Apenas un día pasó entre el anuncio oficial sobre la última actualización de los haberes jubilatorios y el dato oficial del Indec sobre el aumento de los precios en julio, a un ritmo que corroe impiadosamente los ingresos de los jubilados y lo seguirá haciendo mientras el gobierno no se anote alguna victoria en la “guerra contra la inflación” que el presidente Alberto Fernández anunció el 15 de marzo pasado.
El aumento del 15,53% de las jubilaciones fue presentado el miércoles por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, con el agregado de un bono de $7.000 que percibirán durante 3 meses los perceptores de la mínima, que se reducirá gradualmente hasta $4.000 para que nadie del universo alcanzado por el adicional supere los $90.705 mensuales (dos haberes mínimos, sin bono). El refuerzo, dijo el gobierno, alcanzará el 85% del total de beneficiarios y la mínima pasará así a 50.353 pesos.
Aunque el gobierno habló de aumento “real” (superior a la inflación) del haber mínimo, que sin bono es de $43.353, para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se trata de “una falacia berreta”. El bono, dijo, busca encubrir que el 15,53% equivale a $200 por día para personas que apenas cubren 35% a 40% de su canasta de consumo. Además, el incremento para los demás jubilados fue casi dos puntos inferior al 17,3% de inflación del trimestre precedente, brecha que crecerá con la inflación prevista de aquí a fin de año.
El bono de $7.000 busca encubrir que el 15,53% de aumento equivale a $200 por día para personas que apenas cubren 35% a 40% de su canasta de consumo (Semino)
El último dato, difundido el jueves, es que la inflación fue del 7,4% en julio, acumuló 46,2% en siete meses y 71% interanual. En el caso de los jubilados, por caso, el rubro Salud aumentó 72,1% interanual. Y las expectativas no son buenas: no hay casi consultora que vaticine una inflación inferior al 6% en agosto o inferior al 90% en 2022, amén de que el 7,4% equivale a un 136% anual, cerca de los niveles registrados a partir de 1975 (año del “rodrigazo”) y durante la década del ochenta, hasta las hiperinflaciones de 1989 y 1990.
¿Cuánto fue el deterioro del poder de compra en los últimos años?
Marcelo Capello, economista del Ieral, precisó que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, asumiendo que el año acabe con una inflación del 95%, la acumulada en tres años será de 300%, lo que equivale a multiplicar por cuatro los precios de fines de 2019, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. Desde entonces las jubilaciones nominales se ajustaron 257 por ciento.
Otra comparación, dijo Capello a Infobae, es que de haberse mantenido el poder de compra de diciembre 2021, el haber mínimo de julio ya debía ser de $42.739, más de $5.000 por sobre los datos oficiales. La erosión de los haberes jubilatorios, agregó, será “cada vez mayor” a medida que la inflación de los próximos meses se ubique por encima de las cifras de la primera mitad del año. El uso de bonos compensatorios hace que el haber mínimo le gane a la inflación cuando se gatilla la actualización. Pobre consuelo. “En los meses donde no hay actualización (2 de cada 3) la inflación vuelve a ganar la carrera”, concluyó el economista del Ieral de la Mediterránea.
La inflación derrota cualquier fórmula de movilidad que se sustenta en la variación de los precios al consumidor pasada a un ritmo menor a la del presente, y porque, a diferencia de las actualizaciones, y más cuando existe un desfase de tres meses entre la última fecha y el momento de su aplicación efectiva (fueron semestrales hasta fin de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri cambió la fórmula que habían aplicado, desde 2006, las anteriores gestiones kirchneristas), la inflación es un fenómeno continuo, que corroe día a día los ingresos fijos.
A diferencia de las actualizaciones jubilatorias, la inflación es un fenómeno continuo. El Indec informa el dato mensual, pero ocurre día a día
La forma más amplia de observar el trato hacia el conjunto de los jubilados –no solo a los de la mínima- es que, según los cálculos del Ieral, en 2021 el gasto previsional cayó en términos reales un 8,5% excluyendo bonos y un 6,7% incluyéndolos y en 2022 permitiría un “ahorro fiscal” de entre 0,1 y 0,5% del PBI. Los jubilados fueron el único sector sobre el que el gobierno ajustó el gasto real entre 2019 y 2022, precisó un estudio previo de Jorge Vasconcelos, economista jefe de la entidad (ver Gráfico, más abajo)
Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) estiró un poco más la mirada y observó que desde principios de 2018 hasta agosto de 2022 (esto es, en 56 meses) los jubilados que cobran la mínima perdieron el equivalente a 8,4 jubilaciones si no se incluyen los “bonos compensatorios” y 6,7 jubilaciones si éstos se computan. En el primer caso la pérdida es del 15,5% y en el segundo del 12,3% del valor real del haber.
“La compensación de la pérdida acumulada debería ser de $345.600″, precisó Argañaraz. Si se buscara compensar solo lo perdido en el último año, agregó, el bono debería de 90.746 pesos. En cualquier caso, con cifras lejanas a los anuncios y a lo que puede financiar un sistema previsional desbordado. Según Juan Luis Bour, economista de FIEL, las sucesivas moratorias introducidas desde 2005 “quebraron” el sistema, por lo que “mucha gente no podrá jubilarse con un haber digno”.
Las sucesivas moratorias transformaron un régimen de previsión en un tapa-agujeros de la imprevisión. “Las moratorias fueron parches y no se trabajó para que hubiera más empleo en blanco. Antes, 5 de cada 10 jubilados se jubilaba con moratoria, hoy son 8 de cada 10″, dijo la abogada previsionalista Andrea Falcone.
Una de las consecuencias fue el continuo achatamiento de haberes. En 2005 el 22% de los jubilados cobraba la mínima, porcentaje que fue aumentando hasta superar el 70%, retrocedió levemente, a 65% con la “reparación histórica” de 2016 y volvió a aumentar desde entonces, hasta superar nuevamente el 70%, aunque la página web de la Anses diga (a marzo, última actualización) que la cifra es del 47 por ciento. Pasa, dijo Falcone, que la Anses considera “contributivas” jubilaciones hechas con “compra” de aportes por cifras a menudo irrisorias, como $500 por año. Es la traducción al sistema jubilatorio de lo que el economista Eduardo Levy Yeyati llamó “modelo de pobreza inclusiva”.
Pesos y medidas
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que la reciente actualización “se encuentra por debajo de las expectativas de inflación para el período julio-septiembre, comparable con el período alcanzado por la movilidad”, tomando como referencia el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
El informe elogia la política de “bonos compensatorios” y compara favorablemente la actual fórmula de movilidad con la aplicada durante 2018 y 2019. Pero, según Nadin Argañaraz, ese tipo de cotejo no tiene mucho sentido; en cualquier caso, -dijo- compara pérdidas. Por eso su ejercicio abarcó un tramo de más de 5 años, para superar esa cuestión.
Diciembre recargado
Para Falcone, el bono de $7.000 más el impulso inflacionario harán que en diciembre 2022, cuando se aplique la próxima actualización, el Gobierno esté obligado a dar un nuevo suplemento al resultado que arroje el índice de movilidad jubilatoria.
“Si levantan el piso de la mínima, volvemos al esquema 2002-2006, que dio lugar a un millón de juicios ganados y cobrados y unos 400.000 aún en curso; por eso al reciente bono hay que interpretarlo como un nuevo piso, pero hecho de modo de evitar un segundo fallo Badaro y disminuir la litigiosidad; no me cabe ninguna duda de que en diciembre habrá un nuevo bono”, dijo Falcone.
Asumiendo una inflación del 20% en el trimestre previo, si en diciembre el gobierno aumentara la mínima sin dar ningún extra, los jubilados que la reciben (la gran mayoría) verían aumentar su haber en unos $2.500, lo que sería una suba cercana al 1,25% sobre lo que habrán cobrado en septiembre, octubre y noviembre, bono de $7.000 incluido. Sería un escándalo mayúsculo.
Falcone advirtió también sobre la “pulverización” de los jubilados del régimen nacional docente (unos 200.000) que en marzo recibieron un aumento del 9,38% y aún no saben cuál será el de septiembre, para cuando el acumulado anual de inflación superará con comodidad el 60 por ciento.
El uso constante de bonos muestra el fracaso de la fórmula de movilidad utilizada desde 2021 (Adrián Troccoli)
Tampoco es seguro que el “nuevo piso” vía refuerzos evite litigios. Según el previsionalista Adrián Troccoli, el uso constante de “bonos” muestra el fracaso de la fórmula de movilidad utilizada desde 2021, luego de que el gobierno derogó la ley previa y aplicó durante un año ajustes discrecionales.
“Quienes cobran jubilaciones más altas ya estaban atrasados cerca del 40% (antes del aumento del 15,53%), tema que fue encarado por un fallo que trató el empalme de la Ley de Macri, la inconstitucionalidad de los decretos de 2020 y el empalme de la Ley de Fernández. Algunos jubilados están reclamando porque no cobraron bonos y eso prueba un trato desigual ante la Ley”, dijo Troccoli.
Las altas tasas de inflación de 2018 y 2019, en la segunda mitad del gobierno de Macri, carcomieron fuertemente el valor real de las jubilaciones, pero, como notó la economista Nuria Susmel, que sigue el derrotero del sistema previsional, el gobierno de Alberto Fernández dejó de aplicar la ley sancionada durante la gestión macrista justo cuando la inflación (pandemia y cuarentena mediante) declinó y esa fórmula (70% de la inflación y 30% de la variación del salario privado formal) les daba mejor a los jubilados.
A partir de 2021, con la actual ley, la inflación retomó su carrera ascendente y volvió a derrotarlos. Ya en 2022, en la primera mitad del año el pago de jubilaciones fue el único rubro del “gasto social” que, según un informe del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), tuvo una caída real. En ese período, dice el informe de la entidad que preside el economista Jorge Colina, el gasto real (descontada la inflación) en jubilaciones cayó un 3%, contra un 10% que aumentaron las asignaciones familiares y el 297% que aumentaron los planes asistenciales (Gráfico, arriba)
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