Subsidios: el Gobierno calcula que el nuevo esquema con topes de consumo triplicará el ahorro del “modelo Guzmán”

El Gobierno estima que ahorrará en lo que resta del año unos $50.000 millones por el nuevo esquema de segmentación de subsidios con topes de consumo, que fue presentado este martes por la secretaria de Energía Florencia Royón. Representa un recorte que equivale a más del triple de lo que se calculaba en su momento para el sistema tarifario anunciado por el ex ministro Martín Guzmán.

De acuerdo a las proyecciones preliminares que todavía terminan de ajustar en la Secretaría de Hacienda que encabeza Raúl Rigo, esos $47.500 millones que corresponden a energía eléctrica y gas, y otros $2.000 millones para agua potable, contrastan con los $15.000 millones que había anunciado como poda fiscal nominal el entonces secretario de Energía Darío Martínez.

Pero la parte más pronunciada del recorte fiscal tendrá impacto en las cuentas públicas el año próximo. De acuerdo a cálculos del secretario Rigo, esa cuenta sería de hasta 0,5% del Producto Bruto. Lo relevante es que el acuerdo todavía vigente con el Fondo Monetario Internacional prevé una reducción del déficit primario desde 2,5% en que debería terminar el 2022 hasta 1,9% el año próximo, es decir de 0,6 puntos porcentuales del PBI de diferencia.

De esta manera, casi todo el ajuste del gasto que debería hacer el sector público en 2023 según la hoja de ruta planteada con el FMI estará recostado sobre el nuevo esquema de subsidios con tope de consumo que empezará en los próximos meses. En términos nominales, calculó el Gobierno aunque con valores presentes, se trataría de unos $500.000 millones, algo que ya había estimado el equipo económico en un principio. El año que viene, se entiende, la nominalidad será muy distinta por efecto de la inflación.

La principal fuente de ahorro para estará explicado por el tope al consumo subsidiado de luz y de gas, que de ese número total representará unos $445.000 millones durante 2023. Los $45.000 millones restantes llegarán por el rediseño del sistema de subvenciones al agua potable.

En conferencia de prensa, consultado sobre Infobae sobre cuál será la cuenta final de gasto en subsdios que completará el Estado nacional cuando finalice el año, Rigo especificó que “a principios del mes de junio el Gobierno nacional dictó un DNU que modificó el Presupuesto vigente, es el Presupuesto que entendemos nos va a acompañar en términos generales hasta fin de año”, dijo.

“Sobre esa expresión presupuestaria que tenemos en nuestro presupuesto vigente, deberemos considerar los ahorros que mis colegas de gabinete han expresado para el año 2022. Y también tendremos en cuenta para la formulación del Presupuesto 2023, tarea que nos tiene ocupados en estos días, también las proyecciones que se han mencionado aquí, que dicho sea de paso, son proyecciones significativas en términos del PBI”, apuntó el funcionario.

Esa modificación presupuestaria a la que refirió Rigo fue la que tuvo lugar a mediados de junio, días antes de la salida de Martín Guzmán como jefe del Palacio de Hacienda, y en la que se actualizaron las cifras de fondos públicos del presupuesto prorrogado del año pasado.

En ese DNU Economía estableció que para este año habría unos 1,62 billones de pesos para subsidios a la energía, según recopiló en un informe la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De esa cuenta habrá que restar, entonces, los $47.500 millones del esquema de subsidios con tope de consumo.

“Tenemos unos cálculos anuales para el año próximo que todavía están sujetos a ciertas revisiones. Un porcentaje significativo estimo en 0,4% o 0,5% del PBI en función de cuáles sean el recálculo de estas proyecciones”, continuó Rigo, y marcó que será una cifra con peso en el sendero de recorte del déficit.

“Esta cifra es muy significativa y va a hacer un aporte realmente crucial para la política del ordenamiento de las cuentas públicas que es una indicación y una política fiscal que impulsa nuestro ministro. En 2022 el impacto va a ser menor, vamos a tener impacto en noviembre y diciembre y en todos los casos vamos a tener situaciones similares porque el impacto en las facturas no se produce de manera inmediata”, concluyó el funcionario encargado del control del gasto público.

La cuestión fiscal apareció como uno de los temas de la agenda urgente del ministro de Economía Sergio Massa. En ese sentido, el funcionario mencionó algunas decisiones a su llegada, como la puesta en marcha de topes de gasto para el sector público, un estricto congelamiento de las plantas de personal estatal y la prescindencia de emisión monetaria desde el Banco Central hacia el Tesoro.

Otra pata del programa económico del tigrense se apoyará en la posibilidad de fondeo en el mercado de deuda en pesos. El éxito que tenga el Gobierno para conseguir pesos en el mercado de capitales marcará la posibilidad de cumplir con el recorte de gasto necesario para ajustarse a la meta fiscal de 2,5% acordada con el FMI.

Según proyecciones que le acercaron al ministro, con la velocidad actual del gasto, el sector público terminaría el año con un rojo primario equivalente a 3,2% del Producto. Ese desvío de 0,7 puntos, a valores de hoy son unos $530.000 millones.

El nuevo cálculo que hacen en la Secretaría de Finanzas tras el canje de bonos de la semana pasada es que quedarán, hasta que finalice este año, unos 1,5 billones entre los cuatro meses que restan del 2022, de los cuales $600.000 millones estarán concentrados en noviembre.

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