no incluye aquellas ofrecidas en alquiler, que estaban en construcción o sujetas a un uso temporal no residencial. Por su parte, el Consejo Económico y Social indica que existen en el territorio porteño más de 288.000 viviendas ociosas, que representan un 20,2% del parque habitacional.

En materia de viviendas destinadas a alquiler turístico, mientras que por Ley 6255/19 es obligatorio registrarlas, sólo lo han hecho 300. Solo en la plataforma Airbnb hay 16.000 viviendas publicadas. De los avisos para alquiler publicados en el portal Zonaprop, el 60% se ofrece en dólares.

Desde Inquilinos Agrupados esgrimen que la magnífica multiplicación de renta basada en el precio de pozo, la dolarización, la valorización del metro cuadrado y la devaluación del peso, “afianzan un negocio de múltiples beneficios, cada vez más exclusivo y a la vez excluyente”. Hay un hilo conductor en el fomento de la construcción indiscriminada, la especulación y la renuncia a la atribución estatal de regular el mercado inmobiliario que, en este contexto, tolera que existan miles de inmuebles desocupados mientras miles vecinos no tienen donde vivir, sostienen. Según argumentan, las familias porteñas deben pagar más del 60% de sus ingresos para rentar una vivienda.

Para llevar adelante el proyecto de Ley N° 2563-P-2022 justifican desde Inquilinos Agrupados que no hay dudas de que el mercado inmobiliario construye viviendas para dejar vacías, con consecuencias sociales y habitacionales gravísimas. “Aumento del valor del suelo, condiciones cada vez más restrictivas para conseguir vivienda, y alquileres que significan más de la mitad de nuestros ingresos”, dicen.

“Toda ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora de que aquí también suceda”, sostienen.

Los rasgos sobresalientes del proyecto son los siguientes:

1-Vivienda vacía: toda vivienda vacía por más de 90 días ingresa de forma obligatoria al Sistema de Alquiler Protegido.

2-Sistema Alquiler Protegido: las viviendas que ingresen al alquiler protegido serán alquiladas y administradas por el IVC (Instituto de la Vivienda). El precio del alquiler será equivalente al 1% del valor fiscal (valuación que estipula el Gobierno porteño para las propiedades).

3-Herencia vacante: las viviendas con herencia vacante deberán ingresar al Sistema de Alquiler Protegido

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, dijo que “cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico. Hemos decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la ciudad. Ahora, comienza la campaña de juntada de firmas en todos los barrios porteños en donde los inquilinos podrán sumarse. Necesitamos 38.000 firmas para que nuestro proyecto sea tratado en la legislatura”.

Desde la agrupación informaron a Infobae que necesitan esa cantidad porque estiman que el oficialismo integrado por Juntos por el Cambio no lo tratará, pero al obtener el aval de los inquilinos de la ciudad “lo vamos a lograr, porque ya vamos muy bien, hay una campaña por distintos barrios donde la gente está completando un formulario para que nos permita que los legisladores traten este proyecto”.

Se estima que en la ciudad hay 1,2 millones de inquilinos y así cómo se logró que desde 2017 la comisión inmobiliaria a la hora de hacer el acuerdo lo pague el dueño, y la Ley de Alquileres nacional en 2020, “vamos a lograr terminar con la especulación de aquellos que tienen decenas de viviendas vacías”, amplió Muñoz.

Seguir leyendo: