El Ministerio de Economía canjeó este martes el 85% de los 2,5 billones de pesos de vencimientos de deuda en pesos que se amontonaban en los próximos tres meses y que generaban preocupación en despachos oficiales y en el mercado, que puso en duda cuál era la capacidad de financiamiento en moneda local que le quedaba al Gobierno. Tras la operación de las últimas horas, que contó con participación privada, pública y una menor de fondos externos, quedarán en el horizonte, como meta en la última recta del año, la necesidad de conseguir al menos otros 1,5 billones.
En los despachos oficiales aseguran que el resultado del canje fue más alto de lo que esperaban, algo que traducen como una suerte de “respaldo” del mercado al recambio en la conducción de la política económica del Poder Ejecutivo. “Hubo un cambio de expectativas y eso es muy importante”, mencionaba en las últimas horas una fuente oficial que trabajó estos días en la operación de conversión.
El hecho de haber despejado 2,1 billones de pesos hace pensar al equipo económico que la mayor parte de la tarea en el frente financiero fue resuelta. En ese sentido, el nuevo cálculo que hacen es que quedarán, hasta que finalice este año, unos 1,5 billones entre los cuatro meses que restan del 2022, de los cuales $600.000 millones estarán concentrados en noviembre.
Quedarán en el horizonte del programa financiero, como meta en la última recta del año, la necesidad de conseguir al menos otros 1,5 billones
El éxito que tenga el Gobierno para conseguir fondeo en el mercado de capitales marcará la posibilidad de cumplir con el recorte de gasto necesario para ajustarse a la meta fiscal de 2,5% acordada con el FMI. Es, a fin de cuentas, la canilla de financiamiento que le restará al Poder Ejecutivo al haber cortado por decisión de Massa la vía de adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro.
Las autoriades de la Secretaría de Finanzas, que comanda Eduardo Setti desde antes de la llegada de Massa, ya que asumió en el breve interregno de Silvina Batakis, estima que habrá una porción “extra” de pesos que deberá conseguir en la compulsa quincenal que implican las licitaciones con el mercado. La lógica es que los pesos que dejará de pedir a la autoridad monetaria deberán provenir de las operaciones de colocación de deuda.
Más allá en el tiempo, la hoja de ruta financiera del 2023 marca dos instancias bien pronunciadas. En general habrá un perfil de vencimientos de bonos y letras en pesos de 6,7 billones. Pero la particularidad es que el 97% de ese monto cae hasta septiembre, lo que marca que todavía existe una resistencia de los inversores a apostar más allá de las elecciones primarias de agosto.
El peso de la deuda indexada a la inflación, algo que preocupaba al Fondo Monetario Internacional, que pidió reducir la dependencia de ese tipo de financiamiento, era hasta junio pasado de 85% en relación con el total de la deuda en pesos.
Según aseguran fuentes oficiales, con esta operación de canje -que entre las opciones en ese bono dual que ofrecieron a los tenedores incluyó la posibilidad de cobrar de acuerdo a la evolución de la inflación, con una cobertura paralela en dollar linked ante un escenario de devaluación- el stock de deuda atada a la suba de precios crecería aunque no de manera considerable.
El éxito que tenga el Gobierno para conseguir fondeo en el mercado de capitales marcará la posibilidad de cumplir con el recorte de gasto necesario para ajustarse a la meta fiscal de 2,5% acordada con el FMI
El canje voluntario de deuda en pesos realizado ayer por el ministerio de Economía alcanzó una aceptación del 85% y, de esa forma, el gobierno consiguió aplazar hasta 2023 pagos por $2 billones que debían realizarse en los próximos 90 días.
“El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $615.862 millones en agosto, en $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones en octubre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $ 115.318 millones, 209.337 millones y $155.336 millones, respectivamente”, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.
La operación de conversión recibió un total de 1.233 ofertas que tenían en su poder títulos por un valor nominal total equivalente a USD 15.662 millones, “lo que equivale a un valor efectivo de $ 2 billones”. Desde el Gobierno destacaron que “el 83% de los vencimientos proyectados para el mes de octubre, fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones post PASO 2023″.
Si bien el primer corte de información no les permitía a los funcionarios tener el detalle fino del perfil de inversores que ingresaron en la operación de conversión, estimaron que hubo participación pública a través del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y recepción en el sector privado.
Un detalle: uno de los bonos en particular tuvo un porcentaje de aceptación menor, de 37%, que contrasta con el 85% que hubo en términos generales. En los despachos oficiales arriesgaron una explicación. Y es que la tenencia de ese título en particular corresponde a fondos inversores del exterior que prefirieron mantener sus posiciones en los bonos con las condiciones previas.
En 2023 se vencerán 6,7 billones de pesos. Pero la particularidad es que el 97% de ese monto cae hasta septiembre, por lo que hay pocas apuestas para los meses post PASO
La cuestión de los fondos externos que presionan para salir de sus posturas en moneda local es una preocupación desde hace tiempo en el Palacio de Hacienda, ya que la lectura que hacen es que hay dos instituciones, principalmente, que al intentar salir vía “contado con liqui” generan ruido en el mercado cambiario.
Massa continuará con su programa financiero al mismo tiempo que buscará ajustar las clavijas del gasto en la administración pública, en un proceso que comenzó en las últimas horas y que seguirá a lo largo de la semana. El secretario Raúl Rigo y el jefe de gabinete de asesores Leonardo Madcur mantuvieron reuniones con representantes de otros ministerios para establecer techos presupuestarios para lo que resta del año.
A grandes rasgos, la idea que comenzó a bajar desde Economía al resto de los ministerios es que no habrá más fondos disponibles más allá de lo que dice el decreto presupuestario que dejó Martín Guzmán pocos días antes de irse. El detalle es que ese decreto se hizo con una inflación calculada en 62% anual, mientras ahora se espera una cifra que supere el 90 por ciento.
SEGUIR LEYENDO: