Mientras el equipo de la Secretaría de Hacienda que encabeza Raúl Rigo define las variables clave del anticipo de Presupuesto para el próximo año que deberá enviar mañana al Congreso, los funcionarios ajustan al mismo tiempo las clavijas de las partidas en ejecución para restarle fondos a algunas áreas y sumarle recursos a otras. Fue lo que ocurrió la semana pasada, cuando se dispusieron nuevos recortes a las transferencias a las provincias, por ejemplo, pero se incrementaron los fondos destinados a algunos planes sociales, dependientes tanto del Ministerio de Desarrollo Social como también del Ministerio de las Mujeres.
Mediante una decisión administrativa publicada el viernes último en el Boletín Oficial, los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que la semana pasada marcharon a Plaza de Mayo para reclamar en contra de la prohibición de que dichos planes se superpongan con las Becas Progresar, obtuvieron fondos adicionales. Lo mismo logró la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien conduce la cartera de Mujeres, Género y Diversidad, quien obtuvo una ampliación de la partida para su programa emblema “Acompañar”. El mismo viernes en que salió publicada la norma que establece esas modificaciones, se producía por la noche frente a la Casa Rosada la Marcha de las Antorchas, convocada por profesionales de la salud y padres de chicos con discapacidades en el marco de un conflicto sindical por reclamo en el ajuste de las prestaciones para la atención de esa población y el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios. Desafortunada coincidencia.
Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que la semana pasada marcharon a Plaza de Mayo para reclamar en contra de la prohibición de que dichos planes se superpongan con las Becas Progresar, obtuvieron fondos adicionales
De acuerdo a la decisión administrativa 880, el incremento para las prestaciones sociales asciende a $41.343 millones, de los cuáles $37.000 millones se destinan al Plan Potenciar Trabajo. Se trata de una ampliación de 13% respecto del crédito originalmente asignado, de unos $280.000 millones, de los cuales se llevaban gastados más del 85% hasta el mes pasado. Dicho en otros términos, el Potenciar Trabajo había prácticamente agotado los recursos disponibles y requería indefectiblemente de un aumento presupuestario si el Gobierno no lograba avanzar en un recorte a los planes sociales, tal como ocurrió cuando decidió dar marcha atrás con la decisión de evitar la superposición de planes en los mismos beneficiarios. Incluso, se mantiene latente la posibilidad de que se necesiten nuevas ampliaciones si en la vísperas de fin de año se disponen nuevos bonos o refuerzos. En una situación similar, en tanto, se encontraban los planes de “políticas alimentarias”, que también agotaron ya 70% de los fondos asignados pero en este caso aún no hubo modificaciones.
Dónde sí hubo cambios fue en los recursos orientados al ministerio a cargo de Gómez Alcorta. En este caso, la cartera logró mayor disponibilidad de recursos gracias al otorgamiento de unos $6.238 millones adicionales que deberá aplicar a la puesta en marcha de las “acciones vinculadas con el Programa Acompañar”. Este plan es un programa destinado a fortalecer la independencia de las mujeres y a la comunidad LBGTI+ en situación de violencia de género por el que se abona una suma equivalente a un salario mínimo durante seis meses consecutivos y es compatible con otro tipo de asistencia sociales como la AUH.
El Potenciar Trabajo había prácticamente agotado los recursos disponibles y requería indefectiblemente de un aumento presupuestario si el Gobierno no lograba avanzar en un recorte a los planes sociales
En contrapartida, por la misma decisión administrativa, se redujeron en $8.000 millones los fondos originalmente destinados al plan REPRO, por el cual se asistió en el pago de sueldos a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia. También las transferencias al FONDEP y al FOGAR, otras herramientas de auxilio al sector provocado que puso en marcha el Ministerio de Desarrollo Productivo en la era del ex ministro Matías Kulfas sufrieron un recorte total de $7.000 millones mientras que se sumaron transferencias por $2.000 millones al Correo Argentino y de $1291 millones para la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
En paralelo, la norma dispone una reducción de $6.665 millones en “gastos en personal”, aunque tanto la Anses como la Corte Suprema de Justicia y otras áreas recibirán aumentos de partidas para tal fin.
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