Empleo público, caja chica e impuestos: cuál es el plan de Batakis para cumplir la meta fiscal con el FMI

Uno de los primeros pasos que anunció la ministra de Economía Silvina Batakis como plan de acción inmediato al tomar las riendas de Hacienda es buscar, con distintas medidas, emprender un camino que llamó de consolidación fiscal para cumplir con la meta de déficit primario comprometida ante el FMI, para lo que requerirá de algún ajuste del gasto público, al menos en comparación con los primeros cinco meses del año, en que se incrementó casi 13% en términos reales.

Hay una cuestión que marcará la relación entre el FMI y el Gobierno en los próximos meses: en su último informe sobre el caso argentino aprobado por el directorio, hubo un duro planteo del organismo en que exigió que la Casa Rosada necesitará ajustar el gasto público en lo que resta del año, de lo contrario la meta fiscal quedará en riesgo. Llevado a números: en el primer semestre el Fondo Monetario calculó que el gasto subió 12,8% por encima de la inflación, y que, por consiguiente, en el segundo el Gobierno precisará una poda de 7,8% en términos reales.

La cuestión, que también comparten economistas locales, es cómo poder transitar un camino de austeridad fiscal en medio de fuertes tensiones políticas en el interior del Frente de Todos y sociales, con un nivel de conflictividad social en aumento.

En ese sentido, Silvina Batakis evitó hablar sobre qué comportamiento tendrá en los próximos meses el gasto público y sus distintos rubros, aunque mencionó que buscará algún tipo de ahorro interno con medidas operativas en la administración del sector público. La ministra de Economía anticipó que cada área del Estado no podrá gastar “más de lo que tiene” de acuerdo a sus proyecciones reales de caja.

Esto lo que significa, en definitiva, es que no habría margen para que el Palacio de Hacienda “baje” más dinero del que haya recaudado efectivamente y no se podría gastar a cuenta. En este sentido, aunque sin dar precisiones, Batakis habló de administrar unos $600.000 millones de manera concentrada en el Palacio de Hacienda.

Para Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), con una medida de esta naturaleza implica una “señal hacia una reducción real del déficit”. “Las cuotas de compromiso implican que cuando te asignan un presupuesto en cualquier Ministerio u organismo te dan, un suponer, $100 pero no podés gastar $100, eso es el máximo. Hacienda asigna cuotas trimestrales que te dicen cuánto podés gastar”, explicó a Infobae.

“Si la recaudación va bien, está bien, pero si va mal te van a dar menos. Es una forma de ir controlando la proyección de recursos. Lo que anunciaron es que esas cuotas van a ir contra la disponibilidad efectiva de fondos, no se puede gastar por encima de lo que entre al Tesoro y que esas cuotas van a estar dadas a partir de la disponibilidad real de recursos”, continuó.

Contabilidad y carga tributaria

Como segunda medida Batakis habló sobre la implementación de afinar el funcionamiento de esa “cuenta única” del Estado por la cual canalizar el fondeo hacia la distintas áreas de la administración pública, algo que incluso estaba contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una medida para simplificar la gestión presupuestaria.

“Fortaleceremos la Cuenta Única del Tesoro y desarrollaremos un plan para mejorar la gestión del exceso de liquidez en poder de otras entidades del sector público nacional, incluso para limitar la dependencia no intencionada del financiamiento monetario del presupuesto”, dijo el Gobierno en marzo, en el documento de aprobación del acuerdo con el FMI. Para el organismo hay en ese aspecto un margen para mejorar el desempeño de las finanzas del Estado. En la primera revisión trimestral del cumplimiento de metas que hizo el Fondo Monetario hubo un comentario específico del staff técnico relacionado a este tema.

“Persisten brechas en la estructura del sistema de cuenta única de Tesorería (CUT). En particular, ciertas entidades financiadas con presupuesto están excluidas en base a autorizaciones legales específicas, y los saldos de efectivo del tesoro se mantienen en un banco comercial de propiedad estatal en lugar del Banco Central. En el futuro se explorarán opciones para fortalecer la CUT, incluida la ampliación de la cobertura de la CUT y la transferencia de los saldos de caja al BCRA”, alertó el FMI.

“Están buscando que organismos que no están contemplados en los cálculos generales de resultado fiscal y manejo de activos y pasivos pasen a incorporarse” a la cuenta del Tesoro nacional, dijo Rafael Flores. “Eso permitiría en el corto plazo contemplarlos para relajar un poco la meta fiscal (con el FMI). Más allá de eso es una buena medida que permitiría que el Estado pueda recurrir a la liquidez de estos organismos cuando tengan que salir a buscar financiamiento, es decir que el Estado nacional no se endeude sino que lo resuelva con una maniobra intra sector público aprovechando esa liquidez”, mencionó ante este medio.

Una lectura similar hizo la consultora PxQ. “Se anunció la modificación de la Ley de Administración Financiera (LAF) con el objetivo de crear un sistema de cuenta única (similar al utilizado en varias provincias) para hacer un mejor uso de los recursos de los organismos públicos. Modificando el artículo 8 de la LAF se lograría utilizar las disponibilidades de liquidez de los organismos del sector público dentro de la planificación financiera del Estado Nacional. Para tomar noción de la relevancia de este anuncio, en 2021 los denominados ‘Otros Organismos del Sector Público’ (excluyendo el Tesoro Nacional) tuvieron un superávit primario de alrededor de 2% del PBI, en un marco donde el Tesoro tuvo un déficit de 5%, de los cuales un 3% se cubrió aumentando la exposición el sector privado a la deuda soberana”, estimaron.

“Las medidas apuntan a la idea de estabilizar la situación financiera sobre la base de endurecer la política monetaria y recuperar el rol contracíclico de la política fiscal, reducir el gasto en un momento como el actual donde el gasto privado se encuentra en expansión. Sin embargo, el riesgo de ejecución es alto, puesto que persisten las dudas sobre el apoyo político por parte del ala dura del FdT”, concluyó la consultora de Emmanuel Álvarez Agis, uno de los nombres que sonaron con mayor fuerza para reemplazar a Martín Guzmán.

También, anticipó Batakis, se congelará el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central. Si bien no dio detalles, la novedad encendió algunas alarmas en entre los gremios estatales. En diálogo con Infobae, desde UPCN mencionaron que ese anuncio de la ministra “no está mal” pero solo en la medida que “pasen a planta permanente a quienes están en planta transitoria, algunos desde hace 10 años”.

Más preocupación planteó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE, que solicitó una reunión a Batakis para conocer alguna precisión sobre esa medida. “Un congelamiento impide nombramientos, además implica frenar nombramientos de empleados que hace 15 o 20 años que están contratados y limita la posibilidad de pase a planta permanente como se comprometió el Presidente en diciembre de 2020″, dijo ante este medio.

“Cuando el Gobierno se comprometió a pasar a 30.000 trabajadores a planta, establecieron una norma para habilitar el financiamiento de esos cargos. No alcanza con la vacante, requiere una norma específica para su financiamiento. ¿Cómo van a quedar estas asignaciones ya financiadas? De lo que se deduce, si no hay precisiones, es que el congelamiento es una medida dura de ajuste”, concluyó Godoy.

En otro aspecto, la ministra de Economía dijo que continuará con el plan establecido con el FMI para llevar adelante un recálculo de valuaciones inmobiliarias para unificar criterios a nivel federal. Ese plan seguirá adelante pero en lugar de estar supervisado por el Ministerio del Interior, pasará a depender del Palacio de Hacienda.

“Los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PBI en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PBI adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico que el Gobierno presentó ante el FMI antes de la firma del acuerdo.

El peso de los impuestos inmobiliarios en los fiscos de las provincias es menor en comparación, por ejemplo, con Ingresos Brutos. Los últimos datos oficiales, que van hasta el tercer trimestre de 2021, muestran que esos gravámenes representan menos de la décima de la recaudación de los gobernadores. Para el consolidado provincial, los tributos inmobiliarios acumularon $132.065 millones, mientras el ingreso fiscal total redondeaba 1,6 billones de pesos, es decir, cerca de un 8%. Con un revalúo de estas características, podría tener un impacto en el cobro de Bienes Personales.

El Ministerio de Economía, por otra parte, esperará que el Congreso trate el proyecto de renta inesperada que Martín Guzmán había enviado al parlamento, y que prevé, principalmente para 2023, que el Estado pueda recaudar unos USD 1.000 millones entre empresas que hayan tenido ganancias que la iniciativa considere extraordinarias y no justificadas por un incremento de inversiones o de producción.

En la agenda impositiva se sumó, esta semana, un reajuste de los anticipos tributarios para el consumo en moneda extranjera, como por ejemplo el pago de servicios al exterior o los gastos de turismo. La retención de Ganancias o Bienes Personales pasó a 45% y el impuesto PAIS se mantuvo con la alícuota de 30 por ciento. En lo que va del año, AFIP recaudó unos $280.000 millones por esta vía.

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