Luego de su breve paso por el ministerio de Economía, Silvina Batakis ya es la nueva titular del Banco Nación, un cargo en el que reemplaza a Eduardo Hecker, quien a su vez espera que lo designen en el Banco Central.
En ese contexto, el desembarco de Batakis en el BNA fue, al menos, turbulento: le exigió la renuncia a todos los directores de la entidad. En rigor lo hizo el Poder Ejecutivo, quien es el encargado de las designaciones y remociones en el directorio de la entidad, pero por pedido expreso de la nueva presidenta.
Lo que era un rumor creciente luego de la llegada de la economista se comenzó a concretar en las últimas horas cuando los directores de la entidad comenzaron a recibir pedidos de renuncia desde la secretaría Legal y Técnica de Presidencia.
Fuentes oficiales se lo confirmaron esta tarde a Infobae, pero destacan que los pedidos fueron solo tres y que el resto “tiene apoyos propios”, además de que no tiene intenciones de renunciar. “Hubo algunos pedidos de renuncia desde Presidencia, es verdad. Lozano, entre ellos. Esos pedidos llegaron hoy”, destacó otra fuente con conocimiento del tema.
Las lista de los actuales directores del banco, que estaba disponible hasta hace poco, fue removida de la web oficial.
Se trata de Claudio Lozano, Ángel Mercado, Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Guillermo Wierzba, Martín Ferré, Julia Strada, Raúl Garré y Carlos Caserio. Los pedidos de renuncia llegaron desde la Casa Rosada para Sánchez, Lozano y Wierzba.
Cuando aceptó el cargo en el banco, una suerte de premio consuelo, el presidente Alberto Fernández habría concedido “darle” a Batakis todo el directorio. En una charla de transición que tuvo con Hecker, la economista le habría pedido que le comunique al directorio que debían presentar la renuncia. Hecker no accedió y los directores avisaron que no iban a renunciar.
Según trascendió, Batakis pretende poner en esos puestos a ejecutivos de su riñón, muchos de los cuales la acompañaron en su muy breve paso por el Palacio de Hacienda. Se trataría de Karina Angeletti, quien fue secretaria de Política Económica; Martín Di Bella, ex secretario de Hacienda; Martín Pollera, ex secretario de Comercio Interior, y José Ballesteros, ex titular de la secretaría Legal y Administrativa.
Quién es quién
Federico Sánchez es cercano a Hecker, es su hombre de confianza. El crítico Lozano tiene “juego propio”, dicen en el Gobierno; y Wierzba –el mismo que en una sesión en Diputados, interpelado por Martín Lousteau, debió admitir que los casi USD 5 millones en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner encajaban en el concepto de “fuga de capitales” que había señalado previamente–, responde al kirchnerismo.
Mercado tiene el apoyo del gobierno de Catamarca; Fernández Bugna es de La Cámpora y responde al ministro del Interior, Wado De Pedro; Ferré es cercano a Daniel Scioli; Garré, es el hermano de la ex ministra Nilda Garré; y el ex senador Caserio posee línea directa con el Presidente. Todos tienen terminales políticas a las que responden y desde donde los “bancan” en sus puestos, al menos por el momento. Así, la idea de Batakis de “echar a todos”, que según la ministra contaba con el “ok” del Presidente” no sería tan sencilla de cumplir.
Las críticas de Lozano
Días atrás, ocho agrupaciones del sector de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) enviaron una nota a Batakis pidiendo la continuidad en el directorio y en el “Consejo Consultivo Pyme” de la entidad de Lozano, un fuerte crítico de la política económica del gobierno, que marcó fuertes diferencias con los anuncios del nuevo ministro, Sergio Massa.
“Nos permitimos, Sra. Presidenta, solicitarle tenga a bien mantener el funcionamiento del Consejo Consultivo Pyme del BNA, con la continuidad de quien fuera gestor intelectual y coordinador de dicho espacio, el Licenciado Claudio Lozano. Sin más y esperando sepa comprender nuestra preocupación y deseándole éxitos en el nuevo compromiso asumido, la saludamos muy atentamente”, dice la nota enviada a Batakis suscripta además por la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), la Mesa de Unidad Pyme, la Confederación General Económica (CGE), Industriales Pyme Argentina (IPA), el Frente Productivo, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), la Confederación General de la Industria (CGI); el “Grupo Bolívar” y la agrupación Pyme Sur.
Lozano parece defender su posición en la coalición de gobierno a fuerza de disidencias. Cuestionó con dureza la gestión económica de Martín Guzmán y luego fue un crítico casi instantáneo de la gestión Massa, cuya propuesta fue definida como “una paritaria del gobierno con los grandes acreedores y empresarios” en un comunicado de Unidad Popular, agrupación que encabeza y que fue integrante del “Frente de Todos” en las elecciones de 2019 y 2021.
Antes había definido al acuerdo con el FMI que firmó Martín Guzmán como “un default diferido que garantiza impunidad” y criticó el fuerte aumento de la deuda interna durante la gestión de Guzmán sobre la que advirtió, a fines de mayo, “ya representa una magnitud muy considerable”, cuyos intereses ya explicaban más de la mitad de la “función deuda pública”.
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