
La política cambiaria y el cepo al comercio exterior, hoy en aparente agonía ante el fortísimo aumento del dólar “blue”, generó un fenómeno extraño en una economía que, evaluada al precio del blue o de variantes legales como dólar “bolsa” y “contado con liquidación”, luce “regalada”: el encarecimiento en dólares oficiales de los bienes no regulados y, en especial, “protegidos” por la política oficial.
El encarecimiento en dólares, dice un trabajo de Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, se debe en parte al atraso cambiario, pero más a las restricciones para importar y la escasez sobreviniente, que genera conductas defensivas y atentas al incierto costo de reposición de los bienes.
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El estudio precisa que los precios de bienes y servicios no regulados o sujetos a regulaciones parciales se encarecieron 24,6 % en dólares “oficiales” desde 2019 a junio. Si se descuenta la inflación de EEUU en el período, agrega, resulta que 60% del aumento se debe a la suba de los precios internacionales, pero un macizo 40% se explica por factores locales, como el cepo y la política cambiaria.
Los ítems “protegidos” por regulaciones y aranceles aumentaron en el mismo período 68,9% en dólar oficial, muy por encima de la tendencia internacional. Allí se incluye el precio de los vehículos, artefactos para el hogar, prendas de vestir y pasajes aéreos.
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Al comparar los precios de los productos “no regulados” con los “protegidos”, el autor atribuye el encarecimiento en dólares oficiales de la economía en los últimos 30 meses al “atraso cambiario” pero más aún a las restricciones al comercio exterior. A medida que se estrecha el cepo, los faltantes y escasez de insumos, partes y bienes finales se computan al valor de los “dólares libres” para estimar costos de reposición, haciendo fracasar el intento oficial de controlar al mismo tiempo precios y cantidades.
Pero eso no es todo. Hay a la vez “inflación en dólares reprimida” en el sector más regulado, las tarifas de los servicios públicos, que el gobierno decidió empezar a aumentar mediante la enrevesada y administrativamente compleja “segmentación”, cuyos resultados se empezarán a ver en septiembre.
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A junio 2022, precisa el trabajo, el costo de provisión de agua, electricidad y gas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se abarató 42,6 % en dólares en relación al promedio de 2019, reeditando, ampliada, una de las herencias del ciclo 2003-2015, un fortísimo atraso que complicará cualquier intento de reducir la inflación.
Tarifas como GPS
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“Para que la Argentina pueda proponerse una estabilización sustentable en el futuro, deberá empezar a corregir las tremendas distorsiones de precios relativos”, dice Vasconcelos. Lo cual exige normalizar la operatoria del comercio exterior de modo que los precios locales converjan con los internacionales, y devolver a las tarifas el rol del GPS del sistema de precios, orientando decisiones de consumo e inversión. Lo opuesto al supercepo, que agravó las tendencias previas, como refleja una brecha cambiaria que volvió a superar el 100% en el contexto de una fuerte aceleración del ritmo de emisión monetaria del Banco Central.
Si los cepos se eliminaran, dice Vasconcelos, bajarían los precios en dólares de los productos protegidos/restringidos, pero el dólar oficial debería aumentar para equilibrar el sector externo de modo genuino, sin cepos.
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La “inflación reprimida en dólares” hace que un cimbronazo así sea muy temible para un gobierno políticamente débil.
El estudio agrupó los bienes en tres categorías:
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-No regulados: Aunque a veces afectados por la inclusión de ciertos bienes en programas como “Precios Cuidados”, este grupo incluye alimentos y bebidas, alquileres, higiene personal, herramientas y equipos para el hogar, libros y papelería.

-Protegidos: Bienes más afectados por distintos “cepos”; incluye los precios de vehículos, artefactos para el hogar, prendas de vestir y pasajes aéreos
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-Regulados: Como tarifas de electricidad, gas y agua, es el sector donde más se aprecia el “atraso cambiario”. Al respecto, la serie del BCRA muestra que, contra el promedio de 2019, el tipo de cambio real bilateral versus el dólar estadounidense muestra una apreciación del peso de 13,2 %.
El rubro “no regulados” se encareció, como se dijo antes, 24,6 % en dólar oficial desde 2019 a junio, y 40% de ese encarecimiento se debió a factores locales.
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Los bienes “protegidos” fueron los que más se encarecieron; 68,9% en dólares oficiales. Y si la referencia es septiembre 2019 (devaluación post-PASO) el encarecimiento fue de 75% a junio, un asombroso ritmo de 1,74% mensual de encarecimiento en dólares al que habrá que agregar el rampante aumento del dólar blue y de la inflación de julio, muy superior al ritmo al que el Central mueve el tipo oficial.
Los que más y los que menos
El trabajo precisa que los precios en dólares que más subieron fueron los de pasajes de avión (45 %), televisores (51%), indumentaria (73 %) y automóviles (99%). En el extremo opuesto, el mes pasado el valor en dólares (siempre al tipo oficial) de las facturas de gas, electricidad y agua había caído entre 36 y 58% respecto del promedio de 2018. De resultas, para volver al nivel de 2019, cuando todavía no cubrían los respectivos costos, las tarifas deberían aumentar en promedio entre 35 y 138% en dólares “oficiales”, suponiendo que el gobierno mantenga la política cambiaria.
Los precios en dólares a junio de este año son también superiores al promedio de los diez años transcurridos entre julio de 2012 y junio 2022: 61% en el caso de autos, 24% en indumentaria, 17% en televisores, 13% en pasajes de avión y 10% en alimentos y bebidas. En tanto, son más baratos (siempre en dólares “oficiales”) en el caso de las tarifas de agua (-47%), los alquileres (-15%), la educación privada (-10%) y el servicio de electricidad (-4%), como puede observarse en el gráfico de abajo.

La lógica de la escasez
Los faltantes de partes, insumos y bienes terminados, o la falta de competencia derivan inevitablemente en escasez y subas de precios. Es imperioso que en la agenda de reformas se incluyan incentivos a la competencia y normalización del funcionamiento sin cepos del comercio exterior; las barreras tienen los efectos descriptos, dice Vasconcelos.
En particular, explica, el desfase entre inflación y tarifas alienta una demanda por encima de lo que ocurriría con precios que cubran los costos, deprime las inversiones en los sectores afectados, potencia el déficit fiscal por subsidios y aumenta las expectativas de inflación, porque tarde o temprano se impondrán “correcciones”.
No es algo nuevo. Según el estudio, la economía argentina ya vivió una experiencia así entre 2006 y 2015, pero ahora el problema se agravó, porque la inflación es mucho más alta, el monto de subsidios se triplicó en términos del PIB y se acerca a los 4 puntos del PIB, incluyendo energía, agua y transporte y se complejizó el sistema tarifario. “Para una fracción de la población pareciera estarse definiendo un impuesto encubierto a las manifestaciones de riqueza, más que facturas basadas en el consumo del servicio”, dice Vasconcelos.
En suma, el estrechamiento del cepo hace que una gama cada vez más amplia de productos se referencie en los dólares libres. Eliminar los cepos, concluye el estudio, permitiría bajar los precios en dólares de los bienes protegidos/restringidos. Pero el dólar oficial aumentaría y combinado con la “inflación reprimida” del sector de bienes regulados implicaría un fuerte desafío a cualquier intento de contener la inflación. Algo poco apetecible para un gobierno políticamente débil y ante una situación que el estudio define como “realmente inquietante”.
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