Un rol central de la política presupuestaria nacional lo ocupa la “Función Seguridad Social”, por cuanto es el centro en toda economía en la que el Estado recauda impuestos, tasas y contribuciones de los sectores con mayor capacidad de generar ingresos para reasignarlos entre los que menos tienen. Aunque una parte no menor, en un régimen previsional de “reparto” también comprende la devolución de recursos a quienes hicieron sus aportes en la vida laboral registrada.
En el caso del Presupuesto 2023, el conjunto de los “servicios sociales” se prevé una partida de $18,65 billones, significa 71,7% más que la estimada para el total del corriente año en valores nominales. Significa, respecto de la previsión de inflación de 60% entre los extremos del año, un aumento en valores reales de 7,3 por ciento.
Servicios sociales contará con un presupuesto de $18,65 billones, 71,7% más que la estimada para el total del corriente año
De ese total, $12,95 billones está asignado a la “Seguridad Social”, principalmente jubilaciones pensiones y planes asistenciales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en un escenario de desaceleración de la tasa de inflación de 95% estimada para el cierre de 2022 a 60%, implicará una mejora real de 5,1%, por efecto inercial de la aplicación de la fórmula de Movilidad Previsional que al ajustar con un rezago de tres meses posibilitará recortar parte de la pérdida acumulada en el corriente año, en que se produjo el fenómeno inverso.
Especifica el Presupuesto 2023 que esta cuenta sumará el próximo año un total de 26,75 millones de beneficiarios: 272.122 más que el previsto para 2022, en términos brutos, porque en cantidad de personas se advierten “duplicaciones” por la Asignación Escolar Anual a 3,7 millones de perceptores de la AUH; y otros 4,1 millones niños de trabajadores registrados en el régimen de Asignaciones Familiares, que determina un neto aproximado a 19 millones de personas. En valores agregados, representa un aumento a tono con el crecimiento vegetativo de la población según el resultado del último Censo del Indec: 1% y 1,21%, respectivamente.
Ese componente del gasto de la Administración Pública Nacional comprende “transferencias destinadas principalmente a otorgar prestaciones previsionales, asignaciones familiares y a cubrir contingencias sociales de los trabajadores asociadas a la vejez, la invalidez laborativa, las cargas de familia y el desempleo. Se destaca el pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las cajas de previsión social provinciales transferidas (a cargo de la ANSeS), los retiros y las pensiones de los regímenes de pasividades de las fuerzas de defensa y de seguridad, entre otras”, precisa el Mensaje que el ministro de Economía, Segio Massa, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, presentaron en Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación en la última hora del jueves 15 de septiembre, cumpliendo con la fecha límite fijada en la Ley de Administración Financiera Pública, según mandato de la Constitución Nacional.
Resultan relevantes en términos presupuestarios las acciones de la Agencia Nacional de Discapacidad vinculadas al pago de pensiones no contributivas por invalidez (Mensaje Presupuesto)
Asimismo, en el caso de la ANSeS tiene a su cargo la atención de las pensiones a ex combatientes de Malvinas y ex presos políticos, las asignaciones familiares, tanto para trabajadores activos como pasivos, el pago del seguro de desempleo para los trabajadores e n relación de dependencia que cotizaron al Fondo Nacional de Empleo, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Asimismo, se destaca que “resultan relevantes en términos presupuestarios las acciones de la Agencia Nacional de Discapacidad vinculadas al pago de pensiones no contributivas por invalidez”.
Subas y bajas
Del total neto del aumento de 226.827 beneficiarios del total de prestaciones a cargo del Estado Nacional (se estima en unos 19 millones de personas) el mayor incremento previsto para el próximo año corresponde a la “Atención de Jubilaciones”, con 153.464 personas: pasará de 5,05 millones a 5,2 millones, sube 3,04%, a un ritmo del doble del crecimiento esperado en la población total. En tanto la Atención de Pensiones crece en 24.501 personas, 1,52 por ciento.
El total agregado del régimen de jubilaciones, pensiones y retiros, con la inclusión de las Fuerzas de Seguridad; Administración de Parques Nacionales y ex cajas previsionales, se proyecta se eleve a 7,12 millones de perceptores, 2,5% más que el total ampliado en el corriente año (pasó de 6,86 millones a 6,95 millones en la actualidad).
También se prevé en ascenso la cantidad de perceptores de “Pensiones no Contributivas” vinculadas con casos de Invalidez Laborativa, de 1,11 millones a 1,33 millones, 1,75% de crecimiento (19.516 casos).
Por el contrario, pese a proyectar un crecimiento de los matrimonios de 20.620 a 20.914 casos, y de los estados de maternidad de 63.472 a 72.028, se prevé sendas bajas en la asistencia a cónyuges, de 829.881 a 812.750; por nacimiento de 78.340 a 77.558; y más aún por prenatal, de 35.925 a 29.174 madres en gestación. También se estimó recorte en la cantidad de perceptores de la Asignación Universal por Hijo, de 4,38 millones a 4,37 millones, baja en 8.851 niños, un 0,2 por ciento.
Pese a proyectar un crecimiento de los matrimonios y de los estados de maternidad, se prevé sendas bajas en la asistencia a cónyuges, por nacimiento y más aún por prenatal
Adicionalmente, se contemplan las acciones del Programa Hogares con Garrafa (Hogar), que subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, consumidores de GLP envasado. Para 2022 se estimó 3,5 millones de beneficiarios y para el próximo año se sube a 4,2 millones.
Además, el programa Función Promoción y Asistencia Social, que representa el 4,8% del gasto presupuestario, conforme a la protección y ayuda directa a personas en condiciones de vulnerabilidad y los aportes a instituciones sociales para impulsar el desarrollo social. Entre las políticas más significativas se prevé la profundización de la restitución de derechos en dos áreas consideradas esenciales: la generación de empleo social y las políticas alimentarias, se sumarán poco más de 32 mil beneficiarios, a un total de 2,43 millones personas (Prestación Tarjeta).
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