Inflación, escasez de reservas y carencia de plan económico creíble, del lado de la economía, más debilidad, internas impiadosas y ansiedad electoral, del lado de la política, le pusieron esteroides al dólar en la semana que pasó, como sucedió otras veces en la historia económica argentina de las últimas décadas.
Tras un inicio no del todo convincente pero al menos pasable para los mercados como fueron el discurso y los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, el lunes pasado, las señales que siguieron fueron todas negativas.
Aumento de la retención impositiva al “dólar-turista”, inflación de junio del 5,3% e interanual superior al 60%, eyección del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, y del CEO de YPF; Sergio Affronti, garantía del Banco Central para que los bancos se animen a seguir teniendo Bonos del Tesoro en pesos, entre las económicas.
Y del lado de la calle y la política, movilizaciones piqueteras y presión de dirigentes cercanos a Cristina Kirchner, como Andrés Larroque y Juan Grabois, que exigen al gobierno impulsar por ley o instituir por decreto un “Salario Básico Universal” o un nuevo “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE) para poner coto al malestar económico y social y preservar la viabilidad del kirchnerismo en las elecciones de 2023. Encima, hubo allanamientos judiciales a grupos piqueteros vinculados al gobierno, acusados de extorsión en el manejo de planes sociales, con hallazgo de decenas de miles de dólares y millones de pesos. El presidente les redobló su apoyo y uno de los referentes (”Coco” Garfagnini, estrechamente vinculado a Milagro Sala) habló de “segundo lawfare”.
Imposible que en semejante tembladeral el dólar se esté quieto. Más aún si, como reconoció de hecho el propio gobierno al desalentar con una nueva retención el uso del “dólar tarjeta”, las reservas flaquean, aunque el titular de la entidad, Miguel Pesce, insista en que alcanzan y Batakis diga sentirse “cómoda” con el tipo de cambio oficial
La historia argentina de las últimas décadas ya conoció episodios así, en los que el dólar sirvió de termómetro.
La semana pasada se recordó aquí la larga serie de devaluaciones que sucedieron al período de la “Plata dulce” y su antecedente crítico previo: el rodrigazo de 1975, que puso fin a los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la gestión de José Ber Gelbard, a quien Batakis consideró “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.
Un aún mejor antecedente del momento actual tal vez sea la devaluación que sobrevino a principios de febrero de 1989, cuando se empezó a deshacer el esquema que el equipo económico encabezado por Juan Sourrouille había lanzado para que la economía alfonsinista aguantara los trapos y sostuviera la viabilidad electoral del candidato presidencial oficialista, el entonces gobernador cordobés Eduardo Angeloz, que se había impuesto en la interna radical con un abrumador 88% de los votos.
En agosto de 1988, ante el desflecamiento del Plan Austral y el riesgo de hiperinflación se había lanzado el llamado “Plan Primavera”: acuerdo con las empresas para “desindexar” los precios a cambio de una rebaja del IVA, y fondo de olla de recursos vía Banco Central, que empezó a licitar entre los bancos los dólares que compraba al tipo “comercial” a los exportadores, para hacer una diferencia que ya no podía hacer del lado fiscal.
Era un gobierno extremadamente débil: en 1987 había perdido la provincia de Buenos Aires y las elecciones legislativas a manos del peronismo, que controlaba ambas cámaras del Congreso y en julio de 1988 eligió su candidato presidencial: el gobernador riojano, Carlos Menem, cuya campaña se basó en las promesas de “salariazo” y “revolución productiva” y en lo que Guido di Tella, uno de sus consejeros económicos, llamó “dólar recontra-alto”.
Un verano de perros
El 4 de enero de 1989, además, el gobierno decretó la emergencia energética e impuso un plan de cortes de electricidad programados (varias horas, todos los días) que aplicó para evitar realizar cortes de suministro a la industria, al costo de empeorar el humor social, y el 23 de enero se produjo el asalto del MTP al cuartel de La Tablada, que fue reprimido a sangre y fuego por el Ejército y dejó a Alfonsin (quien ya había impulsado las leyes de Punto Final y Obediencia debida) ya no en tensión, sino casi preso del poder militar, como patentizó al día siguiente la foto del presidente recorriendo el macabro escenario, rodeado de uniformes verde oliva.
En un verano de perros, el capítulo económico de esa serie de eventos desafortunados empezó el lunes 6 de febrero, cuando Machinea, comunicó que el Banco Central ya no licitaría dólares (no le quedaban), dispuso un feriado bancario de dos días, anunció que el tipo de cambio flotaría e intentó vanamente establecer una “pauta” de devaluación del 6% mensual.
Angeloz, para preservar su viabilidad electoral, exigió públicamente la renuncia de Sourrouille y lo que siguió fue peor. La corrida cambiaria llevó el dólar de 26 australes (la moneda de entonces) a 49 en marzo, 79 en abril y 200 en mayo. Ese mes hubo saqueos y elecciones, en junio la inflación superó el 200% mensual. Menem se declaró públicamente “listo para gobernar” y en un escenario de híper y vacío de poder Alfonsín “resignó” la presidencia cinco meses antes del período constitucional. El nuevo presidente asumió el 9 de Julio, y entre diciembre de 1989 y marzo de 1990 tendría otro episodio hiperinflacionario.
Hoy los actores son distintos, pero hay algunos elementos en común.
El primero es un gobierno debilitado políticamente por sus propios errores e internas y en el que no está claro que el socio más poderoso de la coalición oficial (el kirchnerismo) apoye la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de Batakis, de preservar el acuerdo con el FMI firmado en marzo pasado.
Otro es la escasez de reservas. Un informe de la consultora Quantum, precisó que las “reservas netas líquidas” del Central son negativas en más de USD 3.000 millones. Reservas con las que el gobierno debe pagar al contado USD 2.000 millones mensuales de importaciones de energía. Porque así como en 1989 el país pasó un verano de privaciones de electricidad, en 2022 debe pasar un invierno comprando gas. No es casual que uno de los puntos clave del acuerdo con el FMI sea la acumulación de reservas, meta por ahora esquiva de un programa que el consultor Miguel Ángel Broda llamó “Plan Aguantar”, justamente lo que en 1989 no pudieron hacer Sourrouille, Machinea & Cía con el Plan Primavera.
La tercera similitud es la demanda de viabilidad electoral reflejada en el silencio de Cristina Kirchner. La vicepresidente no critica (al menos, no públicamente) las recientes decisiones del gobierno, pero mientras tanto voceros del kirchnerismo duro como Larroque y del kirchnerismo díscolo como Grabois exigen, en nombre de la situación social y con un ojo en las elecciones de 2023, que el gobierno implemente un “Salario Básico Universal” o un nuevo IFE para millones de personas. Medidas que -antes de mejorar la situación social- desestabilizarían aún más el dólar y harían desbarrancar definitivamente una política económica prendida con alfileres.
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