“Más sexo”, “más tiempo con la abuela”, “menos miedo existencial”: cómo es la campaña que impulsa un Salario Básico Universal en Alemania

Los carteles son llamativos y están por toda la ciudad de Berlín. No es solamente el fondo rosa, la tipografía dramática o los dibujos con estética emoji; es el mensaje. A golpe de vista, cualquier transeúnte puede sentirse atraído y convocado por una serie de proposiciones simples, optimistas, contundentes: “Más sexo”, “más sensación de felicidad”, “menos burocracia”, “más tiempo con la abuela”, “más solidaridad” “menos miedo existencial”.

“Probémoslo”, rematan los afiches. Y en una fuente más pequeña ofrecen, a modo de pregunta, la propuesta concreta: “¿A través de una Renta Básica Incondicional?”.

La discusión no es estrictamente europea. El debate en torno a la implementación del pago estatal de un Salario Básico Universal (SBU) a todos los ciudadanos, sin distinción ni condiciones de ningún tipo y como medida de contención de la pobreza, tomó fuerza y se extendió en los últimos meses en varios países. Hace poco menos de un año, en plena pandemia de COVID-19, el propio Papa Francisco sugirió que una disposición de este tipo sería necesaria “para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida”.

Pero, a pesar de que las líneas generales del debate suelen ser las mismas, los proyectos para una potencial aplicación de la medida y la discusión en torno a estos tienen sus propias particularidades, atadas a las distintas realidades sociales, culturales, políticas y —fundamentalmente— económicas de cada Estado.

En Argentina, los movimientos sociales (en particular el MTE que lidera Juan Grabois) todavía presionan al Gobierno para llevar el tema a la agenda parlamentaria y a pesar de que fue la propia Cristina Kirchner quien impulsó la discusión durante un acto público y de que hay dos potenciales proyectos en pugna, oficialmente la idea fue descartada por su alto costo fiscal.

Pero tampoco se trataría de un salario ni sería universal, sino la entrega por un plazo determinado de un monto equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto -hoy fijada en $15.057- y sólo para los sectores más postergados: un universo de entre 1,7 y 7,5 millones de personas, de acuerdo a los proyecto de Juliana Di Tullio e Itai Hagman, respectivamente.

En la práctica, hasta ahora ningún país aplicó un Salario Básico Universal plenamente, más allá de algunos ensayos y pruebas piloto.

En Alemania, de hecho, también se lleva a cabo actualmente un experimento que busca examinar los efectos del SBU en un pequeño muestreo de participantes que recibirán el ingreso por un lapso de tres años y son monitoreados por un equipo de investigación. Pero en el proyecto, llevado a cabo por la asociación “Mein Grundeinkommen” y financiado por privados, no interviene el Estado.

Ahora, sin embargo, existe por primera vez la posibilidad de que una prueba real, por tiempo limitado y bajo la órbita estatal se convierta en ley y se lleve a cabo un verdadero ensayo de un “Bedingungsloses Grundeinkommen” (SBU, en su denominación en alemán) en la ciudad de Berlín.

El contexto actual tiene mucho que ver. La economía alemana, la más importante de Europa y una de las más fuertes del mundo, atraviesa en este momento un difícil trance tras los daños de la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y la consiguiente crisis energética: crecimiento del PBI detenido, exportaciones estancadas y cifras récord de inflación en el último casi medio siglo.

De acuerdo a la Asociación de Bienestar Paritario en su Informe sobre la Pobreza 2022, confeccionado a partir de datos de la Statistische Bundesamt (Oficina Federal de Estadística), la tasa de pobreza alcanzó en Alemania un nuevo récord el año pasado, con una marca de 16,6%. Una cifra que, sin grandes picos, continúa superándose desde 2006. Esto significa que 13,8 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza en territorio teutón: 300.000 más que en 2020 y 600.000 más que antes de la pandemia.

Berlín es, con 19,6% de pobreza, uno de los cuatro estados federales con tasas significativamente superiores al valor nacional junto con Renania del Norte-Westfalia, Turingia, Sajonia-Anhalt y Bremen. Los hogares con tres o más hijos (31,6%) y los monoparentales (41,6%) son los más expuestos, al igual que las personas de origen inmigrante (28,1%) y sin nacionalidad alemana (35,3%) —Alemania es también uno de los países que más refugiados ucranianos recibió en los últimos meses detrás de Rusia y Polonia.

Así, la discusión por el SBU volvió a instalarse. Todo empezó hace dos años, cuando Laura Brämswig (32) y Johannes Ponader (45), activistas sociales y promotores de la medida tuvieron la idea de trabajar en algo que tenga un efecto práctico y aplicable en Alemania. Así fundaron el movimiento “Expedition Grundeinkommen”.

“Joy y yo nos conocimos en una reunión de emprendedores sociales donde también había una persona que estaba muy involucrada en procesos de democracia directa. Ahí nació la idea de combinar ambas cosas y trabajar en torno a la Renta Básica Universal, pero usando esas herramientas”, explica Brämswig en diálogo con Infobae en un caluroso día en Berlín desde el barrio de Kreuzberg, donde ahora tienen sus oficinas.

“Conversamos con científicos del área y abogados especialistas en derecho administrativo, nos interiorizamos sobre pruebas piloto internacionales que ya existían y lo hicimos: escribimos un proyecto de ley”, dice la activista y psicóloga social nacida en Münster, una ciudad de 300 mil habitantes al oeste de Alemania.

Pero, ¿cómo lograr su aprobación? Brämswig explica: “Hay dos juntas de firmas. En la primera necesitas al menos 20 mil, esto es para probar que vas en serio y que hay suficiente gente que te apoya. Hace un año lo logramos, juntamos más de 35 mil”, dice. “Después te invitan al Congreso de Berlín, donde hay una audiencia y los legisladores votan la viabilidad de aprobar la ley. Esta fue la primera vez que se discutió el tema en el Parlamento alemán”.

La respuesta del Reichstag alemán, sin embargo, no fue positiva, porque no hay mayoría política en favor del SBU. En agosto pasado, el Consejo Consultivo Científico del Ministerio Federal de Finanzas —bajo la órbita del entonces ministro y hoy canciller y sucesor de Angela Merkel, Olaf Scholz— consideró que la propuesta no era factible, en particular por la dificultad de su financiación.

Para los asesores de Scholz, si todos los ciudadanos tuvieran que estar cubiertos a un nivel de subsistencia socialmente aceptado, el SBU debería rondar los 1200 euros al mes en el caso de adultos y 684 para niños. “Incluso si se compensan los otros beneficios sociales, la introducción del BGE crearía una necesidad de financiación de casi 900.000 millones de euros anuales”, indicaba el informe.

Y, según detallaron, en caso de que el SBU se adoptara parcialmente, para financiarlo el gobierno alemán debería aplicar una suba de impuestos sobre la renta de al menos 12%. Los expertos también señalaron que la medida iría en contra del principio de subsidiariedad, abandonando el principio de solidaridad inherente al Estado de Bienestar, en favor de una reivindicación del individuo frente a la sociedad. Es decir, cuestionaron la idea de que a través del SBU se fortalezca la solidaridad social.

“Una gran porción de la población nos apoya, muchos de ellos no son fanáticos de la idea pero están de acuerdo con hacer una prueba piloto”, dice Brämswig. “Esto no se representa en el Parlamento y hay muy pocos partidos que lo incluyen en su programa. Muchos legisladores nos dijeron que si la gente la vota y la aprueba, eso es una cosa, pero que no iban a apoyar la propuesta. Lo cual es una paradoja, porque hay mucha gente interesada y ellos son nuestros representantes”.

Ante la negativa del Congreso, los miembros de Expedition Grundeinkommen redoblaron la apuesta: “Fuimos a la segunda junta de firmas, que es donde estamos ahora y que es realmente grande: se necesitan 175.000 solo en Berlín que lo firmen y sean votantes oficialmente registrados. Como esta es una ciudad tan cosmopolita, al final tenemos que juntar unas 240.000 firmas. Es una cantidad enorme, requiere una organización muy grande y nos quedan apenas semanas para lograrlo”.

La fecha límite es el 5 de septiembre. Si lo logran, entonces la propuesta va a ir directo a un referéndum, que debería ocurrir el próximo febrero o marzo. En esa votación, todos los ciudadanos serían consultados: “¿Quisieras participar de esta prueba piloto?” Sí o no.

Se trata de un tipo de democracia directa que sólo se aplica en estados federales, no a nivel nacional, y que, de obtener una respuesta afirmativa, sería vinculante: “Si logramos llegar al referéndum y la gente vota que sí, la ley se aprueba directamente y el Parlamento ya no puede cambiarlo”.

Brämswig y Ponander pensaron la campaña con el objetivo de probar y analizar el SBU a través de un experimento social financiado por el Estado: que 3.500 personas lo reciban por tres años y un equipo de investigación monitoree entre ellos y un grupo de control su calidad de vida y su comportamiento. “Todo esto, incluyendo los pagos de la RBU y los salarios del equipo de investigación, costaría en total 70 millones de euros”, asegura Brämswig.

De esta forma, creen, entre uno y dos años después de finalizada la prueba piloto se tendrían mejores fundamentos sobre el impacto práctico y psicológico que podría llegar a tener este ingreso extra e incondicional no sólo en quienes viven al límite o debajo de la línea de pobreza sino también en los sectores económicos medios y altos.

La hipótesis, entonces, vuelve a los carteles: los fundadores de la campaña creen que percibir este tipo de ingreso no sólo contiene la desigualdad social sino que también provocaría menos dependencia a trabajos mal pagos o en malas condiciones, lo que resultaría en más tiempo para desarrollo personal, más salud física y mental y, en general, mayor bienestar.

El otro punto es el estudio de las posibles formas de financiación del SBU, en particular a través de una potencial modificación del sistema fiscal. Para Expedition Grundeinkommen, se trata de una redistribución donde los que menos tienen no caigan del sistema y los más ricos aporten un poco más. “Sería excelente dejar de discutir si sí o no y empezar a discutir cómo”, se ilusiona su impulsora.

La petición, sin embargo, no va tan bien como esperaban: apenas juntaron 78 mil firmas, un 32% del total que necesitan, y en Expedition Grundeinkommen lo atribuyen en parte a la falta de voluntarios. “En cada salida nos va muy bien, hay mucha gente que firma, recibimos mucho apoyo. Pero tenemos problemas encontrando voluntarios que quieran hacer ese trabajo. La mayoría de las personas que se beneficiarían de este ingreso son también los que no tienen tanto dinero. Y no podemos pretender que estas personas quieran voluntariar”.

“Esto es, de hecho, parte del núcleo de nuestra hipótesis, es lo que queremos cambiar. Pero también nosotros estamos dentro del sistema”, agrega Laura. Para la recta final, por este motivo, el grupo —que es financiado principalmente por privados, fundaciones y el Instituto de la Universidad de Freiburg que investiga el SBU— empezó a ofrecer un incentivo económico a los cerca de 400 voluntarios que colaboran en la campaña.

“Va a ser duro. Si lo logramos va a ser casi un milagro”, admite Brämswig sin perder las esperanzas de que en las últimas semanas la urgencia de alguna forma potencie la convocatoria.

En Argentina, donde 17,4 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza (37,2 %) y aún tratándose de una iniciativa muy distinta, la propuesta tampoco tiene, por ahora, altas probabilidades de prosperar.

“Vengo siguiendo la dolorosa situación y el debate en Argentina”, dice Brämswig. “En Alemania también tenemos un estado social muy fuerte pero que también con el tiempo se ha vuelto muy burocrático. Es muy difícil aplicar para los beneficios sociales y hay una gran cantidad de gente que que no aplica por la estigmatización en torno a ellos o simplemente porque no los conocen”, explica.

Y agrega: “Todo esto alrededor de la idea de que las personas sólo deberían recibir dinero del estado si son pobres y no contemplar de qué forma podría beneficiar a la sociedad hacerlo de otra forma y de qué forma toda esa gente podría retribuirlo luego al Estado”.

“¿Le negarías a alguien el derecho a comer?”, decían los carteles con los cuales las organizaciones sociales que impulsan la medida empapelaron el centro porteño. En esa línea, Grabois insiste en la necesidad de aplicar un SBU para combatir la indigencia.

“Al final, a pesar de que tenemos sistemas estatales y situaciones políticas distintas, si vamos al núcleo de la discusión, es el mismo debate. Quienes no apoyan la renta básica son los que dicen ‘¿por qué alguien debería recibir dinero sin hacer nada?’”, amplía Brämswig, que lo analiza de un modo similar. “No hay evidencia científica que respalde ese pensamiento, pero dejar gente en la pobreza sólo conduce a que todas estas personas tengan cada vez menos poder de acción. Vivir con la presión de la incertidumbre de cómo va a desarrollarse tu existencia directamente disminuye tu IQ a largo plazo y eso deriva en que cada vez tengas menor capacidad de cambiar tu realidad”.

“Por eso creo que introducirlo desde cero tiene el beneficio de poder diseñar cómo querés que sea y se aplica, es la oportunidad de reducir la burocracia”, concluye la activista, que espera que pueda llevarse a cabo el referéndum y la prueba piloto que permita ampliar los argumentos para el SBU en otras partes del mundo. “Hay muchos beneficios de hacer esto sin pedir condiciones a cambio. Espero que Argentina pueda aplicarlo en algún momento aunque se haga escalonado y no sea desde un principio para todos”.

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