La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a recibir información de su par de Estados Unidos con datos de los titulares de cuentas bancarias por un acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri para controlar la evasión.
Se trata de la aplicación del acuerdo de intercambio de información tributaria entre la Argentina y Estados Unidos que se firmó en 2016 y que le permite al gobierno de Alberto Fernández tener acceso a datos financieros de argentinos en esa poderosa plaza financiera.
El intercambio vigente es de “caso por caso”, no automático como el que rige con otros países, pero aun así, en cuentagotas, la AFIP puede contar con valiosa información del Internal Revenue Service (IRS), el organismo fiscalizador de ese país.
Según comentaron a Infobae expertos tributarios que están al tanto de estos requerimientos a sus clientes, “el titular de estas cuentas está bajo fiscalización en Argentina y la AFIP le pide al IRS que le requiera información al banco; si IRS lo considera que es correcto, se lo pide al banco donde tiene cuenta y así le brinda datos para proporcionar a Argentina, no para fiscalizarlo en Estados Unidos, que solo le interesa si se le retuvo parte del impuesto si obtuvo renta proveniente de activos colocados en ese país”.
El pedido de varios bancos indica que saben que se trata de un residente fiscal de la Argentina y les solicitan que la entidad informe la fecha de apertura de la cuenta, identificación del cliente (Know Your Customer and Customer Due Diligence records), resúmenes mensuales de la cuenta, tipo de depósitos, transferencias y cualquier tipo de documentación referida a depósitos y retiros, incluyendo información de trust revocables e irrevocables. Está dirigido a contribuyentes argentinos que están bajo la fiscalización de la AFIP por el período 2020 y 2021, sobre todo si no pagaron el cuestionado impuesto a la riqueza o aporte solidario.
La división del IRS que lo requiere es Exchange and Offshore Strategy, según los tributaristas que recibieron llamados con tono de preocupación de sus clientes con cuentas en Estados Unidos.
En este sentido, el especialista Mariano Ghirardotti dijo a Infobae que “en casos de contribuyentes fiscalizados que han declarado cuentas en el exterior, el fisco argentino a través del tratado de intercambio, interactúa con el IRS a efectos de recabar información relativa a las cuentas declaradas en el país, y toda otra cuenta abierta en las entidades financieras informadas”.
“Si bien generalmente se cree que Estados Unidos no coopera, estas citaciones a los bancos de dicho país para informar sobre contribuyentes argentinos, es la prueba de que dicha afirmación ya no es tan así”.
Además, “al ser el banco norteamericano requerido por parte del IRS de Estados Unidos, se ve forzado a contestar”, aclaró Ghirardotti.
Intercambio vigente
En tanto, César Litvin “el intercambio está vigente, no en su formato automático o espontáneo, o con visitas en Estados Unidos pero si en formato a requerimiento, para lo cual hay que identificar a la persona, el banco donde es posible que tenga cuenta, la motivación y no hace falta que sea un pedido de un juez, si no de la AFIP al IRS, que determina por el acuerdo fiscal y vigente. En algún caso el IRS avisa a algunos contribuyentes que va a dar la información”.
La Argentina intentó avanzar desde la firma de esa primera etapa del convenio a una instancia de cooperación automática pero no lo pudo lograr luego de la filtración de datos de algunos contribuyentes en 2017.
También tiene acuerdos de intercambio de información impositiva con Armenia, Aruba, Azerbaiyan, Bahamas, Bermudas, China, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Emiratos Arabes, India, Irlanda, Jersey, Caiman, Macao, Monaco y Uruguay, entre otros. Además, mantiene numerosos acuerdos en materia aduanera, como el que le permite a la Aduana pedir información en las denuncias por presunto fraude en la triangulación de mercadería en el comercio exterior, sobre todo a su par de Estados Unidos.
A estos convenios bilaterales se suma el acuerdo multilateral bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), firmado por más de 50 países, entre ellos la Argentina, pero no Estados Unidos por la oposición del congreso norteamericano.
El blanqueo del 2016 en la Argentina, en el que se captaron fondos por unos USD 117.000 millones, tuvo éxito en parte porque las entidades financieras norteamericanas comenzaron a exigir a sus clientes entre ellos los argentinos, que declararan sus fondos en sus países de origen, como parte de los controles a fondos de origen desconocido que pudieran facilitar actividades criminales como el terrorismo o lavado de dinero. Muchos contribuyentes se quejaron porque, luego del cambio de gobierno en 2019, a los contribuyentes que entraron al blanqueo les subieron las alícuotas del impuesto de Bienes Personales.
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