Los empresarios de la construcción temen que un recorte a los fondos para la obra pública impacte en su actividad

“Lo dice la historia: cada vez que hay que ajustar termina pagando la obra pública”. Ese temor lo verbalizaba un empresario del rubro constructor minutos después del acto en que el presidente Alberto Fernández anunciaba la puesta en marcha de 120 obras de infraestructura prioritarias para la ejecución y siete en particular con montos y relevancia mayor en distintas provincias.

Los ejecutivos del rubro consultados por Infobae manifiestan por lo bajo el temor de que el contexto de estrechez fiscal que afrontará el Poder Ejecutivo nacional en lo que resta del año lo fuerce a poner el freno de mano en proyectos de obra pública como forma menos costosa para reducir la velocidad de gasto y poder cumplir con la meta fiscal con el FMI.

Es un planteo que, incluso, algunos empresarios ya le hicieron al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el principal interlocutor con el que cuentan dentro del gabinete. El funcionario, tras el acto en el Museo del Bicentenario, mencionó en una rueda de prensa que en reuniones con Batakis hablaron sobre la necesidad de continuar con la obra pública y evitó ponerlo en términos de cumplimiento de metas fiscales con el Fondo Monetario.

Además, Katopodis habló sobre cómo podría afrontar el Estado los gastos en proyectos de infraestructura, y aparecen como únicas opciones el propio fondeo del Tesoro o, afirmó, la llegada de préstamos en dólares de organismos internacionales que financien algún proyecto en particular.

Ese temor que sostienen los empresarios puede relacionarse a algunos números presupuestarios. La obra pública comenzó a mostrar en junio los primeros síntomas de desaceleración, siempre según la base de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En ese sentido, en junio los gastos de capital se redujeron 27,7%, principalmente las transferencias de capital (38,7%) y la inversión financiera (36,2 por ciento).

Y la foto más amplia muestra que mientras los gastos corrientes aceleraron 10,4% en términos reales, los fondos para obra pública lo hicieron solo 0,6 por ciento. Un subrubro que sí se destaca es el de la inversión real directa, que creció 9,4% en los primeros seis meses del 2022.

Un ejercicio de la OPC en base al decreto presupuestario que Guzmán presentó a mediados de junio para reajustar las partidas de cada área arrojó como resultado que los gastos de capital pasarían de implicar el 2,6% del PBI el año pasado al 2,1%, con un fondeo total de $1,5 billones.

El Indec, en su último informe mensual de actividad de la construcción -correspondiente a mayo-, midió que el 31,6% de los empresarios del sector consultados cuya actividad está más ligada a la obra pública esperaba que en los próximos tres meses la situación mejore. Como comparación, un mes atrás esa cifra era de 38,4 por ciento.

“La construcción es la única industria que tiene que presupuestar con precios de hoy algo que va a entregar en 3, 4 o 5 años”, mencionó otro ejecutivo constructor. El lamento está relacionado a otro reclamo que los ejecutivos, a viva voz, le hacen al Gobierno nacional desde hace tiempo y que, en un marco de índices de inflación acelerados y nuevamente al alza, toma mayor peso.

Se trata del mecanismo por el cual las empresas del sector contratistas de obra pública logran “actualizar” los valores presupuestados para que los fondos con los que tienen que trabajar no queden atrasados en relación con la suba de precios.

“La obra pública esta seriamente afectada por el alza inflacionaria. Esta afectación se debe a que la actualización de los precios de los contratos no es automática y la rotura de la ecuación económica financiera de los mismos, donde la renta empresaria teórica es de un 10% del mismo, se da muy rápidamente en un contexto de alta inflación si el método de actualización es lento y lo deteriora rápidamente”, explicó a Infobae el empresario constructor y ex presidente de la cámara sectorial Ivan Szczech.

Ese problema surgió tras el fin de la convertibilidad, cuando el Poder Ejecutivo puso en marcha un sistema de “redeterminación de precios”, que en términos técnicos estuvo planificado para una inflación no mayor al 10% anual, un régimen inflacionario que la economía argentina ya dejó de lado por cifras mayores desde hace más de 15 años. Un decreto de mayo de 2016 buscó corregir esa distorsión, pero los empresarios consideran que no ayudó a remediar la situación.

“Hoy la situación es mucho mas grav, ya que en contextos de inflación superior al 60% anual la falta de actualización en tiempo y forma genera que se empiecen a disminuir ritmos y paralizar obras mas rápidamente”, mencionó Szczech.

“En este contexto si el actual gobierno, que ha generado una inversión en obra pública de casi un 2% del PBI en 2021, quiere seguir logrando la ejecución de las mismas debe tomar la decisión de poner un marcha un sistema de predeterminaciones de precios que logre la automaticidad mensual de la misma, con cada certificado de obra emitido, y ejecutada de manera directa por la inspección de obra cada mes. Cualquier otra solución será peor que el problema que se intenta solucionar y como sabemos… no hay peor problema que una mala solución”, concluyó el ex titular de Camarco.

Un empresario del sector que pidió reserva de su nombre dijo que la inflación acelerada podría implicar un atraso en el ritmo de pagos y de cobros, y en el peor de los casos, un parate de la actividad. “Propusimos un mecanismo que cada mes deje al contrato actualizado, pero el Gobierno no logra entender que en función de la renta, rápidamente en pocos meses se empieza a trabajar a pérdida, la obra se ralentiza y después se para. El Gobierno tiene un desafío que todavía no asumió si quiere que la obra publica tenga fuerza”, mencionó.

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