El Gobierno trabaja en un plan energético con distintas medidas que apuntan de manera específica a la producción de hidrocarburos y que incluye un nuevo proyecto de ley con condiciones nuevas más favorables para la inversión en ese sector y la continuidad del Plan Gas, un programa de subsidio a la extracción de ese insumo para “llenar” en un futuro el nuevo gasoducto de Vaca Muerta.
Cerca del ministro de Economía Sergio Massa aseguraron que la presentación de ese plan integral tendrá lugar en los próximos días, cuando termine de definirse el alcance y profundidad de todas las medidas. Sucede que algunas de ellas tendrían que pasar por el Congreso, por lo que buscarán una primera aproximación política para sondear qué nivel de apoyo político podría tener una iniciativa.
En concreto, según explicaron fuentes oficiales, la intención es “crear un nuevo marco regulatorio de largo plazo para el sector hidrocarburífero”, que podría incluir distintas aristas. La actividad del sector energético quedó cruzada por distintas iniciativas para impulsar su desarrollo, desde el llamado decreto Chevron, en 2013, hasta la última flexibilización de los controles cambiarios vía decreto. El último anuncio de inversión de Petronas para producir y exportar GNL también requerirá un marco legal, algo que también sucede con otra actividad como la producción de hidrógeno verde.
El Gobierno busca estimular la actividad hidrocarburífera y estima que en los próximos años podría incrementar en un 30% la producción de gas, 70% la de petróleo y sumar exportaciones por USD 18.000 millones
Todas estas variables son tenidas en cuenta en el equipo económico para avanzar con un marco regulatorio integral. Las empresas del sector y gobernadores de provincias con actividad hidrocarburífera reclaman mayores facilidades para acceder a divisas, una posibilidad que el Gobierno nacional aceptó aunque con un alcance limitado.
En los despachos oficiales estiman que un plan de estímulo al sector hidrocarburífero podría redundar en un aumento de 71% en la extracción de petróleo, un 30% para el gas, unos USD 18.000 millones anuales en exportaciones y un 40% de reducción de subsidios a la electricidad por el programa TransportAr.
Algo que no necesitará aval parlamentario sino que se decidirá vía decreto es la continuidad del Plan Gas, un programa de estímulo a la producción de ese fluido, algo que busca el Gobierno para aprovechar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
“El plan busca garantizar el gas que requerirá la obra del gasoducto Néstor Kirchner que unirá Vaca Muerta con Salliqueló una vez finalizado”, mencionaron fuentes oficiales. “Es decir, el plan comprende, por un lado la prórroga hasta el 2028 del actual plan (que vence en el 2024) y en simultáneo, se estará licitando los 11 millones de metros cúbicos por día que estaría disponible para junio o julio de 2023, cuando se finalicen las obras del gasoducto”, ampliaron.
La extensión del Plan Gas 4 sería desde enero de 2024 hasta diciembre de 2028, con un ajuste en el precio que garantiza el Estado para quienes aumenten su producción de gas.
Hace algunos días, tal como publicó Infobae, Massa había tomado contacto con empresas de hidrocarburos en Houston como parte de su gira por los Estados Unidos. “Queremos que la industria se sienta protagonista y que sepan que los principios de estabilidad jurídica y reglas claras se van a cumplir”, dijo el ministro. “Vaca Muerta puede duplicar el PBI argentino en 7 años y equiparar los volúmenes de agrobusiness”, detalló.
Las empresas del sector y gobernadores de provincias con actividad hidrocarburífera reclaman mayores facilidades para acceder a divisas, una posibilidad que el Gobierno nacional aceptó aunque con un alcance limitado
La agenda energética también incluye la continuidad de la segmentación. En las próximas semanas comenzarán a llegar las primeras boletas de luz y de gas con los aumentos determinados por la diferenciación de tarifas con tope de consumo que puso en marcha la Secretaría de Energía.
En ese sentido, el Gobierno busca implementar un sistema de “reclamo rápido” por el cual aquellos hogares que, por ejemplo, hubiesen sido candidatos a tener tarifa social y reciban aumentos, puedan objetar los incrementos y evitar así cortes en los suministros ante una falta de pago.
Para la energía eléctrica, tras la aplicación del registro, unos 5,9 millones de hogares perderán las subvenciones para las boletas, de un total de casi 15 millones de usuarios. En la primera etapa (hasta noviembre) tendrán un aumento promedio de $850 por factura. En el caso del gas natural, son 4,1 millones de hogares los que dejarán de tener subsidios para ese servicio, respecto a un total de 9,7 millones.
En simultáneo, los registros que lleva adelante el Gobierno muestran que más de 70 mil personas renunciaron a los subsidios energéticos para poder, en caso de que no medie otra restricción, tener acceso al dólar ahorro. Además, un número similar de personas se inscribieron en el registro para tener sus tarifas subvencionadas luego de no haberse cerrado la primera fecha oficial.
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