Acuerdos de precios y salarios: una larga lista de intentos fallidos o con éxito breve en la historia argentina

El gobierno de Alberto Fernández ya intentó en varias oportunidades llegar a un acuerdo de precios y salarios con sectores empresarios y gremiales. La primera fue apenas comenzó su mandato, pero tuvo que ser postergada por la irrupción de la pandemia; y hubo otro intento, a comienzos de febrero del año pasado, con poco impacto frente a la aceleración de la inflación que este año los analistas ya prevén que cerrará por encima del 90%.

Ahora, con una inflación cercana al 8% mensual según los datos de julio, el presidente va por un nuevo intento: convocó este mediodía a empresarios y sindicalistas para negociar un acuerdo de precios y salarios durante 60 días.

La idea no es ninguna novedad en la convulsionada historia económica de la Argentina, atravesada por largos períodos de alta inflación, donde ya se probaron varias versiones de estos acuerdos entre el Gobierno, los empresarios y los gremios, para controlar la suba de los precios. Según analistas económicos, este tipo de acuerdos solo consiguen resultados positivos en el corto plazo, pero casi ninguno en el largo plazo.

La explicación es que son acuerdos que no encaran los problemas de fondo de la economía, más relacionados con la macroeconomía y el orden fiscal. De acuerdo con un informe de 2021 de la consultora Invecq, a lo largo de la historia hubo varios tipos de acuerdos y controles de precios: desde “precios vigilados”, donde se obligaba a comunicar periódicamente las modificaciones a las autoridades; hasta precios acordados previamente entre el Estado y las empresas o precios máximos, fijados directamente por el Gobierno. Tampoco faltaron los “congelamientos” generalizados.

“Los acuerdos de precios y salarios han sido necesarios y han tenido un efecto notorio en los procesos de desinflación en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano o largo plazo, todos han fracasado. Esto se debe principalmente al desequilibrio de las cuentas fiscales y externas, como consecuencia de que se intentan frenar determinadas variables nominales como el tipo de cambio o las tarifas, que no van en línea con el equilibrio sustentable de la economía de largo plazo y terminan en peores consecuencias para la economía en su conjunto”, precisó el informe de Invecq.

Uno de los primeros acuerdos de este tipo se dio en 1952, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, con el llamado Plan de Estabilización en el marco del segundo Plan Quinquenal. Ese plan creó una comisión nacional de precios y salarios y se instauró un sistema de negociaciones salariales bianuales, que empezó con una fuerte caída de los salarios reales. Además, se realizó un plan de austeridad, con una caída del 23% en el gasto público en términos constantes entre 1950 y 1953, al mismo tiempo que se retrasaron las tarifas de servicios públicos y se aumentaron los subsidios en bienes básicos.

“Hasta entonces se había ejercido un modelo de expansión fiscal y monetaria, con giro hacia las industrias que dio un período de bonanza entre 1946 y 1948, y luego entró en crisis hacia 1949. El general Perón, una vez ganada la reelección, impulsó un Plan de Emergencia Económica que incluyó un congelamiento de precios y salarios, austeridad fiscal y contracción monetaria. La implementación requería de la inspección y poder de policía sobre comercios minoristas, lo cual no estaba exento de arbitrariedades. La tasa de inflación se redujo significativamente y el plan de estabilización fue exitoso. Por otro lado, la estabilización tuvo un costo recesivo en la reducción del consumo y la inversión. Sería un error asignar el éxito del Plan de Estabilización estrictamente al control de precios y salarios, ya que sucedieron otras políticas fiscales y monetarias en simultáneo que impulsaron estabilidad de precios”, señaló en una nota publicada en Infobae Darío Judzik, director del área de Formación Ejecutiva en Políticas Públicas de la Universidad Di Tella.

Según el economista, los controles de precios y salarios sin medidas fiscales y monetarias asociadas pueden funcionar durante un tiempo acotado para desacelerar el proceso inflacionario, pero tienen costos significativos y, eventualmente, la inflación remonta. “Además requieren de discrecionalidad sobre qué precios congelar, cuándo permitir ajustes y de qué monto. Así se distorsionan los precios relativos, cuánto cuesta cada uno de los bienes y servicios de la economía en relación a los demás, que son el mapa de incentivos básico para el funcionamiento de los mercados”, señaló.

En 1967, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se aplicó un congelamiento voluntario de precios centrado principalmente en productos industriales. El plazo del acuerdo fue de seis meses, mientras que el congelamiento de salarios fue de 18 meses por ley. Además, se fijó un esquema de tipo de cambio fijo y se frenó el aumento de las tarifas públicas. Luego, fue complementado por políticas de precios máximos para productos de primera necesidad.

El tercer acuerdo, conocido como Pacto Social, fue impulsado por el ministro José Ber Gelbard en 1974, que arrastraba una inflación cercana al 80%. El Gobierno aplicó un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno. El objetivo fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios.

El plan funcionó, con un descenso de la inflación y crecimiento económico. Pero al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó en una marcada aceleración inflacionaria hacia mediados de 1975.

En la etapa inicial de 1976, cuando la inflación corría a un ritmo superior al 300%, se realizó una devaluación del 20% con el objetivo de unificar el tipo de cambio, se derogaron los precios máximos y los márgenes oficiales para el comercio minorista. La política salarial se basó en la suspensión de convenciones colectivas y de las indexaciones automáticas de salarios. Los aumentos eran autorizados por el Estado. Se hizo un ajuste basado en el aumento de tarifas de servicios públicos y se prometió avanzar con el programa de reducción del gasto. En 1977, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz estableció una “tregua” de precios por 120 días y una reforma financiera, pero al finalizar ese plazo, la inflación volvió y se produjo una recesión.

Ya en el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1985, se lanzaron medidas para sanear el déficit fiscal y el compromiso de no financiar con emisión el déficit del sector público y se instaló al Austral como moneda, equivalente a $1.000. Para concluir el proceso, se consensuó un acuerdo de congelamiento de salarios, precios, tarifas y tipo de cambio, con lo que la inflación se redujo notablemente.

Finalmente, el proceso de saneamiento del déficit fiscal no pudo ser concretado, el frente externo continuó debilitándose y la distorsión de precios relativos fue desmedida. La política de tipo de cambio se tornó insostenible, lo que llevó a una mayor incertidumbre y generó una espiralización de la tasa de inflación, que finalmente derivó en la hiperinflación de 1989.

En la última década se implementó el programa de Precios Cuidados, con diferentes y variadas versiones, que contemplaba acuerdos “voluntarios” entre empresas y la secretaría de Comercio Interior con un listado de productos representativos del consumo de los hogares que podían servir como referencia. La primera versión fue en 2014 con la llegada de Augusto Costa como secretario de Comercio en remplazo de Guillermo Moreno.

El programa tuvo continuidad desde entonces, incluso durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Precios Cuidados sirvió gracias a la representatividad que tenían los productos que estaban dentro del listado que negociamos con las empresas, lo que permitió que los consumidores supieran cuánto era razonable pagar. Eso se perdió porque el Gobierno de Macri hizo tres cosas: eliminó los productos más representativos, dejó de negociar con las empresas y dejó de sancionar”, recordó Costa en una entrevista en 2019 con Infobae.

Ahora, el nuevo secretario de Comercio Interior y Exterior —concentra las dos secretarías— designado por Sergio Massa es Matías Tombolini, que ya anticipó que lanzará en las próximas semanas una nueva etapa del programa. “Lo que cambia es la lógica de control por la lógica de verificación, no voy a estar persiguiendo punitivamente a ver quién está cumpliendo el punto y la coma, sino que vamos a establecer un conjunto de acuerdos voluntarios con quienes participan de Precios Cuidados y vamos a intentar verificar quiebres de stock”, dijo en declaraciones radiales.

“La idea justamente es levantar el nivel de compromiso de quienes participan en Precios Cuidados, diciendo lo siguiente: nosotros le damos fuerza al programa, publicidad, referencialidad en góndola; lo que pretendemos es que no tengamos ni quiebres de stock y sobre todo que tengamos marcas representativas de las canasta de consumo de los argentinos”, aseguró el nuevo funcionario.

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