El ministro de Economía Sergio Massa y su nuevo viceministro Gabriel Rubinstein afrontará desde este lunes una semana en la que habrá en la hoja de ruta más próxima decisiones inminentes en materia fiscal y de gasto público, una señal salarial con la discusión sobre el salario mínimo, el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario antes del viaje a Washington, y otras como la expectativa de ingreso de divisas por parte de exportadores, cambios regulatorios para sectores como la construcción o la minería y, en estudio, una flexibilización del esquema de control de importaciones.
Forman parte de la agenda que el ministro de Economía marcó como una suerte de segundo capítulo de su primer paquete de anuncios que hizo apenas asumió en el Palacio de Hacienda. Todos esos desafíos macro ahora tendrán la supervisión del economista y consultor Gabriel Rubinstein, que comenzará a trabajar formalmente como viceministro y secretario de Programación Económica este lunes, luego de la presentación pública que hizo Massa el domingo vía Twitter.
Dentro de las prioridades de gestión, Massa apuntará a la cuestión fiscal. El ministro realizó una serie de anuncios al comienzo de su gestión y avanzará para cristalizar la intención de recortar la velocidad del gasto público, que según los técnicos del ministerio, en caso de seguir con el ritmo con el que traía, el sector público terminaría el año muy por encima de la meta fiscal con el FMI, de 2,5% del PBI. El Gobierno buscará como compromiso no bajar más fondos de lo presupuestado en el decreto de mediados de junio.
En la hoja de ruta más próxima aparecen decisiones en materia fiscal y de gasto público, una señal salarial, el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario, el ingreso de divisas por parte de exportadores, cambios regulatorios para construcción y minería y, una flexibilización de importaciones
Pero también necesitará buscar frenar la velocidad de algunas partidas que en lo que va del año crecieron muy por encima de la inflación. En términos reales, quitando el efecto de la suba de precios, el gasto corriente creció 8,3% en los primeros siete meses del año, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En detalle, los subsidios avanzaron 15,2%, los sueldos públicos un 12,3%, las transferencias a provincias un 12 por ciento.
Entre los gastos de capital, la inversión real directa acumula un crecimiento de 9,6 por ciento. Algunas de estas cifras se oficializarán este lunes cuando la Secretaría de Hacienda que comanda Raúl Rigo publique el resultado fiscal del sector público correspondiente a julio. Rigo, junto al jefe de gabinete de asesores Leonardo Madcur, fueron los hombres a los que Massa les encargó mantener a raya la caja presupuestaria.
Hay pocos ítems en los que el equipo económico podría avanzar para ajustar las clavijas del gasto público. Principalmente las erogaciones que son más discrecionales que automáticas o indexadas, es decir, las transferencias a los gobernadores o el fondeo de obra pública, dos rubros, como se dijo anteriormente, que tuvieron un crecimiento marcado en términos reales en los primeros siete meses del año.
La cuenta fina que hacen en Economía es que el freno de mano al gasto debería servir para “corregir” el desvío de 0,7 puntos del PBI que en el massismo ven en la ejecución presupuestaria, pero también hay otro número que aparece como una sombra: el monto de deuda flotante, es decir pagos atrasados, que acumuló durante la primera mitad del año el sector público, superior a los $800.000 millones. Se trataría de cerca de un punto del Producto Bruto solo de erogaciones pendientes para la administración pública. No es un tema menor ya que es un elemento que suele aparecer en la mira de los técnicos del Fondo Monetario habitualmente y que en el programa vigente con el organismo incluso tiene metas trimestrales, con un perfil más bajo pero igual de relevantes como la emisión o la acumulación de reservas.
Según estimaciones de la consultora Invecq, “la dinámica fiscal actual nos hace proyectar un déficit primario para fin de año de al menos 3,3% del PBI, es decir que se proyecta un desvío respecto de la meta de casi 1 punto del PBI”. En ese sentido, analizaron el impacto de una serie de medidas, entre ellas el esquema de segmentación con topes de consumo, el bono a jubilados y el adelanto de Ganancias para 1.900 empresas. “El neto de estos tres elementos arrojaría una reducción del déficit fiscal de 0,05% del PBI. Si decimos que el desvío con respecto a la meta es de casi 1% del PBI con 0,05% no estamos ni cerca de empezar”, aseguraron.
Más allá de lo fiscal, otra luz urgente en el tablero es el de las reservas. El mecanismo al que el ministro y su equipo le pone más fichas es a que exportadores adelanten parte de la liquidación de sus divisas en cuentas especiales que les darán un interés en dólares, lo que podrá hacer sumar reservas a la autoridad monetaria. Desde el BCRA aseguran que esa licitación de tasa se realizó, pero evitaron mencionar cuántos dólares ya fueron parte de esas primeras operaciones de exportadores, que a su vez salieron el miércoles a asegurar que el sector utilizará ese mecanismo nuevo.
La cuenta fina que hacen en Economía es que el freno de mano al gasto debería servir para “corregir” el desvío de 0,7 puntos del PBI que en el massismo ven en la ejecución presupuestaria
“No me gustaría anticiparme pero así como ayer y hoy las cerealeras empezaron a suscribir operaciones vía Nodo (notas en dólares que emite el BCRA para los bancos que crearán esos depósitos especiales), estamos buscando un acuerdo de trabajo técnico con la Mesa de Enlace para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación que nos permita aprovechar la potencia y generación de riqueza que tiene el sector”, aseguró el ministro de Economía.
Por lo pronto, una primera cuenta que circulaba en los despachos oficiales hablaba de un primer ingreso de USD 1.000 millones por parte de los exportadores, algo que el Ministerio de Economía espera poder ver concretado a lo largo de esta semana. “Entre enero y agosto de este año al 11 de agosto las reservas brutas cayeron USD 2.653 millones”, estimó un informe de Quantum, de Daniel Marx, el consultor que también formará parte del equipo económico a través de un comité que realizará aportes y sugerencias sobre la relación con el mercado de capitales.
“En este contexto de dificultad, la reacción oficial inicial muestra que existe una agenda de trabajo que involucra algunos elementos que permitan despejar el horizonte de corto plazo. Pero la dinámica actual plantea un camino crítico no sólo en materia de reconstrucción de los stock, sino sobre la capacidad de intervención del BCRA en el mercado de cambios, tanto en el contado como en el futuro”, mencionó Quantum.
En las próximas horas además se conocerá el marco reglamentario de las facilidades impositivas y del blanqueo de capitales para inversiones en el sector constructor, un proyecto que fue aprobado por el Congreso. La minería también podría ser objeto en breve de un cambio en sus reglas del juego.
El equipo económico buscará un esquema de acceso a divisas similar al que reglamentó para las inversiones en hidrocarburos pero en este caso hacia los proyectos mineros. Por el momento se sabe que el beneficio estará basado en el nivel de agregación de valor sobre el producto extraido. En el caso de Vaca Muerta, premia a la producción incremental para fomentar la inversión.
También habría, según anticipó el ministro de Economía, algún tipo de reajuste al esquema de autorización de importaciones. Massa dijo que buscará que el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) tenga, en el momento en que se aprueba, una fecha cierta de pago y trazabilidad cruzada entre la Aduana, el Banco Central y las secretarías de Comercio y de Industria.
En términos reales, quitando el efecto de la suba de precios, el gasto corriente creció 8,3% en los primeros siete meses del año, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC
A propósito de las importaciones, un estudio de Ecolatina aseguró que en promedio, “el 10% de los insumos utilizados en los procesos de producción orientados a abastecer el consumo local se obtienen mediante importaciones. Sin embargo, existen importantes disparidades entre sectores, donde los Bienes (12%) exponen una mayor necesidad que los Servicios (8 por ciento)”.
“Adentrándonos en un análisis sectorial, las principales ramas que requieren una mayor proporción de importaciones para su funcionamiento son la Industria (16%), Petróleo, Gas y Minería (15%) y Comercio (14%), mientras que sectores como Hoteles y Restaurantes o Servicios comunitarios, sociales y personales (’otros servicios presenciales’) muestran una proporción mínima”, dijo Ecolatina.
Y en detalle, la industria también tiene una situación variopinta: el rubro de Equipos informáticos, electrónicos y ópticos y Equipo eléctrico, Maquinaria y equipo y Químicos son los que requieren una elevada proporción de insumos importados para producir: 61%, 42% y 38% en relación con su consumo intermedio, respectivamente, estimó la consultora. Por su parte, en el otro extremo se ubican Alimentos y bebidas (0,8%) y refinación de petróleo (5,2 por ciento).
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