Vaca Muerta: dudas entre los expertos por el alcance del nuevo esquema para atraer inversiones y aumentar la producción

Creen que el esquema sigue siendo muy restrictivo y burocrático, que su secuencia no se adecua a la necesidad de las empresas y que no apunta con claridad al aumento de las exportaciones

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Alberto Fernández y Sergio Massa,
Alberto Fernández y Sergio Massa, en Neuquén, en la firma para la obra del Gasoducto que transportará producción de Vaca Muerta (Télam)

El Gobierno reglamentó el régimen de acceso preferencial a divisas para inversiones en petróleo y gas, que Sergio Massa había adelantado en Neuquén, sede de Vaca Muerta, la “joya energética” de la Argentina. Mediante un decreto, anticipado el viernes por Infobae, busca operativizar la aplicación del DNU 277, de mayo pasado, que creó el “Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo” (RADPIP) y el “Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Gas Natural (RADPIGN), de aplicación a empresas que operan en las cuencas hidrocarburíferas y a otras que podrán sumarse como socias. La norma permite incluso la transferencia del acceso preferencial a divisas a empresas proveedoras.

“Las beneficiarias y los beneficiarios podrán, a los fines de propiciar las inversiones necesarias para incrementar la producción de las áreas hidrocarburíferas bajo su titularidad, presentarse conjuntamente con otras personas jurídicas, las que serán consideradas como terceros asociados siempre y cuando cumplan los recaudos exigidos en este decreto y sus normas complementarias y acrediten fehacientemente un vínculo contractual con la beneficiaria o el beneficiario de al menos doce (12) meses, con una inversión mínima efectivizada de dólares estadounidenses cincuenta millones (USD 50.000.000), en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación” (esto es, la secretaría de Energía), dice un artículo del decreto.

Objetivo

La ambición, dijeron desde el Gobierno, es triplicar la producción de petróleo y gas de las cuencas hidrocarburíferas, pero expertos consultados por este medio fueron más bien escépticos acerca de la eficacia de la medida.

“Vamos a darle al sector una enorme cantidad de ventajas competitivas sobre el crecimiento de producción”, había dicho el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el evento Oil & Gas Patagonia.

La norma es de aplicación a partir del tercer trimestre 2022 (es decir, el actual) y promete, cuando corresponda, un rápido reconocimiento del acceso a divisas, de no más de 90 días luego de solicitado. La “línea base” para el cálculo de producción incremental es el año 2021. Para proyectos petroleros el acceso preferencial a divisas será del 20% del aumento de la producción respecto a la línea base y para los de gas del 30 por ciento y se permitirá el cálculo trimestral de producción incremental, lo que podría facilitarle a las empresas conseguir mejoras sobre la “línea base”.

Alberto Fernández, en una de
Alberto Fernández, en una de sus primeras visitas a Vaca Muerta. A su derecha, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez

Del dicho al hecho

Uno de los problemas, dijo Daniel Montamat, exsecretario de Energía, expresidente de YPF y titular de la consultora Energética Montamat & Asociados, es que lo que pretenden quienes quieren hacer inversiones es que el gobierno les dé primero acceso a las divisas que necesitan para llevar adelante esos proyectos y así generar saldos exportables, mientras que el gobierno pretende que el acceso a divisas se materialice recién con la inversión ya realizada y logrado el aumento de la producción, para recién entonces darle acceso a un porcentaje de la mejor productiva.

“En el contexto actual de falta de dólares y alto riesgo-país, que obliga a descontar los proyectos a altas tasas de interés, hay que ver cuántos de los proyectos existentes son viables”, dijo Montamat, quien señaló que ni el decreto 277 ni su reglamentación cambian “la película energética”.

“Como ya dije, no se trata de los actores de la película, sino de que el guion es malo y en el contexto de una película macroeconómica cuyo guion es todavía peor”, dijo Montamat, quien duda que la nueva norma genere mucha respuesta en términos de inversión. “El Estado invirtió la secuencia y el contexto actual no da para eso”, señaló, además de notar que a muchas compañías ya instaladas y produciendo hidrocarburos les sobran pesos y quieren convertirlos a dólares para contratar servicios o invertir en infraestructura que contribuya a la exportación, pero lo que propone al gobierno implica un desfasaje “entre los dólares que pide que se inviertan en un momento críticos y los dólares que supuestamente daría después”.

Exportación, ¿qué exportación?

Francisco Romano, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez & Arntsen, codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral y único miembro argentino del directorio de la Asociación Internacional de Negociadores de Energía (AIEN, según su sigla en inglés), con sede en Houston, dijo que ya la norma de origen, el decreto 277, tiene una seria limitación, pues permite el uso de divisas solo para pagar dividendos y devolver préstamos extranjeros y es, al igual que el decreto reglamentario, “burocrático y limitado”.

El nuevo decreto, dijo, “es una tortura de leer, incluso para mí, que llevo 30 años en esto”. El régimen promete acceso a dólares, pero “¿con qué seguridad los van a dar dólares, si el gobierno no los tiene?”, se preguntó Romano. La norma, dijo, se refiere a la producción incremental, no a las exportaciones incrementales y disocia el régimen de acceso a divisas de la exportación, casi la única vía que tiene la Argentina para conseguirlas.

La norma no solo no se refiere a la exportación incremental, dijo Romano, sino que incluso en el cálculo para el acceso preferencial la fórmula deduce el monto de exportación de la producción incremental para calcular el eventual acceso a divisas.

Un trabajador mira por encima
Un trabajador mira por encima de una plataforma de perforación de petróleo y gas en la zona de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén. Argentina. Foto de archivo Ene 21, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Sucede, explicó, que en la Argentina hay un desacople entre exportar (principalmente petróleo crudo) y vender al mercado interno a la mitad del precio de exportación. “Para tirarles un hueso a los que no exportan, les dan esto, que para mí no genera más confianza y no va a cambiar en nada la situación estructural”, dijo Romano.

Lo que debería hacerse, señaló, es dejar que las empresas exporten y permitir la disponibilidad de divisas, pero en un régimen de control de cambios (cepo) como el actual el acceso a divisas es solo por vía de excepciones y regulaciones.

¿Dónde están los dólares?

“El ideal sería corregir las distorsiones, aplicar una política general, pero no hay dólares en el Banco Central, porque muchos fueron a la importación de energía; de los regímenes de excepción que se aplicaron, este es el peor de todos: te piden invertir sin la seguridad de que te van a dar dólares, es como que te inviten a un asado y no haya carne”, dijo Romano, que también criticó la “enorme discrecionalidad” implícita en el decreto 277 y en su reglamentación. El gobierno, concluyó, “está pidiendo compromiso de inversión y resultados contra una promesa que depende de muchas condiciones, lo cual convierte esto en un acto de fe”.

Por su parte, Jorge Lapeña, exsecretario de Energía, exdirector del Enargas y presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, dijo que la clave es qué resultados tendrán estas normas “en concreto, en la práctica real”, aunque celebró que “por primera vez en este siglo un Presidente de la Nación admite como causa del decreto que la importación de gas natural y de gasoil es el principal problema a resolver, algo que nunca admitió el kirchnerismo: la dependencia energética de la Argentina, que empezó en 2010, se acrecienta día a día y hunde a la economía”.

Según Lapeña, “la vergonzosa escasez de gasoil de este año y los exorbitantes gastos de divisas en importaciones energéticas” están detrás de lo que calificó de “acciones desesperadas” en el área de energía.

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