El Gobierno duplicó entre mayo y junio la cantidad de pagos atrasados y llegó al fin del segundo trimestre con una deuda flotante de $836.000 millones. Esa cifra podría poner en peligro el cumplimiento de una de las metas consideradas decisivas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo a cifras oficiales publicadas por el Tesoro de la Nación, entre el quinto y el sexto mes del año los pagos atrasados del sector público nacional crecieron 105 por ciento, desde los $407.000 millones que registraba en este concepto en mayo hasta los $836.000 millones con los que cerró el trimestre. Se trata del último mes de gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía antes de su presentar su renuncia en los primeros días de julio.
La posibilidad de “pisar” pagos y postergarlos para otro momento del año suele ser una maniobra habitual en la administración presupuestaria nacional. En muchos casos esa deuda se arrastra para otros ejercicios fiscales, pero en este caso el hecho cobra especial importancia porque el Gobierno consiguió sin demasiado margen cumplir con el techo de déficit fiscal primario estipulado en el programa acordado con el FMI.
En ese caso, el límite era de $874.000 millones. Con los últimos datos de la Secretaría de Hacienda, el Estado acumuló unos $800.000 millones a fines de junio, lo que le habría permitido alcanzar ese objetivo intermedio. De todas formas, el pronunciado salto en la deuda flotante acumulada a lo largo de junio podría, al mismo tiempo que ayudar a cumplir esa meta, perjudicar otra métrica decisiva en el ida y vuelta entre Buenos Aires y Washington.
La meta de deuda flotante forma parte del grupo de los cinco objetivos que aparecen en el acuerdo estipulados bajo el rango de “criterio de ejecución”, a diferencia de otro subgrupo que lleva como nombre “metas indicativas”. En orden de relevancia, el primer conjunto es el más importante ya que, en caso de un incumplimiento, requerirían por parte del Estado argentino el pedido de un waiver (dispensa) de manera oficial ante el staff por no haber alcanzado la cifra convenida.
En ese grupo de cinco, además de los más repetidos como la acumulación de reservas, el tope al Banco Central para que emita pesos para asistir al Tesoro y el techo al déficit fiscal primario, también aparece la deuda flotante y atrasos en el pago de la deuda externa. En este último caso, la tolerancia del acuerdo a un incumplimiento es cero, no contempla el programa ningún margen para que el Gobierno registre una demora de ese tipo.
Para el caso de la deuda con proveedores e intra sector público, hay una cifra límite de $612.000 millones. Hasta antes de la revisión de junio, era de $536.000 millones, pero como otras variables del acuerdo, fue recalculada nominalmente ante una inflación que fue más elevada de lo esperado. Ese tope de $612.000 millones se mantiene constante a lo largo de 2022, a diferencia de otros objetivos exigibles que tienen estacionalidad por trimestres.
El único dato que publica el Gobierno sobre la deuda flotante está a cargo del Tesoro, que midió a fines de junio un atraso en los pagos por un total de $836.308 millones. Según explicaron expertos en cuentas públicas, de todas formas, este número no podría ser comparado de manera lineal con los $612.000 millones de tope con el FMI, ya que la información oficial incluye la deuda flotante de la administración nacional en su conjunto, de la cual el Tesoro Nacional es una parte. De todas formas, la diferencia es muy considerable: son unos $224.000 millones, un 0,3% del PBI.
Consultados por Infobae, desde el Ministerio de Economía no realizaron comentarios hasta el momento de publicación de esta nota sobre cuál es el número de deuda flotante de fines del segundo trimestre que se pondrá sobre la mesa durante la revisión de metas con el equipo técnico del Fondo Monetario.
La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”
En la primera instancia de evaluación -con datos a fines de marzo- el Gobierno afirmó ante el Fondo que su deuda flotante terminó siendo de $336.000 millones, lejos de los $535.000 millones de techo. De todas formas, en esa primera revisión los equipos técnicos habían acordado restar de la cuenta el rubro “transferencias figurativas”, que son atrasos intra sector público, por lo que tuvo un margen mayor a la hora de la evaluación técnica. Esa chance ya no estará presente cuando se revise el segundo trimestre: las dos partes acordaron incluir en adelante esas transferencias figurativas.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.
“La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito genera incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe.
Según la definición de la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.
Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.
“La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo.
La revisión con el FMI: qué busca el Gobierno
En la última misión en Washington, Batakis afirmó que las conversaciones con el Fondo Monetario no estuvieron orientadas a conseguir un cambio en las metas sino en afinar un programa para cumplirlas. Además, dejó de manifiesto que la revisión del cumplimiento del segundo trimestre podría comenzar en las próximas semanas. En caso de superarla, el Poder Ejecutivo podría conseguir un tercer desembolso del organismo, en este caso de USD 4.000 millones.
Guzmán renunció al ministerio habiendo afirmado horas antes de su salida que los objetivos trimestrales hasta fines de junio habían sido alcanzados. En números: el Banco Central aceleró sobre el final de ese mes y, según aseguró, con compras agresivas en el mercado pudo conseguir los USD 3.450 millones netos que requería esta instancia del programa.
El Ministerio de Economía tenía una meta de techo al déficit primario de $874.000 millones. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda con números acumulados a junio el Gobierno tenía un rojo fiscal primario de $800.000 millones. De esta manera, el Estado terminó el segundo trimestre con un margen de sobrecumplimiento de $75.000 millones.
El que terminó con un margen mayor fue el del límite para la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro, que de los tres objetivos centrales del acuerdo aparecía, a priori, como el menos complejo para cumplir aún con las cifras originales del programa. Con el nuevo recálculo, el tope de $438.500 millones pasó a ser de $475.800 millones. Según el último informe monetario diario del mes, la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro sumó poco más de $435.000 millones.
Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA consideró que el Gobierno quedó en falta para la segunda revisión trimestral. ”El déficit primario acumuló $800.681 millones al cierre del segundo trimestre. Se alcanzó la meta con un margen de $73.719 millones (quedando 8% por debajo del máximo propuesto)”, mencionó el informe.
Por otra parte, sobre el tope a la emisión aseguraron que “la meta pactada es de $475.800 millones, mientras que la emisión efectiva fue de $435.031 millones. Se alcanzó la meta con un margen de $40.749 millones (9% por debajo del máximo propuesto)”. Los problemas centrales para el Gobierno estuvieron en la meta de reservas, según esa casa de altos estudios.
“Pese a las declaraciones del gobierno de haber cumplido con la meta, a la luz de los datos disponibles, el total acumulado de reservas respecto del 31 de diciembre de 2021 ascendió a USD 1.892 millones en el segundo trimestre, resultando en un incumplimiento de la meta en USD 1.558 millones (45% por debajo del mínimo acordado)”, mencionaron.
“No obstante, el acuerdo firmado permite ajustar la meta de reservas en USD 500 millones (al alza o baja) por año calendario, conforme cuánto financiamiento de otros organismos internacionales reciba el gobierno en forma de préstamos. Así, dado que al cierre de junio no se recibieron la totalidad de desembolsos por préstamos que se esperaba, podría aplicarse esta cláusula de ajuste. Por tanto, aun considerando esta condicionalidad favorable, la meta continuaría sin cumplirse en USD 1.000 millones (36% por debajo de la meta)”, concluyeron.
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