Salario Básico Universal: la experiencia mundial, la urgencia kirchnerista y un costo fiscal inviable

La dinámica de la crisis genera y recicla propuestas para superarla o, al menos, sobrellevarla. Una de ellas es la del “Salario Básico Universal” (SBU), conocida internacionalmente como UBI, por su sigla en inglés (Universal Basic Income, o Ingreso Básico Universal) que impulsan sectores del kirchnerismo.

A principios de mayo Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, diputados del Frente Patria Grande presentaron en el Congreso un proyecto suscripto por 15 legisladores de distintas facciones del oficialista Frente de Todos. De los quince firmantes, once son de la provincia de Buenos Aires y dos, incluido Hagman, de CABA.

A mediados de junio el SBU se discutió en la Cámara baja bonaerense con la presencia del ministro de Desarrollo Social provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, y de Juan Grabois, miembros del kirchnerismo duro.

El miércoles último, en una reunión de dirigentes piqueteros, Grabois dijo que el gobierno podría instrumentar el SBU “con 5 puntos (adicionales) de retenciones a la soja”.y el jueves Larroque exigió un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que debería salir por ley o decreto en no más de 60 días. La situación económica y social en el conurbano bonaerense -dijo- “no da para más y solo le damos aspirinas y ponemos curitas”, en inequívoca presión al gobierno nacional -del que el kirchnerismo hace contorsiones para desligarse, pero sin renunciar a sus cajas, cargos y privilegios- y a la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Por su parte, el diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, enfatizó la necesidad de ”ir a un Salario Básico Universal en Argentina”, aunque reconoció que “hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo de una” y estimó el alcance inicial del SBU en 9 millones de personas, así como que se instalará en varios países de la región en los próximos años.

A su vez Eduardo Belliboni, a la cabeza de una manifestación del Polo Obrero en Plaza de Mayo, rechazó tanto el concepto del SBU como la supuesta ajenidad de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner respecto del gobierno. “Me indigna que hable de afuera, señora; este gobierno lo integra usted también”, subrayó.

Experiencias y antecedentes

“La propuesta de SBU, además de tener pocos antecedentes en el mundo, resulta fiscalmente inviable y una inoportuna discusión en la actual coyuntura”, precisaron Marcelo Capello y Laura Caullo, economistas del Ieral, en un estudio en el que consignaron los resultados de las experiencias hasta ahora conocidas, a saber:

Finlandia: En 2015 anunció la implantación de un proyecto piloto de “Renta Básica Universal” durante 2017 y 2018. El proyecto alcanzó a solo 2.000 desempleados que percibían 560 euros al mes, monto lo suficientemente bajo como para no desincentivar la búsqueda de trabajo. En abril de 2018 el gobierno lo suspendió por considerar que si bien mejoraba el bienestar de los beneficiados, no tenía impacto significativo en la esfera laboral. Incluso siendo de prueba y no permanente, el experimento fracasó.

España: En mayo 2020 se aprobó un ingreso vital mínimo (no exactamente igual al ingreso universal) para 850.000 hogares y 1,6 millones de personas en situación de pobreza extrema. A los hogares beneficiarios se les otorga entre 451,5 y 1.015 euros, dependiendo el tamaño de la familia.

Alemania: En 2014, la ONG Mein-Grundeinkommen organizó una campaña de recaudación de fondos para destinar unos USD 1.100 al mes a 500 personas. El 80% de los beneficiarios dijo que la ayuda les disminuyó el estrés, más del 50%, que les ayudó a solventar programas de formación y educación, y 35%, que los motivó en el trabajo. Pero más que “ingreso básico universal” fue una donación altruista de personas anónimas.

Suiza: En 2016 se hizo un referéndum sobre la creación del Ingreso Básico Universal, para asegurar a los mayores una renta mínima de 2.260 euros al mes libres de impuestos y a los menores de 565 euros. Los argumentos de costo excesivo, mayores impuestos y desincentivo al trabajo prevalecieron claramente sobre los de que la automatización de la economía aumentaría el desempleo y haría necesario el UBI para garantizar cierto nivel de consumo, ahorrando los seguros de desempleo. El 77% de los ciudadanos rechazó la propuesta.

Alaska: Desde 1982 sus habitantes tienen derecho a una suerte de renta básica como ‘dividendo’ anual del Alaska Permanent Fund. Es el único caso existente de un Ingreso realmente universal e incondicional como política de Estado. Los dividendos se pagan anualmente y varían con el precio del petróleo. Es más bien un suplemento de ingreso, que promedia unos USD 1.200 al año y no afectó el empleo a nivel macro, como surge de comparar el mercado laboral de Alaska con el de estados vecinos o de perfil similar. Tuvo efectos positivos sobre la educación (mayor asistencia, menos abandono, mejores resultados, en especial entre los más pobres), pero no en términos de empleo, aunque a corto plazo redujo la pobreza e impulsó la fertilidad.

Irán: Se denominó “transferencia en efectivo” y duró solo 5 años, hasta 2016. También se basaba en la renta petrolera, en parte distribuida a la la población en efectivo y sin condiciones. Todos recibían igual transferencia. Los pagos llegaron al 29% de la renta media de los hogares y alcanzaron a 72,5 millones de personas, 96% de la población. Además del petróleo, el programa se financió con recursos antes destinados a subsidiar productos básicos (agua, electricidad, pan). El Economic Research Forum iraní concluyó que el programa no mejoró la oferta de trabajo ni el mercado laboral.

En un paper del FMI sobre las pocas y limitadas experiencias, incluida también una en Kenya y otra en Oakland (California, EEUU), Maura Francese y Delphine Prady destacan que los proyectos de Ingreso Básico Universal para ser tales deben cumplir dos condiciones: cobertura universal o muy amplia de los miembros de una sociedad, e incondicionalidad o condiciones definidas con un criterio muy amplio. Entre los pros indican que un proyecto así podría reducir los costos administrativos, aumentar la transparencia y disminuir la corrupción en la política social y respaldar reformas estructurales como la eliminación de los subsidios a la energía. Sus contras: costos muy altos, derroche de recursos en gente que no lo necesita y socavamiento de la ética del trabajo.

De Keynes y Friedman a Hagman y Grabois

El concepto de ingreso, salario o renta básica universal tiene entre sus antecedentes unas conferencias que en 1930, en plena crisis mundial, dio el economista inglés John Keynes. Quien 6 años después revolucionaría la teoría económica con su “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” combatía el pesimismo de la depresión enfatizando la acumulación de riqueza y progreso técnico ocurridos desde el siglo XVI y el resultado que, a la larga, tendría esa tendencia. Las charlas sobre “las posibilidades económicas de nuestros nietos” postulaban que en 4 ó 5 generaciones todas las necesidades humanas estarían cubiertas trabajando 3 horas diarias, o 15 semanales.

“Estamos padeciendo no los reumáticos dolores de la vejez, sino los de un crecimiento demasiado rápido, el dolor del reajuste entre un período económico y otro”, decía Keynes, y describía un futuro en el que el capitalismo dejaría atrás el concepto de escasez. Solo haría falta un piso circunstancial. “El amor al dinero como posesión, a diferencia del amor al dinero como medio para los placeres y las realidades de la vida, será reconocido por lo que es, una morbilidad algo repugnante”, insistía, convencido de que el ocio conduciría al goce estético, artístico, intelectual.

“¡Pero cuidado! -alertaba-; aún no llegó ese momento. Durante otros 100 años debemos fingir que lo bello es sucio y lo sucio es bello; porque lo sucio es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses un tiempo más, porque solo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica hacia la luz del día”.

En 1962, en tanto, en su libro Capitalismo y Libertad, Milton Friedman, el padre del “monetarismo” introdujo el concepto de “impuesto a la renta negativo”. Esto es, la posibilidad de que en vez de una exacción, por debajo de cierto nivel de ingreso el “impuesto” se transforme en un aporte estatal.

Aunque técnicamente factibles, la profecía de Keynes y la propuesta de Friedman se han mostrado política, económica y socialmente esquivas, pero persiste la idea de que un piso de ingreso, al liberarnos del estrés y la urgencia, permitiría que cada uno dé lo mejor y más productivo de sí mismo.

De la abundancia a la mishiadura

A diferencia del optimismo de Keynes, en la Argentina actual el proyecto de SBU es hijo de la mishiadura. El objetivo, dice el artículo 1 del proyecto encabezado por Hagman, es “garantizar la protección social universal para todos los trabajadores y trabajadoras”, que despieza en metas como “redistribuir el excedente producido por nuestra sociedad” y “promover la equidad de género”.

El SBU sería “una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”, de monto “igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto equivalente informada por el Indec” a percibir al 100% por la mayoría de las categorías incluidas y al 50% por “las personas que se encuentren inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes”.

El SBU estaría a cargo de la Anses y se crearían el Renasbu (Registro Nacional del SBU) y el Conasbu (Consejo Nacional del SBU). Un artículo establece las contraprestaciones de los beneficiarios y en los fundamentos se estima que de entrada debería alcanzar a unas dos millones de personas de entre 18 y 64 años -en su mayoría mujeres- que pertenecen a hogares pobres y que la Encuesta Permanente de Hogares del Indec releva como “económicamente inactivas”.

Pero la necesidad es mayor. “Aun con el privilegio de un trabajo con aguinaldo, Obra Social y todos los derechos laborales y gremiales, se puede estar bajo la línea de pobreza”, advierte el proyecto, situación que se mantendría “incluso en caso de llegarse al pleno empleo”. De allí deriva, subraya, la imposibilidad de que el mercado laboral resuelva esa situación a corto o mediano plazo.

Cifra hipermillonaria

Ahora bien, ¿cuánto costaría instrumentar el proyecto, y qué efectos tendría?

Según el estudio de Capello y Caullo el costo fiscal de implementar el SBU iría desde 1,7% a 6,6% del PBI. Los investigadores combinaron 4 hipótesis sobre el alcance (de un mínimo de 7,5 millones hasta un máximo de 16,9 millones de personas) y 2 sobre el monto mensual del beneficio ($14.401, valor de la CBA a mayo 2002; y $24.241, valor del IFE, actualizado por inflación a mayo), llegando así a 8 escenarios. El menos oneroso (7,5 millones de personas a $14.401 mensuales) implica una erogación de $1,3 billones anuales, equivalente al 1,74% del PBI, en tanto el más costoso (16,9 millones de beneficiarios, a $24.241 mensuales) llevaría a erogar $4,9 billones anuales, equivalente a 6,6% del PBI.

Esos extremos implican un costo fiscal de 10.330 a 39.090 millones de dólares anuales, tomando el tipo de cambio oficial o de USD 9.908 a USD 20.026 millones considerando el dólar “blue” promedio entre el 15 de junio y el 15 de julio pasados.

Aun para el caso de menor costo fiscal, dicen los investigadores, “se trata de una política inviable para Argentina”. Implementarlo en 2023 -ejemplifican- aun si se cumpliese la meta de déficit primario de 2,5% del PBI en 2022, implicaría un ajuste extra de 2,3% del PBI en otros gastos o una suba adicional en la presión tributaria mayor a ese guarismo, pues parte de los impuestos se coparticipa a las provincias.

El estudio precisa que más de 10,5 millones de personas que participan del mercado de trabajo presentan dificultad laboral e inestabilidad de ingresos por estar desocupados o desempeñarse en la informalidad y que hay 6,5 millones de personas inactivas en edad laboral.

“La magnitud de este conjunto, además de la propia problemática laboral y de generación de ingresos para los hogares, impone una gran presión a la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo”, advierte, por lo que el proyecto de SBU haría aún más dudosa la sostenibilidad del sistema jubilatorio, comprometida porque “desde el año 2012 a la actualidad el empleo asalariado formal en empresas privadas no crece; las modalidades que aumentan son cuentapropistas y empleados públicos, en tanto que también se observa un crecimiento en el mismo periodo de los bloques de desocupados e inactivos, que no realizan aportes al régimen seguridad social. Como agravante, los salarios reales de los trabajadores se desvalorizaron con la inflación”.

Además, añaden los autores, en el actual contexto de reducción del financiamiento voluntario del mercado y aumento de la asistencia del Banco Central al Tesoro, “añadir nuevos programas voluminosos aumentaría más la emisión monetaria y con ello la tasa de inflación”, agravando el problema que pretende resolver.

La Argentina, dicen, “ya exhibe niveles muy altos de presión tributaria para el contexto de países similares; el también alto gasto público ha conducido a niveles de déficit fiscal que, en especial en estos días, ya resultan poco factibles de financiar”. Y concluyen: “la propuesta de implementar un SBU resulta inviable; su debate en el actual contexto no hace más que aumentar la desconfianza hacia la política económica”.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló a su vez que el SBU “no eliminará la pobreza ni reducirá la desigualdad”, producto de una matriz productiva en la que “solo 12 millones de trabajadores participan de la economía formal (6 millones como asalariados privados, 3 millones en el sector púbico, y el resto como no asalariados), al mismo tiempo que otros 8 millones subsisten en una empobrecida informalidad (entre 4 y 5 millones de ellos, como trabajadores de subsistencia en la llamada economía social).

Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT), uno de los primeros economistas argentinos que exploró la cuestión, decía ya en 2017 que el SBU o un amplio seguro de desempleo “sería muy difícil de aplicar aquí teniendo en cuenta que la mitad del trabajó es inverificable, porque es informal”, apuntando los problemas que la idea presentaba a nivel de pruebas piloto y que “en la Argentina es imposible con semejante déficit fiscal”.

Un obstáculo básico es la morfología laboral, que en los albores del gobierno de Alberto Fernández Levy Yeyati llamó la “Sociedad 20/80″, en que solo 20% de la población tiene trabajo estable en el sector privado y debe sostener el sistema de seguridad social y un gasto social que cubra no solo a sí misma sino también al 80% restante. Proporción que puede haber empeorado por los efectos de la pandemia sobre la economía y, en especial, el mercado de trabajo.

Además de cuestionar su viabilidad fiscal, Salvia duda que el SBU produzca los efectos de inclusión y equidad que pretende generar. “Exigir un “Salario Básico Universal” por fuera de toda actividad orientada a llevar adelante un empleo o un trabajo, sin ninguna contraprestación formativa, social o laboral organizada bajo la regulación del Estado sirve para empoderar consumidores, pero no a ciudadanos con capacidad para contribuir a la creación de riqueza social”, escribió el investigador de la UCA, para quien la propuesta de un SBU “no solo no genera puestos de trabajo genuinos, sino que, tampoco aumenta la productividad de mercado ni social de los trabajadores pobres, así como tampoco fortalece las redes de cooperación ni asociación que componen la economía social”, última barrera al avance de la pobreza.

Si lo que se quiere es generar una nueva transferencia a los pobres, concluye Salvia, no es necesario crear un nuevo sistema “cuyo nombre distorsiona el sentido del trabajo detrás de una clara intencionalidad político-demagógica”.

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