Suba de tarifas de luz y gas: el ahorro en subsidios sería mínimo en 2022 y de unos USD 4.000 millones en 2023

Los anuncios que hizo hasta ahora el Ministerio de Economía no cambiarán demasiado en el corto plazo el costo fiscal de los subsidios energéticos, que para este año diversas estimaciones calculan entre USD 15.000 y 16.000 millones. Según datos del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, en los doce meses hasta junio pasado los subsidios sumaron el equivalente a USD 14.981 millones, casi 97% más que en igual período precedente.

El sábado, en una serie de posteos en la red social Twitter, el nuevo ministro, Sergio Massa, dijo que las nuevas tarifas de luz, gas y agua regirán desde el 1 de septiembre y agregó: “Si ahorramos agua y energía, y ordenamos el sistema de distribución de subsidios, protegiendo la tarifa social, el Estado se ahorrará $ 500.000 millones al año.

El economista y experto energético Nicolás Arceo, de la consultora Economía y Energía, calculó la reducción de los subsidios energéticos en 2022 en unos USD 400 millones, pero reconoció un importante margen de error, porque aún no se conocen las medidas en el caso del gas y en el de la electricidad restan conocer datos y cuestiones normativas sobre la reducción por dos vías: la segmentación de facturas eléctricas a partir de la inscripción en el llamado Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y el límite de 400 KWh por sobre el cual incluso los usuarios que se anotaron en el RASE deberán pagar “tarifa plena”. Esto es, lo que la electricidad cuesta, incluyendo los costos de generación, transporte y distribución, amén de la carga impositiva.

Otro experto consultado por Infobae estimó que con quita total de subsidios de electricidad a los 4 millones de usuarios/familias no inscriptas en el RASE y el tope de 400 KWh para los cerca de 9 millones que sí lo hicieron, el ahorro en subsidios energéticos podría ser de hasta USD 1.000 millones de aquí a fin de año, acotando el monto anual de USD 16.000 a 15.000 millones. Eso es apenas 0,2% del PBI, dijo la fuente, que sí destacó que la reducción de los subsidios puede ser de unos USD 4.000 millones en 2023.

“Es difícil saber la incidencia, porque faltan precisiones: no se conoce el tope para el gas, no está claro si los 400 KWh de consumo eléctrico son mensuales o bimestrales ni se conocen los criterios de estacionalidad”, reconoció Arceo. La incidencia en 2022 será escasa, destacó, porque el aumento tarifario es en tramos y los meses de mayor consumo (diciembre a febrero en el caso de la electricidad y junio a agosto en el del gas) quedaron fuera. Este año, resaltó, el mayor impacto será en un solo mes (diciembre) sobre doce. En cambio, la reducción y quita de subsidios y la consecuente suba de tarifas tendrá “impacto significativo, pero todavía difícil de calcular” el año próximo, dijo el experto.

El mayor filón

Alejandro Einstoss, coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem, destacó que “no hay otro rubro del gasto público donde el gobierno pueda ahorrar tanto”, pero no arriesgó cifras.

“En gas todavía no hay nada concreto y la resolución sobre tarifas que publicó la secretaria de Energía es para aquellos a quienes le quitaron los subsidios y escalonado desde el 31 de agosto al 31 de diciembre. “Entre discriminación por segmentación, por consumo, por zona fría y por tarifa social, son como 30 precios distintos, será algo muy complejo de implementar”, dijo Einstoss.

Eso sí, el aumento tarifario será importante. Para quienes no se anotaron la tarifa eléctrica en promedio se multiplicará por tres (aumento del 200%) para los usuarios del AMBA y por dos (aumento del 100%) para el resto del país, estimó Einstoss. En cambio, para los que se anotaron y superen el consumo de KWh (en principio, mensuales) es muy difícil saber cuánto cambiará la cuenta.

El 80% de las familias, precisó Einstoss, está en las categorías R1, R2 y R3, de consumo residencial más bajo. El 20% restante abarca extremos sociales: desde hogares con alto consumo eléctrico por falta de gas de red, uso de electrodomésticos poco eficientes, viviendas de pobre construcción y/o en los que a menudo viven muchas personas, hasta viviendas grandes y de alto consumo en el que viven personas de alto poder adquisitivo.

“Habrá que ver (excepciones) caso por caso”, dijo Einstoss, quien además recordó que en sus anuncios el ministro de Economía no dijo nada sobre el consumo no residencial de Comercio y Pymes que, al igual que los hogares, reciben electricidad de las distribuidoras y explican 35% del consumo eléctrico total (el resto se conforma con 40% de consumo residencial y 25% de “Grandes Usuarios”, mayormente industriales).

Otra cuestión a tener en cuenta es la inflación, porque entre el aumento de la tarifa para quienes consumen más de 400 KWh y la llegada de la factura pasarán entre 60 y 70 días, lo que en un país con inflación mensual de entre 6 y 7% implica un fortísimo “efecto Olivera-Tanzi” (pérdida de valor real) en materia tarifaria, notó Einstoss. Eso podría forzar al gobierno a aplicar algún tipo de “actualización” tarifaria más allá de lo hasta ahora anunciado, si es que realmente quiere aliviarse la mochila fiscal.

Engorroso, pero positivo

Arceo reconoció que el sistema a aplicar es administrativamente engorroso, pero consideró positivo que finalmente el gobierno reconoció la necesidad de acercar las tarifas a lo que cuesta la energía. “El Gobierno inició algo con la segmentación y ahora redobló la apuesta, habrá problemas de instrumentación, pero es un paso adelante”, dijo el consultor.

El economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, coincidió en que el ahorro para 2022 será “muy limitado, porque queda solo un trimestre de aplicación efectiva, si suponemos que se realiza a partir del mes que viene. De manera que este año no va a tener impacto y seguimos estimando entre USD 15.000 y USD 16.000 millones en subsidios. Esto es un 3% del PBI, que explica casi todo el déficit fiscal”.

En 2023, en cambio, resaltó Rojo, puede comenzar a verse el efecto en las cuentas públicas, pero restringido por el régimen de alta inflación ya que -dijo- “si no se aplica un mecanismo de indexación efectivo las tarifas se atrasan muy rápidamente. Solo estaría actualizado un porcentaje menor de la demanda que es el segmento que pagará tarifa plena”.

Rojo contó además que las provincias más perjudicadas por el nuevo esquema de segmentación son las del Noreste y Litoral, porque no tienen gas, y las que consumen mucho más que 400kwh promedio, por la misma razón, las que no acceden al régimen de tarifas de “Zonas frías” y las que, fuera del AMBA; tienen el “Valor Agregado de Distribución (VAD) planchado”.

Según Rojo, la política tarifaria tiene que ser muy clara, entendible, y transparente. Es la única manera de que los usuarios puedan identificar bien qué consumen y cómo lo hacen y así tomar decisiones informadas. En cambio, hoy, dijo, “nadie sabe bien qué es lo que paga por lo que consume”, debido a “la carga desigual de impuestos y el cargo diferencial del VAD entre provincias”. Lejos de resolver esa cuestión, dijo Rojo, la segmentación “le pone mucho más complejidad”.

De hecho, la dispersión es enorme, desde una factura promedio de entre $ 1.800 y $ 1.900 en el AMBA, para consumos residenciales de 300 KWh por mes, contra más de $ 5.700 en el caso de Neuquén, como mostraron los consultores energéticos Luciano Caratori y Mauricio Roitman. Contra lo que se suele decir, de que “el interior subsidia al AMBA”, dijo Caratori a Infobae, el costo mayorista (generación más transporte) de la electricidad es muy similar en todas las provincias, lo que en el gráfico de abajo refleja la parte azul, en el segmento inferior de cada barra. Allí donde el costo mayorista tenga mayor incidencia, más se sentirá el retiro de subsidios y la suba de tarifas, subrayó el analista. La diferencia está dada por los “costos de distribución” de las prestadoras en cada distritos, y el peso impositivo.

Al igual que Einstoss, Caratori destacó un ojo ciego de la inscripción en el RASE. “Hay un supuesto fuerte que hacen de que quienes no se anotaron es porque no les daba para seguir teniendo subsidio: en esa bolsa vas a tener un montón de gente que no se anotó porque no sabía o no pudo hacerlo”, enfatizó. De todos modos, concluyó, “está bien que se avance con esto, es lo correcto, pero habrá desafíos de implementación y será necesario encontrar la manera adecuada de utilizar la tarifa social”.

Por cierto, tras aplicar durante casi tres años la política de energía “fácil” que habían aplicado las anteriores gestiones kirchneristas, el gobierno de Alberto Fernández, ahora con la conducción económica de Massa, pasó de enfatizar el consumo a destacar las virtudes del consumo eficiente y la necesidad de evitar el derroche

En septiembre de 2013, en un acto en Río Gallegos, la entonces presidente y actual vice Cristina Fernández de Kirchner se envanecía de que el consumo energético per cápita de la Argentina era 329% más alto que el de Brasil, 184% más que el de Chile y 174% más que el de Uruguay, países con un PBI per cápita superior al argentino. El cotejo, además, era contra un país de clima comparable, como Chile, dada la extensa frontera longitudinal, y otro como Brasil, de un desarrollo y un tamaño industrial muy superior al de la Argentina. Era casi un elogio del derroche.

Ahora, en cambio, Sergio Massa refiere los ejemplos de Alemania “apagando las luces o quemando leña o cerrando los negocios por la energía, Francia apagando sus monumentos y Madrid apagando vidrieras” y reflota las virtudes del consumo eficiente, la racionalidad y el ahorro de energía, porque el modelo chocó con sus límites, que son previos y trascienden al efecto de la guerra en Ucrania y el aumento del precio internacional de la energía, el pretexto a mano.

Amén del desborde de los subsidios, en su último informe Arceo precisó que en el primer semestre de este año las importaciones superaron los USD 6.600 millones, superando el récord previo de igual período de 2014, y el aumento de un consumo interno subsidiado llevó a un déficit comercial energético de USD 2.648 millones, todavía inferior al récord que había alcanzado en 2014, ocho años antes de la invasión rusa a Ucrania.

El límite a la oferta local de gas natural, por la saturación de la capacidad de transporte en la Cuenca Neuquina y el declino de las restantes cuencas, más el aumento de la demanda -explicó Arceo- llevaron a más y más importaciones, exacerbadas por una política tarifaria que estimuló el consumo de energía e hizo, por caso, que en los últimos 3 años la demanda de gas natural del segmento residencial aumentara 17% y la de energía eléctrica un 18%, tendencias fuera de línea con la evolución del PBI y de una sociedad empobrecida y azotada por la inflación.

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