La herencia que Guzmán le dejó a Batakis: déficit fiscal primario del 1,9% del PBI y una meta con el FMI difícil de alcanzar

Desde que asumió su cargo, la ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo cuantas veces pudo que “cree” en el equilibrio fiscal. Pero los datos presupuestarios del primer semestre del año le exigirán algo más que convicción. La herencia fiscal que le dejó su antecesor, Martín Guzmán, la obligará a moderar el gasto para cumplir con el déficit primario de 2,5% del PBI con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa disciplina a la hora de gastar despertará una fuerte oposición interna dentro del propio Gobierno, algo que el propio Guzmán conoció bien de cerca.

Los datos fiscales del primer semestre del año, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) son claros. En relación al primer semestre de 2021, los ingresos totales se contrajeron un 0,4%; si no se computa el “impuesto a la riqueza” que se había aplicado el año anterior, se registra un crecimiento real del 4%. Del otro lado de la balanza, los gastos primarios crecieron un 10,7 por ciento.

“Como consecuencia de esta dinámica, al primer semestre del ejercicio las cuentas de la Administración Nacional reflejaron un déficit primario de $1.395.180 millones y uno financiero de $1.922.347 millones, desmejorando ambos resultados en 92% y 51,8%, respectivamente”, destaca el informe de la OPC. Esos números muestran un déficit primario del 1,9% del PBI y un déficit financiero del 2,6% para los primeros 6 meses del año.

La expansión del gasto tuvo su pico en los subsidios energéticos, con una suba del 38% en relación a igual período del año anterior, potenciada por los pagos a la empresa mayorista de electricidad Cammesa, cuyo gasto creció 41% “debido en gran parte al aumento de la diferencia entre el costo mayorista de generación de energía eléctrica y el precio promedio que paga la demanda”.

De este modo, el principal legado fiscal que Guzmán le deja a Batakis “es la inconsistencia que surge de haber previsto una reducción de los subsidios a las tarifas del 0,6% del PBI que nunca fue implementada”, dijo a Infobae el economista Amílcar Collante. El tardío plan de reducción de subsidios anunciado el viernes, a su juicio, llega tarde: “El ahorro va a ser operativo cuando los barcos de gas ya se hayan ido del país”.

Collante sugiere que el Gobierno podría negociar con el FMI una nueva excepcionalidad, por la cual la meta de déficit fiscal se mida sin el gasto de subsidios, bajo la justificación de la abrupta suba de los precios internacionales de la energía. “Cerca de un 55% del gasto está ajustado por ley, porque es la fórmula de los pagos de Anses. Sobre eso no hay discrecionalidad, se ajusta por la inflación pasada. Va a ser muy complicado”, advirtió el economista.

La OPC destaca también el aumento del gasto en programas sociales (28,9%), donde sobresalieron los aumentos del Potenciar Trabajo (57%), Políticas Alimentarias (21,9%) y Becas Progresar (197%). Además, se añadió el pago del bono de $9.000 a trabajadores informales y monotributistas.

Este rubro también resulta crítico a la hora de los desafíos fiscales que debe enfrentar Batakis. El “plan platita” había sido aceptado a regañadientes por Guzmán, obligado a dar paliativos a los sectores de bajos ingresos frente a los números rojos de la inflación. “No se sabe hasta dónde Martín Guzmán quiso hace ese gasto. Es indudable que hubo presiones. Esas partidas con destino social, ese ‘plan platita’, representó un 0,3% o 0,4% del PBI, por lo que tuvo sus costos que ahora se ven reflejados”, dijo Amilcar Collante.

La muestra de fe que la ministra de Economía planteó desde el inicio de su gestión sobre la necesidad del equilibrio fiscal fue bien recibida por el mercado, ya que se distingue del discurso económico habitual del oficialismo. Ni siquiera el propio Guzmán hizo esas referencias en términos conceptuales, aún cuando había advertido con mucha claridad que los subsidios energéticos son “pro-ricos” en un país con altos índices de pobreza como la Argentina.

Al mismo tiempo las convicciones de la ministra entran en el terreno de la duda a la hora de hablar de su concreción. El gran interrogante de todos los analistas es cuánto margen tendrá en términos políticos para ajustar las cuentas o para negarse al próximo “plan platita” que le exijan desde dentro del propio Gobierno. El Salario Básico Universal aparece al tope de esas demandas y la creciente perspectiva al alza de la inflación, no la ayudará.

La meta de déficit primario del 2,5% del PBI comprometida con el FMI “luce inalcanzable de seguir en la dinámica del primer semestre: continuar en esa tendencia arrojará un déficit primario de al menos 3,5% del PBI”, pronosticó un informe de la consultora LCG.

Las medidas anunciadas por la ministra “tienen a ir en la dirección de un ajuste fiscal tal como pide el FMI”, según un informe del LCG. Para la consultora, “Guzmán no había podido manejar correctamente el gasto público que, aún quitando del gasto en subsidios, crece muy por encima de la inflación y de los recursos tributarios”.

En el marco de las dudas del mercado, el informe de LCG se pregunta si Batakis tendrá la firmeza para transformar su prédica de equilibrio fiscal en medidas concretas. Y también advierte el delicado riesgo político: “Hay una sensación de frágil equilibrio que se puede romper con apenas un tuit de la ex Presidenta”.

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