La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo varios operativos con el fin de fiscalizar a empresas que realizaron operaciones de comercio exterior con inconsistencias respecto a su capacidad económica y financiera, y que recurrieron a la vía judicial para importar mercaderías, sorteando de esta forma los controles establecidos por el organismo.
Los operativos de fiscalización se realizan de manera conjunta y simultánea entre la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) de la AFIP, explicó la agencia de recaudación en un comunicado.
“El universo de firmas fiscalizadas contempla empresas bajo investigación, debido a su insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas, así como también desvíos en la debida registración de los trabajadores y trabajadoras”, agregó el comunicado.
“Las empresas que se encuentran en observación por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones son 722, con más de 13.000 operaciones que le generaron al Estado un perjuicio de casi mil millones de dólares”
Según explicó la AFIP, el operativo incluyó el relevamiento presencial de mercadería, documentación y personal, así como también “diversos requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas, el destino dado a la mercadería así como también la demostración de su capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno”.
Las empresas que fueron blanco de las fiscalizaciones de la AFIP fueron 70, explicó el organismo. En ellas se abrieron órdenes de intervención notificadas de manera presencial y requerimientos de información.
Por su parte, la Aduana inpeccionó a 30 compañías de los rubros del neumático, textil, juguetería, tecnología y vajilla. En estos casos se secuestró documentación y se realizaron intimaciones.
Por último, relató el comunicado oficial, el personal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social relevó 24 sociedades, con una suma total de 150 trabajadores, de los cuales el 38 por ciento -un total de 55 trabajadores- presentaba incumplimientos de algún tipo.
“Las posibles consecuencias ante las irregularidades detectadas van desde apercibimientos, suspensión o eliminación por completo del registro de importadores y exportadores así como la denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario”, sostuvo AFIP.
“Cabe destacar que las empresas que se encuentran en observación por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones son 722, con más de 13.000 operaciones que le generaron al Estado un perjuicio de casi mil millones de dólares”, agregó la comunicación oficial.
Alquiler de cautelares
El masivo operativo de fiscalización responde a una de las iniciativas enunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, en la conferencia de prensa en la que anunció los lineamientos de su gestión. La fiscalización de irregularidades en las importaciones fue uno de los puntos en los que hizo hincapié.
Llegan después la detección de maniobras de “alquiler de cautelares” en las que empresas que habían obtenido el fallo favorable de un tribunal cedían a terceros el derecho a acceder al mercado de cambios. La acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias.
Las empresas sospechadas tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido. En este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes. La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada.
Días atrás la Dirección General de Aduanas descubrió que una empresa obtuvo autorizaciones judiciales —vía medidas cautelares— para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia.
En su momento, la maniobra atrajo la atención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, había lamentado la ex presidenta a través de su cuenta de Twitter el 18 de julio pasado.
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