Retenciones, Ganancias y recorte a ministerios: Massa acelera medidas para alcanzar la meta fiscal antes de la reunión con el FMI

El Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa dio ayer el primer paso de una serie que tiene previsto tomar en los próximos meses para cumplir con la meta de recorte del déficit que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario, una de las primeras órdenes que bajó desde su desembarco el jefe del Palacio de Hacienda.

Para eso, dispondrá de una serie de medidas: habrá en lo sucesivo otras “podas” adicionales a ministerios como la que oficializó este lunes, dos ingresos marcados por anticipo de Ganancias y retenciones por parte de agroexportadores y un respeto que en los despachos oficiales aseguran que será a rajatabla sobre el presupuesto actual, lo que implica que no bajarán más fondos adicionales.

En términos generales, la cuenta que hacen en el equipo económico es que la resolución administrativa de este lunes le otorgará al Tesoro unos $210.000 millones de fondos que los ministerios no iban a utilizar en lo que resta del año, según proyecciones que habían hecho los técnicos de la Secretaría de Hacienda. La lógica es que aquellos programas con presupuesto que hayan sido subejecutados no tendrán en los últimos meses del año una aceleración tal que alcance a compensar esa velocidad lenta de ejecución. Por lo tanto, todos esos fondos volvieron a la caja centralizada del Tesoro.

En los despachos oficiales que determinan la habilitación o denegación de partidas presupuestarias hablan de una “sintonía fina” que cada sector del Estado deberá aplicar en los próximos meses para darle incluso más aire al Tesoro nacional. Eso sucede porque esos $210.000 millones que “recuperó” Hacienda no están relacionados con las últimas reuniones que tuvieron los funcionarios de Massa con el resto de los ministerios, sino con cálculos previos a eso.

Aquellos encuentros, que fueron encabezados por Raúl Rigo y por el jefe de gabinete de asesores Leonardo Madcur, en realidad, tuvieron como meta planificar la segunda parte de ese plan de “poda” fiscal de Massa. Esto implica que cada área del Estado deberá pasar un nuevo “peine fino” para establecer qué partidas puede “ceder” al saber que no podría ejecutarlas en lo que reste del año.

En los despachos oficiales no arriesgan qué magnitud podría tener ese nuevo recorte tras los $210.000 millones, pero dan por hecho que sucederá en algún momento antes de diciembre. La cuenta sencilla que hacen es que ese monto representa unos 0,2% del PBI, frente a un “desvío” fiscal de 0,7 puntos del PBI (unos $500.000 millones) que el equipo económico había detectado, lo que ponía en peligro el cumplimiento de la meta con el FMI.

Habrá otra fuente adicional para compensar ese 0,7% que pende como amenaza sobre la meta fiscal: el anticipo de impuesto a las Ganancias que la AFIP determinó para unas 1.900 empresas, mientras otra parte provendrá del pago de retenciones que harán los exportadores en el marco del acuerdo que el Gobierno busca concretar con ese sector para que anticipen liquidaciones y sumen reservas al Banco Central.

La otra parte de ese pacto sería, además, un ingreso extra por derechos de exportación, que según algunas fuentes oficiales en los últimos meses había amainado en el paisaje de recaudación impositiva que reporte AFIP de manera mensual. Entre estos últimos dos elementos un funcionario cercano a Massa estimó un aporte de hasta 0,3% del PBI. Quedarían, así, otros 0,2% puntos a compensar para corregir el desvío.

Eso podría provenir, por ejemplo, de ese segundo capítulo de poda presupuestaria y “sintonía fina” que auspició Massa en todas las área del Estado desde que es jefe del Palacio de Hacienda. “Esos fondos o bien pueden ser ahorro para el Estado o bien ser utilizados para gastos que no estén contemplados y que sean necesarios”, mencionaron desde un despacho oficial.

En el Ministerio de Economía creen que las dos opciones de gastos “inesperados” que pueden aparecer en el horizonte en lo que resta del año son, básicamente, dos: un aumento en el gasto en salarios públicos, lo que dependerá de la dinámica de paritarias con los gremios estatales, y eventualmente, el pago de refuerzos de ingresos como el bono a los jubilados o al sector más vulnerable de la población, como aquellos que están bajo la línea de indigencia.

El menú de variantes con el que cuenta Massa para cumplir la meta acordada con el FMI será parte de las conversaciones que sostendrán a nivel técnico en las próximas semanas, primero con una misión que viajará, más temprano, a Washington para tomar un primer contacto inicial con el organismo, y en la primera semana de septiembre, cuando viaje el propio ministro.

En paralelo a la discusión fiscal, Massa deberá discutir la acumulación de reservas. Ayer, se conocieron disposiciones para regular el comercio exterior. El Gobierno buscará restringir las importaciones de servicios, como fletes y software, por parte de las empresas; y dejará a un grupo de bienes de consumo fuera del régimen de compras automáticas. Además, habrá un control más estricto para que las cerealeras anticipen sus exportaciones, por ejemplo de aceite de soja. Así, se intentará aminorar el ritmo de importaciones de algunos rubros que considera que crecieron fuera de lo esperable, algo que, atribuyen, está relacionado a la anticipación de compras al exterior que genera la brecha cambiaria.

Más allá de eso, la meta fiscal es considerada el corazón del programa económico firmado en marzo, junto con la acumulación de reservas y la emisión monetaria para asistir al Tesoro. Esta última opción fue descartada por Massa apenas llegó al ministerio. Luego habrá otras discusiones, más laterales, sobre temas sobre los que el Fondo pone especial atención.

Uno de ellos es el monto de la deuda flotante, esto es, el atraso en los pagos que acumula el sector público, lo que se identifica como la diferencia entre lo “devengado” y lo efectivamente pagado. Esa cifra, en junio –último de gestión de Martín Guzmán–, creció al doble en comparación con el mes anterior, lo que encendió algunas alarmas.

Cerca de Massa consideran que ese punto no implicará un entrevero con los técnicos del FMI más allá de que el programa establece un techo a este tipo de pagos pisados. Admiten que ese stock, que en junio se estiró hasta cerca de $800.000 millones, más de un punto del PBI, quedó muy cerca del techo establecido en el acuerdo, pero que el objetivo trimestral no será cumplido ya que, más allá de ese pico de junio, el Fondo toma como parámetro un número promedio del trimestre.

Según funcionarios al tanto de los números fiscales, en julio ese número debería haber bajado. Hay dos vías por las cuales puede reducirse el stock de deuda flotante: acelerar los pagos pendientes, algo que en el Gobierno ven difícil por la restricción fiscal, o bien por una caída en las “órdenes de pago”, algo que comenzaron a detectar en el seguimiento diario que hacen de este tipo de información.

En la Secretaría de Hacienda, mientras siguen con atención los números fiscales, preparan la recta final del diseño del Presupuesto 2023, que en términos generales seguirá con las cifras previstas en el programa con el FMI, es decir, un horizonte de crecimiento del PBI cercano al 3% y un déficit primario de 1,9 por ciento.

Los técnicos de Economía realizaron varios escenarios de proyección de inflación para el año próximo, entre ellos un 50% anual, que ya figuraba en el adelanto presupuestario presentado ante el Congreso en junio, y uno de esos se estiraba también hasta 60%, aunque no descartan los funcionarios que finalmente la cifra termine siendo más alta, en un contexto de expectativas de precios para este año que superan el 90 por ciento.

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