En medio de una fuerte restricción fiscal, el Gobierno intentará descomprimir una cuenta que tuvo un marcado aumento en los últimos meses y que tiene especial importancia en la relación con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de la deuda flotante, es decir los pagos atrasados del Estado nacional y que sirve como una herramienta habitual de los gobiernos para “muñequear” el ritmo gasto público.
La historia de los últimos meses sobre la deuda flotante tiene tres nombres, que son los tres ministros de Economía que tuvo el Gobierno de Alberto Fernández en los últimos 90 días: Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa. La última parte del mandato de Guzmán mostró con la deuda flotante un salto muy pronunciado, justo antes de su salida y cuando tenía lugar la fecha de corte de metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional.
En ese sentido, de acuerdo a cifras oficiales publicadas por el Tesoro de la Nación, entre mayo y junio los pagos atrasados del sector público nacional crecieron 105 por ciento, desde los $407.000 millones que registraba en este concepto en mayo hasta los $836.000 millones con los que cerró el trimestre, poco más de 1 punto del PBI.
Desde los $836.300 millones de deuda flotante a fines de junio (cerca de 1% del PBI), la cuenta de pagos atrasados se redujo hasta los $717.400 millones según números de la Tesorería General
Con esa cifra se fue Guzmán. En los despachos oficiales, dos meses después, aseguran no sin sorna que la meta de reducción de déficit que en los próximos días se discutirá con los técnicos del FMI se cumplió con “contabilidad creativa” por parte del ex ministro. En ese sentido, Guzmán alcanzó el objetivo del segundo trimestre con cierto margen: fueron $800.000 millones de déficit primario acumulado contra los $874.000 millones permitidos en el programa financiero con el FMI.
Luego de esa duplicación en el stock de deuda flotante, con la llegada de Batakis -y cierta parálisis en algunas áreas de gasto público- ese número bajo. Según cifras de la Tesorería General dadas a conocer recientemente, desde los $836.300 millones a fines de junio, la cuenta de pagos atrasados se redujo hasta los $717.400 millones.
El equipo que rodea a Massa considera que esa cuenta debería seguir bajando en los próximos meses, aún atentos a que por las restricciones fiscales, descomprimir la deuda flotante a través de una aceleración de los pagos no es viable, ya que pondría en peligro el cumplimiento del 2,5% del PBI que acordó con el FMI. La otra opción es la que, aseguran, se puso en marcha tras el último recambio en el Palacio de Hacienda, es decir bajar esa cifra a través de una merma en las órdenes de pago que emite el sector público.
La demora en los pagos suele ser utilizado como herramienta en la administración presupuestaria nacional. En muchos casos esa deuda se arrastra para otros ejercicios fiscales, pero en este caso el hecho cobra especial importancia porque la cuestión de la deuda flotante está presente y tiene relevancia en el acuerdo rubricado con el FMI, a días de que se retome la conversación técnica con el organismo.
El Extended Fund Facility (EFF) tiene tras la primera revisión de junio una cifra límite de $612.000 millones para la deuda flotante. Originalmente era de $536.000 millones pero fue recalculada. Ese tope de $612.000 millones se mantiene constante a lo largo de 2022, a diferencia de otros objetivos exigibles que tienen estacionalidad por trimestres.
Cerca de Massa consideran que esa cuenta debería seguir bajando en los próximos meses, no con una aceleración de los pagos sino a través de una merma en las órdenes de pago
La meta de deuda flotante forma parte del grupo de los cinco objetivos que aparecen en el acuerdo estipulados bajo el rango de “criterio de ejecución”, a diferencia de otro subgrupo que lleva como nombre “metas indicativas”. En orden de relevancia, el primer conjunto es el más importante ya que, en caso de un incumplimiento, requerirían por parte del Estado argentino el pedido de un waiver (dispensa) de manera oficial ante el staff por no haber alcanzado la cifra convenida.
En el equipo de Massa consideran que a pesar de que la cifra final de junio ($836.000 millones) aparece muy por encima del tope establecido ($612.000 millones), la cuestión no debería suscitar un problema en el ida y vuelta con el staff, ya que por lo pronto el stock total corresponde a toda la administración pública y el FMI tiene en consideración solo al Tesoro nacional, además de que establece un promedio de los tres meses que componen el trimestre y no solo el número del último día de junio.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.
“La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito genera incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe.
El acuerdo con el FMI estipula un techo a la deuda flotante de $612.000 millones para lo que resta del año
Según la definición de la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.
Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.
“La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo.
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