Guillermo Michel, titular de la Aduana: “Con orden fiscal detectamos más de 1.700 casos de sobrefacturación de importaciones por USD 360 millones”

Guillermo Michel es uno de los hombres de confianza de Sergio Massa. Ex asesor suyo en la Cámara de Diputados, fue designado al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) a mediados de junio pasado, antes de que el tigrense llegara al Palacio de Hacienda.

Michel conoce el área como pocos: ya ocupó el mismo cargo en 2015 y antes fue subdirector de Coordinación Técnico Institucional, un puesto clave en el organismo. Entre 2012 y 2015 fue el segundo de la AFIP.

Este entrerriano de 45 años, nacido en Gualeguaychú, es abogado y contador graduado de la UBA con un posgrado en Derecho Tributario y una maestría en Finanzas. Se trata de un técnico cultor del bajo perfil, que regresó al área con objetivo de profundizar el proceso de fortalecimiento de las áreas de control y fiscalización de la Aduana para evitar maniobras abusivas del comercio exterior.

En diálogo con Infobae, Michel habló del acuerdo de intercambio automático de información fiscal con Estados Unidos, de la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones y del nuevo blanqueo para importaciones industriales que Massa incluyó en el Presupuesto. También de la “percepción de riesgo” que debe generar el organismo.

— En el proyecto de Presupuesto propusieron un nuevo esquema de blanqueo para importaciones. ¿Cómo esperan que funcione?

— El artículo 71 del proyecto de ley de Presupuesto amplía el esquema de blanqueo para la construcción a uno similar para la importación de bienes para desarrollo productivo. O sea, se busca que los importadores que tengan dólares sin declarar los puedan afectar a la importación de bienes con un trámite sencillo, sin pasar por licencias ni SIMIs (el “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones”), directamente con las divisas. Para comparar máquinas, materias primas, etc.

— ¿Cuántos podrían acceder a este esquema y con qué montos?

— No sería responsable hablar de números. Es un universo muy amplio, sobre todo de pymes industriales, pero que no excluye a las grandes compañías. Va a depender de la necesidad de cada importador, pero entiendo que tendrá gran aceptación porque muchos sectores lo están pidiendo.

— ¿Esta medida está vinculada con el esquema de intercambio de información automática que el Gobierno negocia a nivel político con EEUU?

— Todo lo que haga a la transparencia fiscal, ayuda. Tenemos una línea y una posición importante que el ministro Massa está ratificando. En 2011 firmamos el Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal Multilateral de la OCDE y lo ratificamos en 2013. Tenemos intercambio fiscal con 90 jurisdicciones, como Caimán y Bermudas. Es una política de Estado muy destacable que siguió en 2016, durante la gestión de Alfonso Prat Gay como ministro, cuando se firmó el acuerdo de intercambio bilateral, o caso a caso, con EEUU. Ahora Massa busca un acuerdo automático masivo para datos de cuentas de argentinos en ese país sin exteriorizar. Se vincula con el anuncio reciente porque hoy la principal plaza sin intercambio masivo con el país es Estado Unidos. Si logramos poner en práctica este acuerdo bilateral se podrán ofrecer estas herramientas de blanqueo como salida.

— ¿Por qué este intercambio con Estados Unidos no se dio antes?

— Es un tema estructural. Ellos no adhirieron al esquema multilateral de la OCDE y tienen su propio instrumento, Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), en el que ya están países como Brasil y Colombia.

— Está resuelto a nivel técnico y Massa habló del tema en su reciente viaje, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado de EEUU. ¿Qué falta?

— Técnicamente, ya está. Se concluyó el trabajo entre AFIP y la IRS, el fisco de EEUU. Ahora hay que suscribir el acuerdo a nivel político para que entre en vigencia. Participan los ministerios y las Cancillerías. Entiendo que se puede terminar este año para ponerlo en funcionamiento en 2023, pero es una cuestión que me excede.

— El universo estimado es de unos USD 100.000 millones en cuentas sin declarar en Estados Unidos. ¿Cuánto se puede recaudar por año sobre ese total?

— Serían unos USD 5.000 millones anuales para la recaudación. Argentina tiene información de intercambio de información fiscal con las principales plazas financieras: Suiza, la banca europea, los países asiáticos. El movimiento más importante de fondos argentinos en el exterior es en EEUU. También es importante con Paraguay, pero ahí tenemos un acuerdo fluido masivo.

— Una vez que se implemente, ¿el proceso de relevamiento, detección y cobro es simple?

— Es directo. Ya funciona con otros países y está previsto en este instrumento: de manera automática llegan las cuentas con argentinos como beneficiarios efectivos de estos depósitos y se puede determinar si en dividendos de empresas, intereses, etc. Ya está previsto y es directo, no será algo opinable. Si arranca en 2023 vamos a poder acceder a información al 31 de diciembre de 2022.

— ¿Va a ver un nuevo blanqueo para estos casos? Se habló de que podría ser un requerimiento de EEUU.

— No, no se pidió eso en la visita de Massa, no hace falta. Los contribuyentes podrán rectificar sus declaraciones juradas sin necesidad de un blanqueo, esas herramientas ya existen. Incluso la ley Penal Tributaria prevé que si se paga se puede extinguir la acción penal.

— ¿Podría ser retroactivo?

— No, será desde el año en el que entre en vigencia.

— Massa hace foco en las idea de orden fiscal como eje de su gestión. ¿Qué puede aportar desde la Aduana en ese sentido?

— Es un tema que hay que entender desde el punto de vista de los gastos y desde los ingresos. Desde la Aduana hacemos foco en los ingresos y tratamos de estar más en línea con las necesidades del país. Por ejemplo, el año pasado el ministro de Economía saliente no promulgó la aplicación de tercios en el ajuste por inflación, algo que generó una pérdida en recaudación para el Estado de $200.000 millones. Es un concepto que se introdujo en 2018, cuando Nicolás Dujovne era ministro de Finanzas. Se planteó el año pasado en el debate, pero no se implementó y eso es igual a menor carga impositiva para las entidades financieras. Desde la Aduana, nuestro foco es la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones.

— Hay denuncias casi todos los días de sobrefacturación de importaciones. Esta semana hubo un caso de guantes de látex, ¿cómo funcionaba?

— En general, es un esquema sencillo. Cambiario, básicamente. Traen bienes del exterior a un precio superior al valor real del mercado para hacerse de la diferencia de dólares, obtenerlos al tipo de cambio oficial del BCRA, y venderlos afuera al tipo de cambio financiero. Algo que vale 100, lo traen a 200 y se quedan con la diferencia en el exterior. Con esta estrategia de orden fiscal desarrollamos un registro en el que detectamos 1.735 operaciones de sobrefacturación por USD 360 millones. Hacemos la denuncia local y pedimos intercambio de información a oficial antilavado en otros países, sobre todo en EEUU. En eso estamos concentrados en la Aduana en mayor medida, en evitar estas maniobras de triangulación. El caso de los guantes combinó importación sobrefacturada por un valor real de unos USD 900.000. Se los ingresó a USD 6 millones y se giraron los fondos a cuentas de EEUU. La factura la hizo una sociedad uruguaya y la mercadería vino de China. Todos los condimentos de triangulación y sobrefacturación. Ahora queremos saber quién es el dueño efectivo de los fondos. De ese tipo hay casos todo el tiempo. Uno más burdo fue el de basura tecnológica que se importó desde China como plaquetas de video: valían USD 20.000 y se las quiso hacer entrar por USD 1,5 millones, también con cuentas, sociedades y transferencias a EEUU.

— Son mecanismos que aprovechan el descalce de los tipos de cambio.

— Por supuesto. El problema de origen de todo esto es la brecha, pero también hay que intensificar los controles, la tecnología y fortalecer los sistemas de intercambio de información de la Aduana. Hay que combatir la brecha, la raíz, pero también generar percepción de riesgo para tratar de evitar estas maniobras.

— ¿Por qué no se hacía antes?

— Son distintas formas de trabajar. El sendero que han marcado el Presidente primero y Massa después es el de exponer estos casos para generar esa percepción de riesgo.

— ¿Cómo funcionaba el mecanismo de alquiler de cautelares y en qué estado está?

— Para que la Justicia otorgue una cautelar hay que demostrar peligro en la demora, dejar claro que si no se importaba determinado rubro o producto existían riesgos importantes. No pasa eso en las cautelares que se otorgaban, más allá de que había intercambios entre algunas empresas. Detectamos un caso emblemático de una cautelar de USD 128 millones para importar textiles. Pedimos la revocación y empezamos un trabajo de control y fiscalización de stocks y la empresa optó por desistir de la cautelar. Si la Aduana está activa, las empresas lo ven y si tomaron una decisión equivocada corrigen la conducta.

— ¿Cuántos casos hubo?

— En los últimos 24 meses entró al país vía cautelares mercadería por USD 1.800 millones. Las denuncias e inspecciones a empresas fueron a las 500 principales que habían pedido la medida a la Justicia. Notificamos a 200, nos presentamos en 100 expedientes pidiendo revocaciones y 4 ya desistieron de las cautelares obtenidas. Es un caso uno a uno, hay que trabajar en cada expediente, pero lo vamos a hacer.

— ¿Hubo complicidad de la Justicia?

— Entiendo que no. La Justicia, en muchos casos, fue engañada con delitos penales de estafas procesales. Nos vamos a presentar en cada expediente para que los jueces que dictaron las cautelares sepan que fueron engañados y que los contribuyentes les ocultaron información. Por otro lado, la Corte de Justicia tuvo una actitud muy importante en estos temas con dos fallos en defensa del Estado. Uno fue un recurso de amparo de una cerealera: se rechazó y se le dijo que el amparo no era la vía correcta para discutir los derechos de exportación del fisco. La mandaron a pagar. El otro, de fines de 2021, fue en la causa Molinos. La Corte le dio la razón a la AFIP respecto al uso de los convenios de doble imposición con Chile y dijo que la herramienta que tiene la ley de procedimiento local para combatir maniobras abusivas para la planificación fiscal prevalece por sobre el convenio de doble imposición. Es algo técnico, pero creo que es el fallo fiscal más importante de los últimos 35 años. La Corte viene apoyando al fisco.

— ¿Hubo un “festival de importaciones”, como aseguró la vicepresidente CFK?

— Yo no tengo el volumen político para hablar de lo que dijo la vicepresidenta. Claramente, todos los días detectamos irregularidades. El ajuste de los controles caso a caso y la trazabilidad de los procesos de importación se están haciendo y vemos ajustes muy importantes por parte de los volúmenes que declaran los importadores.

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