Pedido del FMI: las principales exenciones impositivas que Massa buscará eliminar para llegar al equilibrio fiscal en 2023

El Gobierno propuso eliminar una serie de exenciones impositivas en el presupuesto 2023 para lograr el equilibrio fiscal, un trámite complejo que demandará de otras leyes y de un consenso político que no se pudo alcanzar en el pasado.

Se trata de regímenes que tienen firmes defensores en el sector público –a nivel judicial y provincial- y en el sector privado y, por lo tanto, no será fácil para el equipo que lidera Sergio Massa avanzar en su eliminación para lograr superávit fiscal en lugar del déficit del 1,9% del PBI que planteó en el proyecto enviado al Congreso Nacional.

Entre las exenciones más relevantes en términos económicos figuran, en el caso de Ganancias, la de los magistrados nacionales por $ 237.850 millones, asociaciones civiles por 107.281,6 y a los trabajadores en relación de dependencia que trabajan en la Patagonia $55.995 millones. En el IVA por prestaciones médicas a obras sociales y al PAMI $307.978 millones, por servicios educativos $ 158.588 millones y por venta de medicamentos $123.426; además, en el IVA, las alícuotas reducidas representan una pérdida de recaudación de $960.963 millones entre alimentos, medicina prepaga y obras de arte.

En el impuesto a los combustibles, por la diferencia entre las alícuotas aplicadas a las naftas y al gasoil, se dejarán de recaudar $261.349 millones y en las contribuciones a la seguridad social, por la reducción de Contribuciones Patronales por zona geográfica, $ 51.945 millones; finalmente, de los grandes rubros, en Bienes Personales, por la exención de los depósitos en entidades financieras, la pérdida de la recaudación es de $ 33.729 millones.

Por otra parte, por los diversos regímenes de promoción económica la pérdida para el fisco es de $995.057 millones, de los cuales $519.720 millones corresponden a los beneficios para Tierra del Fuego.

En una “separata” que figura en el presupuesto enviado al Congreso este jueves por la noche se indicó que la intención del equipo que lidera Massa es “poner de manifiesto los beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

“Usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas. El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional”.

También menciona que “dicha institución ha recomendado la evaluación de la efectividad de los mismos; dichas reducciones impositivas o gastos tributarios surgen cuando, por aplicación de diferentes regímenes, se reducen las obligaciones impositivas que benefician a un determinado sector lo que disminuye la recaudación total”.

De hecho, en su última declaración tras encontrarse con Massa el lunes pasado en Washington, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva destacó “la agenda estructural, donde se pondrá mayor foco en revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero”.

La iniciativa también recibió el apoyo en la reunión entre Massa y el Departamento del Tesoro, en la cual Janet Yellen quedó en analizar el acuerdo de intercambio automático de información tributaria que propone el ministro, a quien la funcionaria norteamericana -por la información del Asesor Adjunto de Seguridad Nacional, Mike Pyle- elogió por haber “podido juntar todas las carteras” relevantes del área económica.

El gasto tributario es el “monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos”.

“Dicho de otro modo, la disminución del gasto tributario es una vía que permitiría robustecer los recursos del sector público y contar con mayor financiamiento para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias.

Dado que el presupuesto “plantea un resultado primario deficitario –medido en base caja de -1,9% del PIB- que podría ser mejorado si el gasto tributario se revisara a la baja”.

En particular, los Gastos tributarios para el año 2023 ascienden a 2,49% del PIB y “se agrupan en dos componentes principales: los derivados de normas impositivas (1,81 % del PBI) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,68 del PIB)”.

Los gastos tributarios en 2023

“El monto de Gastos Tributarios estimado para el año 2023 alcanza a $3.664.819 millones, que equivale a 2,49% del PBI. De ellos, $2.669.762 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $995.057 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, el mismo soportará el 54,75% de los Gastos Tributarios con un monto de $2.006.456 millones, equivalente a 1,36% del PBI”.

En particular, “el 86,58% tiene origen en las exenciones y alícuotas reducidas -establecidas en la ley del tributo- y el resto, $269.262 millones, en los beneficios otorgados por diversos regímenes de promoción económica”.

Los Gastos Tributarios que afectan al Impuesto a las Ganancias “alcanzarán a $756.449 millones, que equivalen a 0,51% del PBI proyectado”.

En cuanto al Impuesto sobre los Combustibles “la mayor parte de dichos Gastos se origina en las diferencias entre las sumas fijas aplicadas sobre las ventas de naftas y de gasoil y en la exención que rige para los combustibles utilizados en la zona sur del país”.

En relación con “las Contribuciones a la Seguridad Social, el Gasto Tributario más destacable corresponde a la reducción de las Contribuciones Patronales por zona geográfica, beneficio que al tener la forma de un crédito fiscal en el IVA afecta la recaudación de este impuesto”, precisó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Las dudas de los expertos

Los expertos en impuestos consultados por Infobae plantearon sus dudas por la viabilidad de la iniciativa oficial. Al respecto, el abogado Diego Fraga indicó que “lo que se plantea, hasta ahora, es una descripción de la situación que, por el momento, no tiene efectos prácticos, por lo menos, hasta que no derive en proyectos de ley específicos tendientes a reducir estos denominados gastos tributarios”.

“Ha ocurrido muchas veces (por ejemplo, cuando Nicolás Dujovne fue ministro) que se ha propuesto la eliminación o morigeración de exenciones o beneficios para determinados sectores. Pero esto siempre tiene un componente político muy grande, por lo que empiezan a gravitar las necesidades puntuales de los distintos sujetos y su influencia en los encargados de aprobar las leyes”, indicó. En ese período del gobierno de Mauricio Macri se eliminaron exenciones a la renta financiera y se propuso terminar con las exenciones de Ganancias (poder judicial y otros), entre otras.

“El texto parece más una expresión de deseos para quedar bien con el FMI que algo que pueda ser puesto en práctica de manera inmediata. Sin perjuicio de que algunos de los beneficios a los que se apuntan en el presupuesto podrían resultar irrazonables y sería saludable su revisión, en otros casos, se encuentran perfectamente justificados, por lo que va a ser necesario que, en este proceso, se avance con una gran transparencia. Más allá de este proyecto, en muchos casos resultaría preferible que se encare un plan para reducir el gasto político”, sostuvo Fraga.

Por su parte, el contador Sebastián Domínguez dijo que “una de las exenciones que quieren sacar es la que tienen los jueces, que no es razonable que exista y de hecho desde 2017 empezaron a tributar los nuevos jueces; es algo que habría que rever pero la Corte Suprema ya dijo que no corresponde tributar”.

En cuanto a las exenciones de Bienes Personales en los bancos, Domínguez dijo que ese beneficio “favorece la bancarización, por lo que fomenta que la gente tenga el dinero declarado así que reducir la exención sería perjudicial para el fisco”, mientras que sobre las actividades que tienen una alícuota reducida, “sería razonable estudiar por qué se le otorgó esa ventaja y si sería conveniente o no que en el caso del IVA algunas actividades tengan una alícuota del 10,5 por ciento”.

A su vez, César Litvin afirmó que “deberían cuantificarse los efectos que producen estos gastos tributarios y abrir un profundo debate para explorar si todas las exenciones y desgravaciones están cumpliendo el objetivo previsto originalmente. Un ejemplo es exención en Ganancias de las mutuales , cooperativas, fundaciones y el Poder Judicial”.

“Resulta indispensable incluir en este análisis el impuesto a las ganancias de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Legislativo que gozan de privilegios en una parte importante de la remuneración, porque ahora parece que tienen Coronita”, concluyó Litvin.

En tanto, un importante legislador nacional de la oposición dijo a Infobae que la iniciativa parece “inviable” de discutir a tan pocos meses del inicio de la campaña que decidirá quién es el próximo presidente de la Argentina en 2023. “Parece más una pequeña chicana política que un debate de fondo que hay que ver el oficialismo quiere dar, mientras que en el caso de la oposición parece un poco ridículo que le hagan elegir qué tipo de ajuste debe hacer el Gobierno”, sentenció.

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