Construyendo incertidumbre

A falta de reservas para utilizar en un “colchón de intervención” que permita abatir la brecha cambiaria a niveles no disruptivos, el Banco Central solo dispone de instrumentos que pierden potencia cuando se utilizan en forma tardía y/o aislada. Es así que, a pesar de haber elevado la tasa de política monetaria desde 38% nominal anual en enero (45% tasa efectiva anual) a 69,5% anual en agosto (96% anual efectiva), la brecha no cedió. Cuando todos esperan el desenlace en forma inminente y el Banco Central se quedó sin munición, nadie vende.

Enfrentado al hecho inevitable de que estamos ante un fenomenal exceso de demanda de dólares al precio oficial, carecemos de reservas netas para intervenir y nadie está dispuesto a ofrecernos crédito, el Ministerio de Economia –y con ello la coalición de gobierno, se asume- llegó a la conclusión de que algo hay que hacer para desactivar la bomba de expectativas. Por un lado tenemos a nuestro “favor” en el frente fiscal una tasa de inflación excepcionalmente elevada y creciente que deprime el gasto público en términos reales gracias a los rezagos. Ese es el primer y principal instrumento de la gestión para tratar de acercarse a las metas comprometidas con el FMI y mantener vigente el programa.

Como ese ajuste no basta para constituir un “programa”, hubo que actuar en el frente cambiario para incrementar en el muy corto plazo el stock de reservas: se estableció entonces una devaluación diferencial y acotada en el tiempo con el fin de obtener la liquidación rápida de un stock de mercadería (porotos de soja) que permita generar un importante superávit comercial durante el resto del mes de septiembre. Se trata de una medida por 25 días, que se anticipa será revertida el día 1 de octubre. Se la presenta como un “precio sostén”, y probablemente sea el sostén de las reservas por algunas semanas.

No hay muchos antecedentes rescatables de una medida reversible como la anunciada, a menos que no se revierta. En efecto, frente a la alternativa de no reversión surge la cuestión que una caída del precio a partir de octubre gatillaría una “espera” de parte de productores y exportadores a que se restablezca un precio más alto en el futuro. Ello a su vez llevaría rápidamente a una caída de las reservas del Banco Central (a menos que se reprimieran ferozmente las importaciones), obligando a establecer una nueva ventana con un dólar más alto para convencer al productor.

Ejercicio dólar soja

Para ello puede tenerse en cuenta que hoy se puede vender la soja a un tipo de cambio de $200 y ponerla en plazo fijo a tasa de devaluación oficial.

Siguiendo con el ejemplo, a una tasa mensual del 5,7% del tipo de cambio oficial, para abril de 2023 (es decir dentro de 7 meses) habría que ofrecer un tipo de cambio sojero superior a los 290 pesos para equiparar su valor “en términos dollar-linked”. Se habría consolidado con ello la idea de una devaluación de 42% para el producto que está más abajo en la grilla de tipos de cambio.

Otra alternativa a partir de fijar el TC de la soja en $200 sería prorrogar el mecanismo de un dólar diferencial sine-die con alguna actualización mensual igual o algo inferior a la general, pero ello llevaría tarde o temprano a frenar las liquidaciones para la próxima cosecha, y volveríamos al punto de partida.

Hay muchas otras dimensiones de la decisión adoptada que generan más incertidumbre que certezas, empezando por el carácter selectivo de la medida que excluye a otros sectores, no solo del agro sino de la produccion en general. El resto del arco exportador ya comienza a hacer cuentas y, cuanto más pesa un sector, mayor su poder de negociación para obtener un dólar “diferente”.

¿Es este el comienzo de una multiplicidad de dólares diferenciados? No sería un equilibrio de negociación con el FMI, que rechaza la multiplicidad.

Otras cuestiones no menores se relacionan con el impacto monetario de la medida, los mecanismos de esterilización, el aumento del déficit cuasifiscal, el deterioro del patrimonio del Banco Central que se llena de papeles del Tesoro en su activo, y el riesgo creciente de default sobre la montaña de deuda pública.

En el corto plazo las reservas aparecerán como consecuencia de haber “soltado” el dólar, pero el hechizo podría desaparecer muy rápido, las reservas comenzarán a licuarse y la recaudación adicional transformarse en nuevos bonos de indigencia que sumarán presión inflacionaria. Todo define un escenario de alta incertidumbre que está lejos de despejarse a partir de una política de parches que aumenta la necesidad de todos los agentes económicos de arbitrar decisiones -especular, en la versión oficial- para no perder frente a un escenario que se vislumbra como de muy alta inflación para el 2023.

Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N°645 que elabora la Fundación FIEL

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