Radiografía del empleo público nacional: informalidad y un exceso de personal que cuesta más de $ 400.000 millones por año

Uno de los objetivos que se planteó el ministro de Economía, Sergio Massa, es el de poner límite al aumento de la nómina de personal en la Administración Central, y para eso, entre las primeras medidas que tomó junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se destaca la Decisión Administrativa 827 que puso en marcha el mecanismo dispuesto por el Decreto 426 del corriente año por el cual buscará tener un seguimiento mensual de la cantidad de empleados públicos en cada repartición del Estado, incluidas las empresas con mayoría de capital estatal, excluidos los movimientos vinculados con la estacionalidad y los organismos descentralizados.

Las estadísticas públicas vinculadas con la nómina laboral no se caracterizan por su homogeneidad y continuidad, en particular en lo que respecta al grado de desagregación por organismo, cartera ministerial y empresas del Estado. Y menos, por estar alineadas las que siguen la Secretaría de Hacienda, el Indec y el Ministerio de Trabajo: las dos primeras con periodicidad trimestral, y la última mensual, pero sin desagregación por área y jurisdicción.

De todas formas, en términos agrupados, la serie más completa y extendida en el tiempo que comienza en el primer trimestre de 2003, en el caso del conjunto de la Administración Central, organismos descentralizados, y otros entes del escalafón del sector público nacional no financiero y algunas empresas del Estado, permite observar el creciente peso del Estado sobre la población total, al generar un aumento en términos netos de más del doble de los puestos esperables por el crecimiento vegetativo (129.906 versus 59.700) que se requerían al inicio del período de marras y algo menos en términos relativos (49,2% versus 26,54%, entre extremos de la nómina y del total de habitantes, respectivamente).

Al comienzo de la serie se informó un total de 262.150 trabajadores a cargo del Estado nacional, equivalente a 0,7% de la población total en el país; alcanza un pico de 406.348 y 0,93% de los habitantes en el segundo trimestre de 2016, por efecto inercial del gobierno precedente. Desde ese momento, con altibajos, algunos de carácter estacional, registra un proceso descendente hasta un mínimo de 375.528 personas y 0,82% de la población en el primer trimestre de 2020 -también por el efecto “arrastre” del gobierno previo; pero desde ahí retoma una tendencia ascendente, hasta 394.049 y 0,83% en cantidad y en valores relativos a la densidad demográfica de todo el país en el último dato disponible, correspondiente al tercer trimestre 2022 (cierre a julio), según la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal, del Ministerio de Economía.

La desagregación por período presidencial determina que en el tramo de poco más de 12 años y medio que sumaron las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (mayo 2003 a noviembre 2015) se generaron 140.107 puestos netos; bajó en 25.887 en los cuatro años de Mauricio Macri, por efecto principalmente de la transferencia parcial de la Policía Federal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19.497 uniformados); y vuelve a subir en los primeros dos años y medio de Alberto Fernández (15.686 hasta julio último).

De esta primera aproximación del análisis del empleo en la Administración Central y la relación con el total de la población, surge que habría un exceso en el total de la nómina de unas 60.000 personas, equivalente a 15% del total, cuya poda permitiría un ahorro en el pago de remuneraciones y contribuciones patronales de unos $417.000 millones por año, a valores de julio último, muy cercana a los $500.000 millones que se requieren para poder cumplir en lo que resta del 2022 con la meta de un déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda pública) comprometida en el acuerdo vigente con el FMI de 2,5% del PBI.

De lo anterior se desprende que las áreas más sobreexpandidas respecto del crecimiento muy superior al aumento del 26% de la población en 19 años son las del total de contratados 234% -unos 50.000 trabajadores- y convencionados 34% -unas 12.000 personas-, principalmente. Se excluye al escalafón de científicos y técnicos que superó esa vara en 50%, porque responde al bajo nivel inicial y al impulso de las innovaciones en ese segmento.

En ese período se advierte un comportamiento similar en la proporción de trabajadores contratados sobre el total de la nómina: pasa de un mínimo de 5,92% en enero de 2003; se eleva a 10,62% al final del gobierno de Néstor Kirchner; sube a 14,71% en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y a 17,92% el completar la segunda gestión; con Mauricio Macri cede 1,94 puntos porcentuales, y vuelve a crecer en 1,69 pp en la actualidad, a 17,7% del total.

Los Ministerios más austeros y los más superpoblados

La estadística oficial desagregada por cartera ministerial se limita a sólo la última década, la cual es suficiente para detectar cuáles han sido las más austeras y las más expansivas en la dotación de personal estable y contratado, en términos de variación neta entre extremos ajustados por el crecimiento de la población (13,2%, según la tasa intercensal que registró el Indec en mayo último), con un resultado expansivo en 30.235 personas, 9,2% en valores nominales y caída en 3,5% ajustada por el aumento vegetativo de la población.

De ahí que el “ajuste” que proyecta iniciar el ministro Sergio Massa, comenzando por el congelamiento de las posiciones actuales y pedidos de autorización por parte de quienes consideren necesario incorporaciones, requerirá de “microcirugía” para lograr el objetivo sin afectar áreas que probablemente requieran mantener una proporción con la población total en el país.

Sobre 19 grandes áreas de Gobierno, incluidas Presidencia y los nuevos Ministerios de Desarrollo y Hábitat y de Mujeres y diversidad de género, en los últimos 10 años 5 achicaron la dotación en valores absolutos entre extremos: Planificación y Obras Públicas 7.559; Trabajo y Seguridad Social 2.204; Presidencia 2.101; Turismo 1.329 y Cancillería 187. La baja alcanza a 9 cuando se mide la variación de la dotación en términos reales, se agregan Interior y Transporte; Seguridad; Defensa; y Agro y pesca.

Entre los Ministerios, los que más excedieron en la última década al ritmo de aumento vegetativo de la población total del país fueron: Educación y Cultura 153%; la ahora Secretaría de Industria 88%; Ciencia y Tecnología 38%; Jefatura de Gabinete de Ministros 19%; Economía y Justicia, 14% en cada cartera; Salud 10%; y Desarrollo y Habitat 6 por ciento.

El conjunto de empresas y sociedades del Estado, incluidas las anónimas con totalidad estatal, se registró en los últimos 10 años un salto de 23.478 trabajadores a 57.979, equivalente a un aumento nominal de 147% y 118,2% en valores reales.

La estadística disponible no permite una comparación del desagregado que integran: Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos) 24.195; Correo Oficial de la República Argentina 17.999 (sumó 2.003 en la década); Nucleoeléctrica Argentina (NASA) 3.126; Empresa Argentina de Navegación Aérea 2.387; Radio y Televisión Argentina 2.225; Intercargo 1.623; Casa de la Moneda 1.178; Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) 937; Télam 734; Administración de Infraestructuras Ferroviarias 705; Administración General de Puertos 663; Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) 496; Vehículo Espacial de Nueva Generación (NASA) 467; Integración Energética Argentina 379; Educ. Ar. 340; Dioxitek 224; Servicio de Radio y Televisión Universidad Nacional de Córdoba 223; Construcciones de Vivienda para la Armada 43; y Radio Universidad Nacional del Litoral 35 personas.

Por el contrario, en el agregado de los 5 Entes del Sector Público Nacional no Financiero se observó en la década un recorte de la nómina en 1.382 trabajadores, a 34.301, distribuidos 20.671 en la AFIP, disminuyó en 1.682; PAMI 12.982, aumentó en 130; Incaa (Instituto del Cine) 632, subió en 161; Unidad Especial Yacyretá 8 (sumó 1); y la nueva Comisión Nacional Antidopaje (CNAD) está integrada con 8 funcionarios.

Cabe notar que, si se extrapolara la sobre expansión observada en el empleo en el Poder Ejecutivo Nacional a la administración pública total -nacional, provincial y municipal- el exceso de personal se estima se eleva a más de 500 mil personas, según la referencia de los puestos de trabajo que informó el Indec ascienden a unos 3,6 millones -considera el ingreso monetario de la ocupación principal, por lo que la dotación bruta se estima supera 4 millones de personas-, (un 10% tiene pluriempleo).

Probablemente, una reforma de fondo del Estado, que se base en criterios internacionales sobre las relaciones promedio de cantidad de personal necesaria en cada área en función del total de la población y el equipamiento tecnologíco adecuado, determine la necesidad de un recorte de empleo en el sector público nacional consolidado de mayor magnitud, más intenso en algunas reparticiones que otras, y hasta la necesidad de disponer incorporaciones en otras.

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